Que ningún pederasta se libre por la prescripción del delito

El Parlament de Catalunya ha traído esta semana al Congreso de los Diputados la toma en consideración de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Se sumarían así a otros, como los de lesa humanidad y de genocidio o los de terrorismo, que ya no prescriben en nuestro país.

¿Cómo hacerlo? Reformando el Código Penal para que los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban. Y, en el resto de los casos, ampliando el plazo de prescripción hasta que la víctima cumpla los 50 años.

Este es el camino que inició el Gobierno de Pedro Sánchez con la modificación de la Ley de protección a la infancia en 2021, extendiendo la prescripción de estos delitos. Y es también el camino que están siguiendo muchos países dentro y fuera de la Unión Europea -33 en todo el mundo-, que tienen ya aprobada la imprescriptibilidad de estos crímenes en su Código Penal.

Los menores merecen nuestro compromiso

Este es un camino que han abierto las asociaciones de víctimas que han sufrido abusos en el ámbito religioso. A través del informe del Defensor del Pueblo, conocimos la impactante y desgarradora magnitud de estos abusos en entornos religiosos de nuestro país: 440.000 víctimas. España pasó de ser una excepción mundial, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos, a ser el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Un informe sin precedentes, si tenemos en cuenta, además, que los datos de las diócesis y las órdenes religiosas siguen incompletos.

Pero estas víctimas no son las únicas. Se estima que uno de cada cinco niños y niñas sufren abusos, especialmente en el entorno familiar. Las y los socialistas creemos que legislar debe tener un propósito claro: proteger a quienes más lo necesitan. Y hoy, eso significa escuchar y defender a los menores que se encuentran en situación de riesgo, independientemente de quién sea el agresor o el entorno en el que se haya producido el abuso. Por eso, esta Proposición de Ley abarca todos los casos, sin distinción del contexto en el que han ocurrido.

Un cambio en el que no caben excusas

Sin embargo, algunos partidos han seguido un movimiento errático cuando se ha tratado este tema, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular y Vox han intercambiado votos en contra y abstenciones, ambos mostrando incoherencias entre sus discursos de defensa a las víctimas y sus votos en Plenos y Comisiones.

Finalmente, esta semana el PP ha dejado de lado su actitud incomprensible y ha votado a favor de la tramitación de la Proposición de Ley para que los delitos contra la libertad sexual de los menores no prescriban. Una iniciativa que ha salido adelante con 305 votos a favor. Solo un partido ha votado en contra: Vox.

Esta modificación de la ley es un compromiso con el pasado, el presente y el futuro

Este cambio legislativo es una medida perseguida por las víctimas desde hace una década, a pesar de ser conscientes de que esta modificación del Código Penal no se puede aplicar con efecto retroactivo, y que, por sí sola, no da respuesta a sus demandas de justicia por los delitos cometidos hasta el día de hoy. Sin embargo, para ellos, esto sí significaría una reparación simbólica y, sobre todo, una medida de protección a la infancia del presente y del futuro. La lucha de las víctimas del pasado servirá para proteger a próximas generaciones.

Los delitos sexuales afectan profundamente a la vida de las víctimas, y no se puede exigir a un menor de edad que procese y denuncie su experiencia en un corto plazo. La evidencia científica y el testimonio de las víctimas respaldan esta realidad: los daños morales y las consecuencias psicológicas hacen que los niños y niñas puedan necesitar años para revelar lo sucedido. Si realmente estamos comprometidos con la protección de la infancia, debemos dotarles del tiempo y las garantías necesarias para que se pueda hacer justicia. No podemos permitir que el tiempo juegue a favor de los agresores.

Las medidas de esta Proposición de Ley son el resultado de un proceso de escucha a la ciudadanía. Como legisladores, nuestra obligación es apoyar a los menores y ofrecerles un sistema en el que confíen, un sistema que, en lugar de guardar silencio, actúe y proteja a los más vulnerables.

Alba Soldevilla es diputada del PSC por Barcelona en el Congreso de los Diputados