La contribución fiscal de los más ricos

La justicia social, tan denostada últimamente por algunos liberales, consiste fundamentalmente en distribuir con equidad la carga fiscal. Difícilmente se podrá estar en desacuerdo con este planteamiento, pero lo cierto es que estamos avanzando rápidamente en dirección opuesta. El asunto es tan grave que ha llegado a las máximas alturas de la gobernanza mundial (aunque las noticias sobre ello han sido decepcionantemente escasas): el G20, el grupo que comprende a las mayores economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, ha estudiado el asunto en su reunión ordinaria del 25 y 26 de julio pasado en Rio de Janeiro. Y e han dado algunos tímidos pasos para afrontar este asunto.

La situación de partida es esta: actualmente, unas 3.000 personas, en su inmensa mayoría hombres, controlan el 13% del PIB mundial. El proceso se acelera puesto que en 1993, los más ricos apenas controlaban el 3%. Prácticamente todos los incluidos en esta lista pagan menos impuestos que sus propios asalariados y que todos los ciudadanos de todos los tramos de renta ubicados por debajo de su posición.

Parece evidente que este dibujo representa una colosal injusticia. Y esta valoración no es fruto de la mente recalentada de un radical sino consecuencia de la simple observación. Como ha escrito Gabriel Zucman, profesor de Economía en Paris y en Berkeley, la equidad fiscal es la base de la democracia. Sin ingresos fiscales suficientes, los gobiernos no pueden garantizar servicios adecuados como la educación, la atención a la salud y la protección social, ni pueden responder a problemas mucho más graves como la crisis climática (que ya está desestabilizando a muchos países del mundo). Dadas las terribles consecuencias de la inacción en estas áreas, es imperativo que los más ricos paguen la parte que les corresponde de impuestos.

La no participación de los más ricos en la recaudación fiscal tiene un efecto muy negativo: al no contar con estos recursos, los Estados han de incrementar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas, con lo que el estado de bienestar se vuelve muy oneroso para la gente común, que termina rechazando la democracia misma. En cambio, si todas las rentas tributaran realmente con arreglo a sus cuantías, el porcentaje de tributación por IRPF de la gente corriente se reduciría sensiblemente.

La declaración final de la Conferencia de Rio del G20, suscrita por sus ministros de Economía y Finanzas, afirma taxativamente: “Es importante que todos los contribuyentes, incluidas las personas con un patrimonio neto muy elevado, contribuyan con la parte que les corresponde en concepto de impuestos. La elusión o evasión fiscal agresiva de las personas con un patrimonio neto muy elevado puede socavar la equidad de los sistemas tributarios […] La promoción de políticas tributarias eficaces, justas y progresivas sigue siendo un desafío importante que la cooperación fiscal internacional y las reformas nacionales específicas podrán ayudar a abordar”. La opinión pública respalda estas medidas: Según una encuesta de Ipsos en los países del G20, publicada en junio, el 67% de la gente está de acuerdo en que hay demasiada desigualdad económica y el 70% apoya el principio de que los ricos deberían pagar tasas de impuesto a la renta más altas.

La medida tiene un precedente: En 2013, el G20 reconoció la flagrante elusión fiscal de las empresas multinacionales con respecto al impuesto de sociedades, lo que dio impulso político para abordar el problema. Su plan de acción inicial incluía mejorar la transparencia fiscal, aumentar la cooperación fiscal y revisar las prácticas fiscales nocivas, la misma redacción que se utiliza ahora en Río. Luego, en octubre de 2021, 136 países y territorios (ahora 140) adoptaron un impuesto corporativo mínimo del 15%.

El propio Zucman aportó a Rio una propuesta, la de que se imponga un impuesto mínimo coordinado del 2% para estos 3.000 multimillonarios del mundo, que permitiría recaudar de 250.000 a 250.000 millones de dólares a año. El texto final de la declaración no incluye esta tarifa pero abre un camino que no tiene vuelta atrás: los líderes mundiales ya no podrán defender regímenes fiscales injustos, y es probable que la formación de un clima propicio contribuya decisivamente a formar con rapidez una masa critica que apoye la medida y a mejorar la cooperación fiscal internacional, que ha dado un meritorio salto hacia adelante en la última década.