La democracia y el sistema mediático
"En lo referente al sistema mediático, no debería existir en nuestro país controversia alguna puesto que la normativa ya vigente es europea".
El llamado plan de regeneración democrática, anunciado desde hace tiempo por el Gobierno, salió del último último Consejo de Ministros como un listado abstracto de buenas intenciones a medio negociar entre el PSOE y sus socios y estructurado en tres ejes: 1.-ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. 2.-fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo, y 3.-reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. El propio gobierno ha invocado como fuentes de los nuevos criterios dos iniciativas comunitarias: el “Plan de Acción para la Democracia Europea”, un documento genérico lanzado por Bruselas diciembre de 2020, que es más bien una hoja de ruta, y el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación). Este segundo texto incluye un capítulo dedicado a "Derechos y obligaciones de los prestadores y de los destinatarios de servicios de medios de comunicación" (Cap II); y otro capítulo al marco para la cooperación normativa y un mercado interior de servicios de medios de comunicación (Cap III), que se refiere entre otros asuntos a las concentraciones de medios, a la medición de la audiencia y a la asignación fondos públicos. Se creará en Bruselas un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación que prestará asesoramiento técnico a la Comisión en estas cuestiones, siempre referidas al Eje 2 mencionado.
Como es sabido, las directivas comunitarias son normas que requieren la debida transposición al derecho interno de cada país. En cambio, los reglamentos, no: son operativos desde que entran en vigor. Por ello, el Reglamento 2024/1083 regirá plenamente a partir del 8 de agosto de 2025, salvo algunos puntos que serán aplicables en otras fechas entre 2024 y 2027 (Art. 29 del propio Reglamento). Lo que significa que el Gobierno ha anunciado una serie de medidas que ya rigen, según el Reglamento comunitario. Entre ellas, se establece la creación de un registro de medios de comunicación, con información sobre la propiedad y la inversión publicitaria que reciben; se declara la obligación de que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria; se ordena la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, así como para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad; se establece el impulso a la Ley de Secreto Profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes; se lanza una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación; y se propone la reforma del Código Penal en lo tocante a la injuria y la calumnia, así como reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, para acomodar todo ello al contexto europeo.
En lo referente al sistema mediático, no debería existir en nuestro país controversia alguna puesto que la normativa ya vigente es europea, posee por tanto el máximo rango y se supone que va a ser acatada por todos los gobiernos de diferente signo de la Unión Europea. Lo natural sería por lo tanto que el Congreso de los Diputados creara una comisión multipartidaria dedicada a tutelar el acoplamiento del reglamento comunitario a las leyes nacionales y a la realidad empresarial y social del sector mediático.
El asunto es arduo ya que pocas veces ha sido tan evidente el efecto decisivo de nuestra pertenencia a Europa. En este asunto, que es de extrema delicadeza, el PP y las formaciones gubernamentales no deberían competir ideológicamente. A todos nos interesa, pongamos por caso, conocer de quién son los medios de comunicación (de la misma manera que sería plausible identificar a todos los actores de las redes sociales), gestionar con ecuanimidad las ayudas públicas a los medios, limitar las agresiones que en forma de injurias y/o calumnias que vuelan abundantemente por el panorama mediático y discutir serenamente sobre si una democracia madura debe otorgar o no una protección especial a sus principales instituciones y a las creencias religiosas de la gente.
Por decirlo más claro, esta propuesta gubernamental no habría de servir como arma electoral arrojadiza sino como una herramienta capaz de mejorar la calidad de la democracia, de situar a los medios en su lugar adecuado en un sistema pluralista y de avanzar en la pedagogía de la tolerancia que tanto necesita este país, demasiado alterado por las guerras galanas de nuestros políticos. Todo indica sin embargo que la tensión no cesa y que los medios seguirán siendo parte de la gasolina de la gran combustión.