Urge el congreso socialista

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde aquellas elecciones generales de 2012 que se saldaron con una victoria del partido conservador por mayoría absoluta. En aquellas fechas, cuando todavía no se había digerido completamente la gran crisis económica y financiera 2008-2014, era difícil prever el estallido inminente del arco parlamentario, que se facturaría en muchos más elementos que los habituales. Y, cuando hubo que acudir de nuevo a las urnas, en 2016, el estallido del viejo bipartidismo fue un hecho irreversible, de forma que ya es impensable que se repita por ahora la fórmula del gobierno monocolor en manos de un único partido capaz de gobernar en solitario.

Con independencia de Vox, que nunca normalizará su posición mientras rija la Constitución vigente, es claro que tanto el PP como el PSOE tendrán que recurrir a otras formaciones políticas para completar una mayoría suficiente. Seguirá habiendo, sin duda, un conjunto de sensibilidades a la izquierda del PSOE en los territorios que hoy se disputan Podemos, Izquierda Unida y otras organizaciones territoriales, pero muy probablemente el poder se dirimirá, como últimamente, en el territorio central de los nacionalismos periféricos.

Cuando se promulgó la Constitución de 1978, el objetivo común y compartido era el establecimiento de un régimen democrático que nos permitiera a los españoles autodeterminarnos, ingresar en Europa y recuperar el tiempo perdido. Se produjo entonces el reconocimiento de las minorías nacionalistas que habían permanecido más o menos aletargadas desde la República pero que mantenían intacta su capacidad de convocatoria, pero no se fue mucho más allá de ese reconocimiento. Y, como es sabido, la Carta Magna, en su título VIII, establece un procedimiento para edificar un Estado de las Autonomías, entonces todavía por definir. La puesta en marcha de aquella parte procesal de la Constitución alumbró un Estado autonómico de 17 comunidades y dos ciudades autónomas, con escasa coordinación interna y con una insalvable heterogeneidad que dificultaba grandemente la aplicación del principio de equidad, y, más concretamente, el establecimiento de un sistema de compensación interterritorial de inspiración federal que garantizase un camino solidario en el conjunto del Estado compuesto.

La inestabilidad de aquel estado de las autonomías quedó patente por primera vez en 1996, cuando Aznar necesitó a Pujol para alcanzar la Moncloa. Las exigencias de Cataluña, que reclamó gestionar una voluminosa cesta de impuestos estatales, fueron atendidas, y no hubo más remedio que extender la concesión a todas las demás comunidades autónomas para que no se produjese un inaceptable desequilibrio.

Ahora, la situación es en cierto modo semejante: el PSC ha alcanzado la presidencia de la Generalitat mediante un pacto con ERC que incluye una serie de concesiones fiscales que son habituales en varios de los modelos federales democráticos existentes. Dicho en otras palabras, el modelo fiscal que Salvador Illa pretende implantar en Cataluña solo es posible y tiene sentido si se generaliza en la totalidad de las comunidades autónomas y se organiza mediante un sistema de redistribución y compensación de carácter federal. Así se garantizará la equidad —que todas las CCAA tengan asegurada una financiación similar— y la implantación de un sistema redistributivo progresista, cuyos límites responderán al principio de ordinalidad: nadie perderá su lugar en el ranking de las CCAA tras abonar la cuota de solidaridad.

El PSOE tiene un fundamento histórico federal, por lo que ha de ser este partido el que proponga y encabece una iniciativa de reconversión federal del Estado, que garantice la equidad, es decir, que las “nacionalidades” no conseguirán ventajas arbitrarias. Se entiende mal que el Gobierno no haya explicado todavía cómo encajará la fórmula catalana de financiación en un marco multilateral y en el conjunto del Estado, ya que seria impensable que el asunto se quisiera zanjar en el plano bilateral. Se comprende el nerviosismo de los barones socialistas ante la falta de explicaciones, que ciertamente no pueden improvisarse, pero tampoco demorarse más.

Resulta tranquilizador que el PSOE haya anunciado ya su congreso para este mismo año, ya que este será el foro adecuado para regresar a la Declaración de Granada, plenamente vigente, y para dibujar el horizonte federal. Para ello contará, en su día, con todas las fuerzas periféricas, y tendrá también que recabar la aquiescencia del PP, que no podrá negarse a terminar de construir el Estado que la Constitución sugiere pero que todavía no ha sido completado.