Gobernar las redes por salud mental

Pasamos una media de 7 horas diarias en las redes sociales, unos espacios de los que dependemos para (casi) todo y de los que, sin embargo, no conocemos prácticamente nada. ¿Os suena esa sensación de sacar del bolsillo el teléfono móvil, guardarlo e inmediatamente tener que volver a consultarlo porque has olvidado para qué lo miraste la primera vez? No es tu culpa, es el sistema. Las redes sociales están diseñadas a través de mecanismos que consolidan y favorecen comportamientos. Al recibir una notificación, se activa una gratificación instantánea que libera dopamina en el cerebro. Es decir, esperamos placer, una recompensa rápida y a corto plazo; un efecto del que las plataformas digitales se aprovechan. Tus vulnerabilidades cotizan alto y las aplicaciones no son tan inocentes como parecen, son un negocio.

Es innegable que este tipo de espacios ha modificado la forma en que la juventud se relaciona. Esa convivencia digital se traduce en un arsenal valiosísimo de datos sobre nuestro comportamiento que es utilizado como mercancía de venta para hacer publicidad de forma personalizada. Esas grandes tecnológicas, que universalizan el uso de aplicaciones, lo hacen sabiendo que cuantas más horas estemos conectados, más ingresos generan.

Tras dos décadas de digitalización, podemos constatar que existe una correlación directa entre la salud mental de las y los jóvenes y el mal uso de las redes sociales, un reto del que hablan las personas expertas que ven los centros psicológicos y psiquiátricos al borde del colapso.

Para poner coto a esa maraña de plataformas que ingresan por cada minuto que pasas pegado a ellas, el Grupo Parlamentario Socialista llevó este pasado miércoles al Pleno en el Congreso -que la aprobó- una iniciativa cuyo principal objetivo es reducir el impacto que el mal uso de las redes sociales tiene sobre la adolescencia y la juventud. Debemos reforzar el derecho digital a no ser molestado y asegurar que las aplicaciones en las que pasamos buena parte del día ofrecen servicios digitales éticos por defecto, cumpliendo así con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA). Otra de las medidas en marcha, es la relacionada con la formación para familias, una nueva pedagogía que les permita conocer mejor cuáles son los riesgos de las redes sociales y la gestión que jóvenes y niños pueden hacer de éstas; con una novedad: que los jóvenes y adolescentes también puedan educar a sus padres, una educación bidireccional para frenar el uso irresponsable del smartphone.

Ante el temor a la regulación, ¿por qué nos fiamos tanto de las corporaciones privadas y confiamos tan poco en las instituciones públicas a la hora de ofrecer nuestros datos? La culpa no es de la ciudadanía, la responsabilidad es única y exclusivamente de unas democracias que han seguido desarrollándose de forma analógica mientras irrumpía una revolución digital que lo ha transformado todo. Pero, ahora ha llegado el momento de gobernar la digitalización para evitar el cyberbullying, del que no pueden escapar miles de chavales cuando acaba el instituto; de frenar el acoso digital machista a mujeres que hacen política; o de poner una lupa europea a aquellas grandes plataformas que lanzan cohetes al espacio, pero también dejan un rastro de basura racista como el magnate de X.

En definitiva, dotarnos de herramientas para proteger nuestro bienestar emocional digital a través de la regulación. Esta semana, a través de la proposición no de ley aprobada, nos anticipamos a un futuro que no es inevitable, es un futuro que construimos día a día, propuesta a propuesta y joven a joven.

Víctor Camino es portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Valencia.