Vivienda: ¿derecho o negocio?

Esta semana aprobamos en el Congreso de los Diputados la que será la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Una norma que garantizará un derecho recogido en la Constitución, como es el del acceso a la vivienda.

La norma saldrá adelante con los votos a favor de quienes creemos que la vivienda es un derecho y con los votos en contra de quienes sólo la ven como un negocio. Palabrería y lemas electorales aparte, pues a nadie se le escapa que la cercanía con el 28 de mayo influye en el debate público, solo hay que tirar de hemeroteca para ver qué ha hecho la derecha y qué ha hecho la izquierda en cuanto a las políticas públicas de vivienda en cuanto han tenido ocasión de gobernar.

Con los gobiernos del PP, se construían unas 15.000 viviendas sociales anuales, y 4.000, la cifra más baja de la historia, si analizamos el último año de Rajoy en Moncloa, en 2017. En cambio, con los gobiernos socialistas la cifra asciende a unas 60.000 viviendas sociales anuales. Con los gobiernos del PP, los Presupuestos Generales del Estado destinaban unos 450 millones de euros a políticas públicas de vivienda. Con el último presupuesto del presidente Pedro Sánchez esa cifra se multiplica por siete y asciende a 3.500 millones.

Solo con esta sencilla comparativa bastaría para sentenciar quiénes creen en el derecho a la vivienda digna y quiénes no. Pero hay más. En un país en el que se destina un 43% del sueldo para pagar la vivienda, y en el que dos de cada tres jóvenes menores de 34 años viven con sus padres, es evidente que hace falta hacer más.

Por eso, el presidente ha anunciado recientemente la más importante movilización de viviendas: 50.000 de la Sareb para alquiler social, 43.000 viviendas nuevas para alquiler social financiadas con una nueva línea ICO por valor de 4.000 millones, y otras 20.000 viviendas impulsadas en edificios y parcelas que en la actualidad pertenecen al Ministerio de Defensa. La mayor promoción de vivienda pública de la historia para avanzar hacia un objetivo clave: pasar del actual 3% al 20% de vivienda pública.

Y, por si fuera poco, la nueva ley de vivienda que esta semana aprobamos en el Congreso, limita los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, aumenta las viviendas sociales en circulación, aumenta el porcentaje de vivienda pública en las nuevas promociones y prohíbe la venta de vivienda pública al pasar a considerarla un patrimonio permanente.

Los hechos son abrumadores. Y no debe ser fácil ser del PP y justificar que votas en contra de todas estas medidas y de una ley que convierte lo que es un problema para muchísimos españoles en un derecho garantizado, en el quinto pilar del estado del bienestar.

Si hablamos del PP y vivienda, queda claro que estamos hablando de especulación, como con su ley del suelo de 1998. Hablamos de pelotazos urbanísticos, y no tengo suficiente espacio aquí para plasmar todos los ejemplos, y hablamos de fondos buitre, a quienes las administraciones gobernadas por la derecha han regalado miles de viviendas públicas.

Seguramente por eso, ahora intentan desviar la atención hablando de okupas aunque un 95,5% de las okupaciones se producen en pisos vacíos de bancos y fondos buitres. Señalan con su dedo lo irrelevante para que no hablemos de lo fundamental: las dificultades para acceder a una vivienda.

Si hablamos del PSOE y vivienda, queda claro que hablamos de hechos concretos, de avances en la promoción de viviendas a precios asequibles y de garantizar un derecho básico para todas y todos.