El PP y la Operación Catalunya

El próximo martes 15 de octubre es la fecha elegida para que empiecen las comparecencias acordadas por la mayoría de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la Operación Catalunya.

Una comisión que tiene como objetivo arrojar luz a la oscura etapa en la que el último Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, utilizó el Ministerio del Interior y sus recursos para espiar y, aún más grave, crear pruebas falsas contra adversarios políticos. Especialmente, contra quienes en esos años lideraban el proceso independentista catalán y suponían un enorme problema para un PP poco acostumbrado a dialogar y con nula mano izquierda para construir convivencia y no división entre quienes ven la vida, y el país, de otra manera distinta a la suya. En este punto, cabe destacar que los independentistas no fueron los únicos espiados, pues en el mes de julio conocíamos que entre 2013 y 2016 también fueron espiados los 69 parlamentarios que en ese momento Podemos tenía en el Congreso de los Diputados. La Audiencia Nacional ya lo está investigando.

Jorge Fernández Díaz -quién capitaneó el Ministerio del Interior hasta que fue cesado en 2016 tras salir a la luz unos audios en los que se le escuchaba pedir información sobre corruptelas de políticos independentistas (¡la Fiscalía te lo afina!) al entonces jefe de la Oficinia Antifrau de Catalunya, también cesado poco después-, ya tiene un primer juicio pendiente. Concretamente, por la ‘Operación Kitchen’, que consistió en utilizar recursos del Ministerio para sustraer a otro delincuente -este ya sin el presunto delante-, Luís Bárcenas, la información que poseía acerca de la financiación ilegal y otros tufos que afectaban al Partido Popular. Y en ese juicio, pendiente de celebrarse todavía, el propio Fernández Díaz ha pedido que se juzgue también a su partido, el PP, como responsable a título lucrativo, además de solicitar al juez que tenga en cuenta a “otras personas” del PP que deberían estar también en la causa.

Aunque probablemente seguimos sin conocer buena parte de las tropelías que el PP hizo desde el Ministerio del Interior, lo cierto es que lo que ya conocemos es motivo más que suficiente para que se den explicaciones y para intentar conocer lo que aún no conocemos. Porque no me cabe ninguna duda de que, en esos años, el PP tuvo tiempo para espiar a muchas más personas y para cometer muchas más tropelías. Y esa es la razón por la que esta comisión de investigación tiene más sentido que nunca. Queremos saberlo todo, que se expliquen, que escuchemos también sus silencios, y que los representantes elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos podamos preguntar, escuchar, analizar y llegar a unas conclusiones públicas al respecto. La comisión de investigación es más necesaria que nunca.

Antes de comenzar con las dos primeras de las 20 comparecencias previstas -entre las que se incluyen Rajoy, Cospedal, Montoro, Mas, Trias, Junqueras, así como los responsables del Ministerio y la cúpula policial del momento-, ya podemos deducir cuál va a ser la actitud que en este proceso asumirá el Partido Popular: boicotear la comisión y convertirla en un circo. El nombramiento de Rafael Hernando como portavoz del PP en la comisión ya es un dato sugerente. Su actitud en los primeros trabajos hasta el punto en que nos encontramos ha demostrado que no parece que estemos equivocados. El PP no quiere que se hable de todo lo que sabemos que hicieron y menos aún de aquello que está por saber. Y por eso lamento tener el convencimiento de que van a convertir las sesiones que celebrará la comisión durante los próximos meses en un espectáculo poco edificante para intentar desviar la atención de lo que realmente pretendemos: aportar luz y saberlo todo. Porque queremos que se sepa todo. Y porque queremos que algo así nunca vuelva a suceder.