La Justicia vota también el 9-J

La querella de Manos Limpias -una organización ultraderechista que se dedicó a extorsionar empresas para graduar el trato a las mismas por diversas publicaciones, que fue condenada por ello en dos instancias y absuelta incomprensiblemente de toda responsabilidad por el Tribunal Supremo- contra la esposa del presidente del Gobierno reducía su aparato probatorio a un conjunto de recortes de periódico, en su mayor parte panfletos sin credibilidad alguna. Para defender a todas las personas de los desaprensivos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo recomienda no admitir a trámite querellas de particulares que no vengan mínimamente respaldadas por pruebas fehacientes. 

Así, el Auto Auto TS de 31 de octubre de 2019 recuerda que el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena al Juez de Instrucción rechazar la querella cuando no sea competente o cuando los hechos no sean constitutivos de delito. Y ha de considerarse que los hechos no son constitutivos de delito en aquellos casos en que:

a) Los hechos contenidos en el relato fáctico de la querella, tal y como esta viene redactada, no sean susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal […] y b) Cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrezca en esta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos. 

En este segundo supuesto, una interpretación de la norma que no desconozca el sentido común conduce a sostener que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia.

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado admitió sin embargo a trámite la querella de Manos Limpias, contra la opinión de la fiscalía. Un recurso contra la admisión fue parcialmente desestimado por la Audiencia de Madrid, que limitó la investigación ya que reconoció que en la denuncia de Manos Limpias existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos y otro, el referido al rescate de Globalia, "en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos con los que se cuenta, una simple conjetura". 

Pero añade que hay un último bloque, referido a las ayudas a una unión temporal de empresa (UTE), "en el que sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". La Audiencia criticó a Peinado que hubiese declarado el secreto del sumario sin necesidad.

La UCO, de la Guardia Civil, requerida por el juez como policía judicial para investigar las acusaciones, ha concluido en un largo y pormenorizado escrito en que en ninguno de los asuntos examinados hay indicios de conducta irregular. Pese a ello, Peinado sigue adelante en su instrucción, y, sorprendentemente, en un auto del pasado marte martes -a cinco días de las elecciones europeas del domingo-, cita a la declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. Lógicamente, toda la oposición conservadora se ha abalanzado sobre este argumento para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. 

En todo caso, el juez ha violentado la norma no escrita de fair play judicial según la cual se evita irrumpir con resoluciones judiciales polémicas en campañas electorales o en momentos de especial agitación de la vida política. De hecho, como era previsible, la campaña electoral ya pivota (absurdamente, pero esta es otra cuestión) alrededor de un asunto, el desenvolvimiento profesional de Begoña Gómez, en el que todo el mudo -también los partidos de la derecha- sabe que no hay materia penal que rascar. Pero la política se ha convertido en fango en este país.

Pues bien: no siempre es lo que parece, y muchos estamos en principio dispuestos, de buena fe, a creer que la actuación del sistema judicial se ajusta a Derecho. Pero esta predisposición favorable, basada en la evidencia de que la inmensa mayoría de los alrededor de 5.500 profesionales que forman la corporación judicial realiza su trabajo con celo, delicadeza y exquisita profesionalidad, choca de frente con un hecho muy aparatoso que parece acreditar todo lo contrario: la derecha política se ha negado radicalmente durante más de cinco años a renovar el Consejo General Judicial del Poder Judicial que fue elegido en 2013, hace ya más de una década, en una etapa en que el PP gobernaba este país con mayoría absoluta, por lo que pudo inclinar los órganos corporativos constitucionales en esta misma dirección.

Asimismo, el PP hace permanente campaña por una reforma del sistema de elección de los doce vocales del Consejo de procedencia judicial, con la que pretende que la corporación elija directamente a sus representantes; si se piensa que el colectivo es altamente conservador (así se acredita mediante la composición de sus asociaciones profesionales), se entenderá que existe un indisimulado afán de la derecha por controlar a la Justicia. En los últimos tiempos, y sin el menor rubor, el PP ha llegado a condicionar la negociación del Consejo a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en este sentido.

Que el PP y Vox quieran influir en la Justicia es humanamente comprensible (aunque no por ello deje de ser inmoral y desde luego ilegal), ya que la política no la hacen espíritus puros, pero hay que reconocer que no lo intentarían si no vieran una predisposición favorable en una parte de la judicatura. Como en la vida misma, no habría corruptores si no hubiese candidatos a corromperse.

No tiene ningún sentido obtener de estas evidencias conclusiones apocalípticas, pero sí es necesario que todos los ciudadanos seamos conscientes de lo que está ocurriendo y presionemos sobre la clase política para que se ponga coto a esta situación, que está destrozando el tercer poder del Estado. La negativa frontal del PP a cumplir la Constitución renovando a la cúpula judicial y lubricando ponderadamente los procedimientos jurisdiccionales admitiría calificativos muy duros que más vale obviar para no dificultar aún más la salida de esta crisis que podría arruinar definitivamente nuestro régimen democrático. 

Pero así no podemos continuar, a menos que nos dispongamos a asumir las consecuencias, pésimas para todos, de esta deriva insoportable.