La movilidad sostenible, un nuevo derecho ciudadano

El PP de Feijóo se ha convertido en el PP más radical y populista de su propia historia. Sin nada que ofrecer más que ruido y bulos, vuelve a poner de manifiesto que la derecha española, cada vez que se lleva al Congreso la ampliación o la creación de nuevos derechos, activan el piloto automático de rechazo a esos nuevos derechos.

La historia se repite, ahora, con la Ley de Movilidad Sostenible. El pleno del Congreso ha rechazado el intento del Partido Popular de tumbar el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, dejando en evidencia la minoría parlamentaria y social en la que se hallan los populares y la solidez del Gobierno, que vuelve a ganar una votación parlamentaria como sucede en el 90 por ciento de los casos.

La Ley de Movilidad Sostenible es ambiciosa y pretende establecer una filosofía, unos objetivos y un marco general para que todas las instituciones de nuestro país puedan disponer de una herramienta legal que haga posible ofrecer a los ciudadanos, ahora y en el futuro, múltiples alternativas de movilidad más sostenible en sus desplazamientos.

Lo más trascendental de la Ley consiste en que, por primera vez, se establece que la movilidad sostenible es un derecho de las y los ciudadanos. Y como todo derecho debe suponer un deber para alguien, ese deber corresponderá a los poderes públicos que tendrán que diseñar políticas para que la movilidad sea más sostenible de lo que es ahora. La Ley pone el foco, principalmente, en el ámbito urbano, que es donde se realizan la mayoría de los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos.

Un hito importante de esta Ley es que se establece un sistema institucional de movilidad entre todos los agentes implicados, un sistema de cooperación y colaboración participada por todas las administraciones públicas -estatal, autonómica y local- y por empresas de transporte de viajeros. Un sistema institucional que va a permitir que se pueda compartir un modelo, objetivos y planes para que la gestión de la movilidad sea más eficaz y eficiente de lo que es ahora.

Para que la movilidad pueda considerarse sostenible, la Ley plantea una pirámide en la que en la parte superior se encuentra la movilidad activa, es decir, la de poder desplazarse a pie o en bicicleta; a continuación, la del transporte público, seguida por la movilidad de alta ocupación y, por último, la movilidad en vehículo particular.

Para poder dar cumplimiento a este nuevo modelo de movilidad, la Ley mandata que, en los próximos años, los municipios y los grandes centros de actividad tengan desarrollados planes de movilidad sostenible que recojan fórmulas para que el conjunto de los desplazamientos sea menos contaminante. Esto va a suponer que en los diseños urbanos veamos incrementados itinerarios peatonales, redes ciclistas, carriles exclusivos de transporte público, y que las mejoras de la intermodalidad entre los modos de menores emisiones se incrementen notablemente.

Por otro lado, la apuesta por la digitalización y los datos va a permitir a las instituciones y a los operadores disponer de un marco legal que recoja la información de los orígenes y destinos de la movilidad de las personas, lo que facilitará la toma de decisiones para que los servicios de movilidad que se ofrezcan sean acordes a las necesidades de desplazamiento de las personas.

Igualmente, el hecho de que por primera vez sean consideradas como servicios de movilidad la compartida y la colaborativa, permitirá también que las instituciones y empresas puedan apoyarse en estos servicios para fomentar desplazamientos en ellos, Y que así se reduzca el uso de coches particulares, disminuyendo de esa manera el número de vehículos que circulan por nuestras calles.

Otro elemento que la Ley plantea es la modificación del sistema de financiación del transporte público que desde la Administración General del Estado se hace hacia las entidades locales y metropolitanas, y que pone el foco en los servicios de transporte público colectivo. El Estado creará un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, que permitirá a los ayuntamientos y entidades metropolitanas tener mayor seguridad de los fondos que anualmente podrán recibir para financiar estos servicios.

En definitiva, un conjunto de medidas que permitirá a todos los poderes públicos disponer de un marco legal para poner en marcha planes, ayudas y servicios para que se reduzcan las emisiones que a día de hoy se producen en el ámbito de la movilidad.

Ignacio López Cano es diputado por Málaga y portavoz de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Grupo Parlamentario Socialista