Financiación autonómica: la solidaridad es tarea federal

La convocatoria del 41 Congreso Ordinario del PSOE, decidida por su Comité Federal el sábado 7 de septiembre, emplaza la oportunidad de fijar una posición unitaria sobre la articulación federal de la solidaridad en el Estado autonómico. Sabido es que la Constitución Española de 1978 (próxima a cumplir 46 años de vigencia ininterrumpida, afirmándose como la más longeva en nuestra historia) no definió el modelo territorial del Estado: lo hizo posible, abierto a las opciones diversas de estructuración territorial del poder que en el curso del tiempo cristalizase el ejercicio del "principio dispositivo" (autogobierno a voluntad de las entidades territoriales autorizadas constitucionalmente para ello). 

Desde entonces el Estado de las Autonomías ha sido, sobre todo, un proceso, inacabado, y por lo tanto abierto a impulsos y desarrollo potenciales de futuro. La propuesta del PSOE expresa vocación federal: un todo común —España—, integrador de sus partes -—CCAA—, vertebrador de su unidad en su diversidad, plural, con reconocimiento de singularidades ("hechos diferenciales", veníamos denominándolos), garante de cohesión y de solidaridad desde el respeto a la igualdad entre españoles/as en derechos y deberes (art.149.1.1 CE).

Los capítulos más definitorios de esta construcción progresiva de nuestro Estado autonómico han respondido a esos impulsos, periodizados en el tiempo. Y cada uno de ellos ha señalado su jalón tanto por el territorio en el que se abrió esa fase como por los acuerdos políticos transversales que los consolidaron, ya fuera de forma tácita (la extensión general de "grado máximo de autonomía" del art.149 CE y "techo competencial" por la vía del art.151 CE a partir del referéndum del 28F de 1980 en Andalucía), ya fuera de forma expresa (los "Pactos de 1992" y el ciclo de nuevos Estatutos de "Tercera generación" a partir del Estatut de Cataluña de 2006).

Pero la clave de bóveda de su funcionamiento reside, como es notorio, en su financiación (arts.156 a 158 CE). En esta debe equilibrarse la corresponsabilidad fiscal (reparto de los recursos por necesidades de gasto) con la garantía ineludible de solidaridad interterritorial que corresponde al Estado. La sede normativa para esta decisión de alcance constitucional quedó fijada, desde los inicios (1980), en la Ley Orgánica de Financiación que conocemos como LOFCA. 

El compromiso establecido fue el de su deliberación y actualización quinquenal, aunque —como en otros ámbitos— esta renovación no siempre tuvo lugar con puntualidad, nunca como ahora —como en otros ámbitos— el retraso se ha cronificado hasta convertirse en un desafío de envergadura mayor.

El último Acuerdo de Financiación Autonómica data de 2009 (gobernaba Zapatero), y expiró en 2014. Urge, pues, desde hace años, acometer su debate, adelantando y cruzando propuestas de solución con aspiración de solidez y perdurabilidad, capaces de resistir el paso del tiempo e incluso la contingencia de los cambios políticos de mayorías de gobierno y de las alternancias en los dos niveles implicados: Gobierno de la Nación y Ejecutivos autonómicos. Cataluña incluida, por descontado.

El PSOE se ha puesto manos a la obra. Al PP no se le escucha —ni en esto, ni en nada importante— una sola propuesta. Resulta obvia su estrategia: esperar que el PSOE se pronuncie para oponerse, como sea, a lo que sea, sin que los medios de comunicación —y, consiguientemente, la opinión publicada— le exijan, asombrosamente, ninguna otra conducta. Y, sin embargo, el asunto reviste tanto calado y alcance que nada exime al PSOE como fuerza de gobierno hincarle el diente a una cuestión que, por cierto, por sus exigencias técnicas, se presta mal a la brocha gorda y al trazo grueso.

En síntesis, la articulación federal de la solidaridad exige -en ausencia de reformas constitucionales a la vista- reformas de leyes orgánicas (la LOFCA lo es) y Acuerdos que deberán ser validados en órganos de cooperación sectorial Estado/CCAA (Consejo de Política Fiscal y Financiera y Conferencia de Presidentes). No va a ser fácil, es obvio, pero no puede posponerse indefinidamente.

Una idea a resaltar: nada hay de inconstitucional en que la CCAA desarrollen administraciones tributarias (Agencias) propias para la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos en su territorio (basta leer el art.156 CE, que habilita esta colaboración en coordinación con la Agencia Tributaria del Estado), pero ha de preservarse en todo caso la "solidaridad entre los españoles".

 Esa solidaridad no puede ni debe contraerse a lo que históricamente hemos conocido como "Fondo de Compensación Interterritorial" ni a sus derivados más recientes: el Fondo (vertical) de Garantía de Nivelación de Servicios Mínimos y los Fondos (horizontales) de Suficiencia, Cooperación y Competitividad (su volumen porcentual conjunto respecto del total de la financiación autonómica es actualmente raquítico, por lo que el margen para su crecimiento es muy amplio). Pero tampoco puede "toparse" la solidaridad por arriba, fijando un porcentaje máximo e inamovible de contribución de una u otra CA a la solidaridad interterritorial y a la compensación de las inequidades y desigualdades.

Ese principio es la clave desde la que hay que evitar toda alusión a un “cupo” en la financiación que se reclama para Cataluña desde el acuerdo de investidura del President Salvador Illa. Además de la evidencia —¡cuánto hay que celebrar que hablemos de financiación justa y no de "desconexión", "secesión unilateral" o "Declaración de Independencia", o, en otras palabras, cuánto hay que celebrar que un socialista, Illa, proclame que "Cataluña no se va; se queda", contribuyendo a un debate sobre reformas en España, con Cataluña dentro!—, habrá que velar por no asumir ni la narrativa falsa ni la lexicología impuesta por esas mismas derechas de la que no hemos escuchado jamás una sola propuesta ni para Cataluña ni para la financiación, ni para ninguna cuestión que exija visión de Estado y una actitud conforme, propositiva, constructiva, integradora, positiva. Ninguna, nada en absoluto.

El "cupo" o "aportación" es —habrá que recordarlo— la proyección cuantificada de la aportación de las respectivas Haciendas forales de aquellos Territorios Históricos a los que alude la Disposición Adicional 1 de la CE) a la financiación de los servicios del Estado en la CA del País Vasco, de un lado, y en la Comunidad Foral de Navarra, de otro. 

La articulación federal de la solidaridad debería, en cambio, asegurar que, en el resto de las CCAA, incluida Cataluña, fluya un caudal que fundamente su suficiencia financiera y financie la compensación de las desigualdades y las inequidades por parte del Estado (no unilateralmente por parte de una CA hacia las demás, sino por medio del Estado que integra a sus partes en un todo).

Sí, ya lo sabemos. Es un desafío, mayúsculo, de muy difícil manejo y aún más ardua resolución. Por supuesto que sí. Pero hay que acometerlo: si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo hace el PSOE, entonces ¿quién si no?