El Tribunal Constitucional pone freno al uso partidista del Senado por parte del PP

El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la reforma del reglamento del Senado que impuso el PP para retrasar la tramitación de una ley con la que no estaba de acuerdo.

Cuando el PP aprobó esta reforma era consciente de dos cosas: primero, que estaba quebrando el fair play político, pues las reglas que rigen el funcionamiento de la cámara deben ser consensuadas entre el mayor número de grupos parlamentarios posible y, por ello, no responder a los intereses partidistas y momentáneos de un único partido político. Segundo, los populares fueron plenamente conscientes de que su reforma del reglamento era claramente inconstitucional y no les importó. Se les advirtió de que su reforma sería tumbada por el Tribunal Constitucional por contradecir sus reiterados pronunciamientos, pero no les interesó escuchar. Por tanto, el PP puso su estrategia e intereses políticos por encima de la Constitución.

Que el Tribunal Constitucional haya tumbado la reforma del reglamento del Senado no es algo anecdótico, sino que pone de manifiesto las peligrosas contradicciones en las que incurre el PP.

Primero. El PP, formación que está dando todo el día lecciones de constitucionalismo al resto de formaciones políticas, ha vulnerado conscientemente la Constitución para alcanzar sus objetivos políticos. ¿Con qué autoridad puede el PP llamar a las formaciones independentistas a cumplir la Constitución si es el primero en no respetarla? La gran paradoja es que, en el mismo momento que el PP estaba vulnerando la Constitución para alcanzar sus objetivos políticos, las fuerzas nacionalistas catalanas acababan de comprometerse por escrito a desarrollar sus objetivos políticos de acuerdo con la Constitución.

Segundo. Los mismos que acusan de manera continuada al presidente Sánchez de dictador, autócrata, etc., capaz de todo para mantenerse en el poder; están utilizando el Senado como su feudo privado sin ningún tipo de pudor. Se han inventado un veto fantasma, que nadie pidió, debatió o votó. Plantean conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales temerarios como elemento de oposición política. Utilizan la comisión general de CCAA para que los presidentes autonómicos del PP se den el paseíllo y opinen sobre leyes sin incidencia autonómica, etc.

Es muy gráfico el hecho de que el PP contrate y pague más de 50.000 euros de sueldo con cargo a los presupuestos del Senado a un asesor que es abogado de Manos limpias, pseudosindicato de extrema derecha, sin que hasta la fecha se conozca que haya elaborado un solo informe. Lo único que se sabe es que se dedica a plantear demandas temerarias ante los juzgados contra cualquier persona relacionada con el Gobierno de España.

Tercero. El problema de fondo es sumamente grave. El PP sigue sin aceptar la legitimidad del presidente Sánchez, y recuerdo, negar los resultados electorales es algo propio de la extrema derecha, no de un partido de estado. El comportamiento del PP en el Senado lanza un mensaje claramente antidemocrático: todo vale para acabar con el gobierno presidido por Pedro Sánchez, incluso pasar por encima de la Constitución y quebrar la institucionalidad del Senado. La quiebra de la institucionalidad también es otra de las formas de actuar de la extrema derecha que, recuerdo, quieren sustituir la democracia constitucional por una democracia iliberal. En definitiva, cuando gobiernas y compartes proyectos con la extrema derecha, acabas imitando sus estrategias y aceptando sus ideas.

Ahora que el PP ha planteado una nueva reforma del reglamento partidista, que responde a sus intereses momentáneos y que incluye varios artículos claramente inconstitucionales, sería el momento de rectificar y volver a las prácticas y consensos propios de un auténtico partido de estado. Tienen la mano del grupo socialista tendida.

Toni Magdaleno Alegría es portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Senado y profesor Titular de Derecho Constitucional