La viga corrupta del PP y los ERE

Dicen que a la hora de juzgar es conveniente primero sacar la viga de tu propio ojo y entonces será cuando veas bien para sacar la paja del ojo ajeno.

Mariano Rajoy confesaba en sus memorias que "la corrupción había sido el talón de Aquiles del PP" y se quejaba de que "todas las formaciones que han gobernado tienen casos de corrupción y algunos muy graves...", pero que "el Partido Popular había sido castigado con mucha más dureza que el resto de partidos".

Suena demasiado autoindulgente si tenemos en cuenta que el legado de Aznar en esta materia fue que 12 de sus 14 ministros acabaron imputados, encarcelados o habiendo cobrado sobresueldos. El de Rajoy no fue mucho mejor: abandonó la presidencia del Gobierno por la corrupción con una moción de censura.

El Partido Popular en este momento con Feijóo tampoco es que haya avanzado mucho en esta materia. Tiene programados 28 juicios pendientes de relevancia para los próximos cuatro años: caso Rato, caso Erial con Zaplana, caso Perla Negra en Valladolid, caso Campus Justicia de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, caso Gürtel en Arganda del Rey, caso tándem Kitchen, caso persecución del Ministerio del Interior a miembros de Podemos, diez casos Púnica diferentes, seis casos Lezo también diferentes, varios casos en Murcia y otros más en Castilla y León, entre otros.

Mientras esta viga de corrupción de dimensiones incalculables, en la que además el propio partido está condenado, no le merece al argumentario del PP el calificativo de la mayor constelación de casos de corrupción de la historia de España. Tampoco les impide dar lecciones a otros sobre la materia y se dedican a hablar de la paja en el ojo del PSOE con el caso de los ERE.

La mala noticia para el PP es que su persecución política de una década acusando a la dirección del PSOE-A y a los gobiernos socialistas de los presidentes Chaves y Griñán de una confabulación criminal para malversar recursos públicos a través de un sistema de ayudas a trabajadoras y trabajadores de empresas en crisis mediante leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento, ha llegado a su fin. El Tribunal Constitucional ha tumbado esos argumentos y ha sentenciado, además, que se han vulnerado derechos fundamentales de las personas que fueron condenadas por esta cuestión.

La gran mentira del PP todos estos años ha consistido en repetir una y otra vez que el montante total de esas ayudas (680 millones que en algunos momentos de éxtasis llegaron a cifrar incluso en miles de millones) se había robado a los parados andaluces y que esa gran operación se había maquinado por los socialistas para ganar, una tras otras, las elecciones en Andalucía durante 37 años.

La realidad, en cambio, es que ese procedimiento aprobado por el Parlamento, en una ley que votaron a favor los propios populares, no sólo no podía tener fin alguno de delinquir, sino que permitió en un contexto durísimo de crisis financiera, económica y social salvar puestos de trabajo en empresas en crisis o ayudar a 6.400 trabajadores o trabajadoras con prejubilaciones. Prejubilaciones, por cierto, que aún hoy sigue pagando el gobierno de Moreno Bonilla y que, obviamente, han sido siempre legales.

La acusación del PP, y la posterior sentencia de la Audiencia de Sevilla, convirtieron una gran mentira en una verdad juzgada. Y ante eso, y la posterior sentencia del Tribunal Supremo, el PSOE acató aun no compartiendo el fallo.

La existencia de irregularidades en algunos expedientes de esas ayudas a empresas o la inclusión de intrusos entre los trabajadores que sí tenían derecho a las pólizas, junto a conductas reprobables confesadas por algunos sujetos en el proceso, no pueden mezclarse ni justificar la causa general contra los gobiernos socialistas ni contra los que formaron parte de los mismos que el PP inició y a los que ninguna sentencia ha condenado por llevarse ni un euro de dinero público.

Es más, es el gobierno del presidente Griñán el que, en cumplimiento del informe de la Cámara de Cuentas de 2012, propone mejoras y cambios en el sistema de ayudas sociolaborales que son llevadas al Parlamento y aprobadas por el Partido Popular de nuevo. Igualmente, es ese mismo gobierno, y no el de Moreno Bonilla, el que, junto al siguiente gobierno socialista hasta 2018, inicia el 80% de los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en esta materia.

En cualquier caso y, por desgracia, el PP no iba a desaprovechar la oportunidad de impulsar políticamente una instrucción judicial para construir un gran relato falso que se comiera al otro relato más pequeño de irregularidades, cuya gravedad nadie ha negado ni justificado, pero que no son, ni de lejos, lo que se contó después.

El 19 de noviembre de 2019, Juan Marín (C’s), en ese momento ya vicepresidente del gobierno de Moreno Bonilla, publicaba en Twitter que exigió al PSOE-A que Chaves y Griñán “entregasen sus actas y respondiesen por corrupción” para firmar el acuerdo de investidura que permitió gobernar a Susana Diaz en 2015. Y añadía lo siguiente: “hoy la Justicia condena 23 años de gobiernos del PSOE por robar el dinero de los parados andaluces”.

El 4 de mayo de 2015, en su discurso de investidura ante el Pleno del Parlamento andaluz, Susana Diaz dijo: "La corrupción es hoy por hoy la mayor causa de desprestigio de la política y también de las instituciones públicas. Mi Gobierno se compromete a tomar una serie de medidas en distintos ámbitos, y propongo que se enmarquen en un gran acuerdo de todos contra la corrupción. Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los de los ERE o la formación, por referirme a casos andaluces, no volverán a repetirse”.

Como desgraciadamente hemos comprobado después, los cortafuegos vestidos de acuerdos contra la corrupción que implícitamente reconocían una culpa general o que no explicaron bien lo que ahora la sentencia del TC hace de forma muy pedagógica, apoyando la legalidad de las actuaciones de los gobiernos socialistas o lo aprobado por el Parlamento y desmontando el gran relato falso, sólo contribuyó, a mi juicio, y vista la cacería del PP y sus socios de VOX que continua en la actualidad, a dañar la imagen del PSOE y la honorabilidad de las personas a las que se han vulnerado sus derechos.

El PP de la viga de corrupción en su casa quiere dar lecciones sobre la paja en el ojo ajeno y añade, además, ahora la deslegitimación del Tribunal Constitucional y sus miembros porque no les dan la razón. Imagino que no pensarían lo mismo si las sentencias fueran de alguno de los múltiples condenados que resultarán, probablemente, de los 28 juicios que el PP tiene pendientes para los próximos años. Tiempo al tiempo.