Irreconciliables derecha e izquierda
"Nunca la derecha y la izquierda españolas entendieron del todo su papel dialéctico que, en los aspectos fundamentales, consiste en deliberar para avanzar en la modernización general del país"
La derecha política española tiene la rémora de un conglomerado mediático que con frecuencia, y con su consentimiento y financiación, la convierte en una caricatura reaccionaria que a menudo la ha alejado del poder, aun cuando sus esbirros pensaban que la aproximaban a él. Pero también hay en la derecha algunos periodistas de valor, capaces de denunciar esta situación y de mostrar a los líderes conservadores los errores abultados que hacen de tales fuerzas simples sirvientes de las oligarquías.
Uno de estos periodistas notables, con quien el abajo firmante ha mantenido discrepancias profundas (lo cortés no quita lo valiente), acaba de publicar un artículo en el que, junto a opiniones discutibles que no comparto, sostiene dos tesis que le honran porque resumen una crítica directa a sendas derivas reaccionarias del PP, que son también nutriente para la extrema derecha. Una de ellas insta a la actual oposición a elaborar y aplicar una agenda social ya que el estado de bienestar es un objetivo que debería concernir a todos los partidos moderados que se sienten identificados con el consenso surgido de la Segunda Guerra Mundial. La otra, apunta al estado de las autonomías, del que piensa que ha sido un absoluto fracaso, y que debería ser profundamente reformado en una dirección federal, puesto que es innegable la legítima propensión centrífuga de los nacionalismos periféricos, y al mismo tiempo hemos comprobado que el modelo de organización surgido del título octavo de la Constitución de 1978 es caótico e inservible, por lo que ya es hora de hacerlo evolucionar hacia uno de los sistemas federales que han demostrado su eficacia, como el alemán sin ir más lejos.
La primera de estas cuestiones está claramente entroncada con la idiosincrasia de la derecha española, que ha sido incapaz de liberarse del lastre de 40 años de dictadura reaccionaria, que la dejó marcada con tinta indeleble Y cuyos efectos no han concluido todavía si hay que juzgar la situación por la emergencia de una extrema derecha cargada de los tintes franquistas y nostálgica del clericalismo carca que amargó la vida de los españoles durante aquel tiempo. La transformación mental de este grupo socialmente confinado a extramuros de la modernidad es un problema de la propia derecha, que solo a ella concierne y que para el mundo progresista tiene la ventaja de que los ultras energuménicos frenan las aspiraciones de poder de la derecha democrática.
En cambio, la necesidad de revisar el modelo de organización territorial para sustituir el inconcreto estado de las autonomías por un sistema de descentralización política y económica nos concierne a todos, puesto que en nuestro país la principal debilidad orgánica proviene precisamente de la falta de coherencia interna de nuestra Constitución, tan admirable en casi todos los sentidos, pero ineficaz en este. De hecho, el título VIII mencionado es procesal: describe cómo erigir el Estado autonómico pero no dibuja la configuración final ni mucho menos establecen los mecanismos que lo hagan funcional y eficiente.
La característica que más claramente ilumina la incoherencia del modelo vigente es la definición del Senado como cámara de representación territorial, cuando nuestra carta magna reduce ese papel al de una simple cámara de repetición sometida a la voluntad decisiva del Congreso delos Diputados, única que posee y ejerce la soberanía. Basta contemplar el Bundesrat alemán para atisbar lo que el constituyente español pretendía alcanzar sin lograrlo. Y algo parecido puede decirse del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que en España está regulado por una ley orgánica —la LOFCA— pero que debería ser constitucionalizado puesto que de él dependen la solidaridad interna, el mercado único, la redistribución a medio plazo y, en definitiva, el tamaño de la administración federal, que es la encargada de coordinar los territorios y de adoptar las grandes decisiones de país.
Nunca la derecha y la izquierda españolas entendieron del todo su papel dialéctico que, en los aspectos fundamentales, consiste en deliberar para avanzar en la modernización general del país, pero hoy en día la enemistad es de tal envergadura que no se atisba en el horizonte de la posibilidad de una tarea conjunta en los dos ámbitos apuntados. Estamos, pues, condenados al actual ruido hasta que vuelva a cundir la cordura y la magnanimidad.