¿Qué fue de la "regeneración democrática"?

Tras los ya célebres cinco días de reflexión y descanso que se tomó Pedro Sánchez tras comprobar que su esposa se había convertido en pieza de caza de la oposición, se mantiene en el panorama político el ambiente pervertido y sobrecalentado que produce crónica indignación en gran parte de la opinión pública, dolorosamente harta de este ciclo interminable de elecciones que ha sacado lo peor de cada casa a pasear por los perdederos más ingratos de este país cainita y rencoroso.

Sánchez aseguró a su retorno que pondría en marcha el proceso de regeneración democrática, y ya han empezado a reclamárselo sus socios de investidura y de gobierno. Es evidente que este asunto se mantendrá congelado hasta que concluya el actual ciclo electoral el 9 de junio, pero no está de más que ya empiece decantar una lista de medidas inaplazables si realmente se pretende regresar a una mínima estabilidad parlamentaria y que se instale un ambiente más habitable en las cámaras.

El asunto más urgente que ha de abordarse es la normalización del poder judicial, esto es, la reforma de la ley orgánica del poder judicial, en dos sentidos. Primeramente, después de más de cinco años de inflexibilidad y demora impuestos por el PP, hay que cambiar el sistema de elección de los doce miembros del Consejo General procedentes de la judicatura, de tal modo que si en un plazo prudencial de unas semanas no se consigue la mayoría actualmente prescrita de 3/5, sea suficiente la mayoría absoluta en segunda votación para realizar la designación. Igualmente, empieza a parecer urgente la reforma de la ley procesal, de tal manera que el enjuiciamiento sea realizado por los fiscales y no por los jueces. Los síntomas evidentes de lawfare que ya nadie niega obligan a realizar una reforma a fondo del modelo, con más garantías de imparcialidad, en la que deberían participar al menos los dos grandes partidos políticos. Ya se sabe que es muy difícil que tal cosa ocurra, pero no hay tiempo para más reflexiones: si existe mayoría para esta reforma, habrá que aplicarla, aunque la derecha quede fuera del acuerdo.

El segundo asunto que resulta urgente tiene que ver con la información y la comunicación. Parece evidente que las redes sociales han abierto una zona de impunidad que debe clausurarse. La ley penal ha de agravar las penas a la calumnia y la injuria —la difamación—, y debe sancionar de algún modo —habrá que reflexionar sobre ello— la desinformación mal intencionada, es decir, las campañas de intoxicación consciente y los bulos premeditados. Asimismo, hay que regular mejor las ayudas públicas a los medios de comunicación en función de su audiencia, que deberá ser auditada e intervenida; hoy en día, muchos medios-basura consiguen certificar audiencias imposibles, lo que les proporciona pingües subvenciones institucionales. Esta situación debe cesar, y los libelos tendrán que sujetarse a las reglas establecidas y controladas.

El problema de la prensa no es ni mucho menos exclusivamente penal sino que se diversifica también en otros ámbitos. La calidad del sistema dependerá del cumplimiento de una serie de principios deontológicos que la profesión requiere, exige y teóricamente impone. Para ello, sería necesario que las organizaciones profesionales de periodistas se autorregulasen con la mayor independencia pero con el debido rigor. No tiene ningún sentido que las asociaciones de la prensa condesciendan con la existencia de un grupo de panfletos dedicados a la intoxicación, sin la menor conexión con la realidad.

Finalmente, hay que reformar algunas normas claramente reaccionarias, como la vigente ley de Seguridad Ciudadana, que habrá de regresar a un equilibrio que se ha perdido en la última versión auspiciada por Fernández Díaz, el de la “policía patriótica”. No se trata, ni mucho menos, de desarmar al Estado o a las instituciones sino de orientar la norma de manera que queden debidamente protegidos los derechos individuales y colectivos de las personas, protegiendo a la vez el papel de las fuerzas de seguridad del Estado. Las policías han de defender las libertades y no tutelar a unas sociedades maduras, como si fueran irresponsables.

La regeneración no se producirá si los propios políticos no deciden suavizar el tono de sus conductas públicas, que deberían regresar a un territorio más moderado en el que no cupieran la descalificación ni el dicterio. Y para que tenga lugar este ablandamiento, convendría que los medios de comunicación, los intelectuales con prestigio e influencia y, en general, todos los creadores de opinión de este país trabajaran positivamente y con tesón para devolver la altura al debate y la dignidad a las cámaras parlamentarias, para extirpar la basura y el fango de la vida pública y para regresar a un territorio menos agraz y más fácil de seguir para los ciudadanos/electores, que son al cabo los titulares de la soberanía.