El camino hacia el federalismo. Regreso a la Declaración de Granada
"Quien proponga la recuperación del consenso fundacional de 1978 será considerado seguramente un excéntrico o un loco. Pero muchos países se salvan gracias a un rapto voluntarioso de sus gobernantes".
Pedro Sánchez, en sus forcejeos con el nacionalismo catalán, ha vuelto a lanzar últimamente la palabra conflictiva con la que hemos flirteado desde el proceso constituyente: «federalismo». Durante la etapa de edificación del régimen actual, el principal objetivo era el consenso, la consecución de un sistema político unánimemente aceptado, tanto por la derecha como por la izquierda, tanto por los unitaristas como por los partidarios del Estado federal. Para conseguir de la mejor manera posible aquel resultado, se inventó un concepto nuevo, el del «estado de las autonomías», porque el federalismo hubiera resultado indigerible para todo el hemisferio conservador.
Como es conocido, en la segunda mitad del siglo XIX compitieron en la construcción del Estado moderno el modelo liberal, ligado a la monarquía constitucional; el carlista o tradicionalista, vinculado todavía al Antiguo Régimen, y el republicano federal: frente a la monarquía constitucional de democracia censitaria (sufragio restringido), se proponía la república democrática (con el sufragio universal masculino como principio fundamental); frente al Estado confesional, el Estado laico en las relaciones con la Iglesia católica; y frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo, todavía no bien definido. La Primera República Española, minada por el cantonalismo, fue breve y desastrosa, por más que como han reconocido los especialistas, el federalismo no fuese tan solo una propuesta para resolver el problema territorial sino también y sobre todo una forma democrática de hacer política.
Lo cierto es que los constituyentes del 78 no se atrevieron a utilizar el término «federalismo» ni a aplicar plenamente sus características al modelo español. Aquel error fundacional nos dotó de un modelo de Estado incompleto, con características federales evidentes —la existencia de una segunda cámara, el Senado, de representación territorial—, pero sin muchos de los mecanismos e instituciones del Estado federal que facilitan su funcionalidad.
El PSOE se planteó estas evidencias en 2013, con Rubalcaba al frente. El 6 de julio de aquel año, el consejo territorial socialista firmó la Declaración de Granada, un documento muy valioso que consiguió unir voluntades en la familia socialista y que todavía debería ser tomado en consideración y preservado. En él se explicaba que la situación de España en aquel momento era complicada porque, de un lado la seria crisis económico financiera había desprestigiado la democracia y, de otro lado, “el nacionalismo moderado de Cataluña” había “abandonado el terreno de la moderación y se había pasado al campo del secesionismo. Ya no buscaba la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: buscaba directamente que Cataluña rompiese con España”.
Frente a las clásicas posiciones antagónicas, inmovilista y rupturista, el PSOE propuso en aquella Declaración “la reforma en profundidad. El Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias. Este no es solo el camino lógico y constructivo; es también el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España. Y por eso el Partido Socialista, en el ejercicio de su responsabilidad, lo va a proponer, lo va a defender y lo va a impulsar con todas sus fuerzas. Vamos a defender un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar todo lo que de él demandamos”.
Y la propuesta concreta que se hizo fue la reforma constitucional para conseguir varios objetivos: “incorporar en la Carta Magna el mapa autonómico de España”; delimitar definitivamente la distribución de competencias; sustituir el Senado por una auténtica cámara de representación territorial; incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad; establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanente cuestionado y sometido a continuas revisiones; crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales y de los que hoy carecemos en gran medida…
La lista de objetivos es más larga pero aquí se resume lo que habría que hacer para que el modelo organizativo español sea, pongamos por caso, semejante al alemán.
En la hora actual, Pedro Sánchez ha rescatado evidentemente aquella concepción rubalcabista y magnánima del Estado, una vez que se ha percatado de que las exigencias del nacionalismo catalán (y también del vasco, pero esta es otra cuestión) asolo se pueden encarrilar de algún modo mediante un planteamiento federal, que no solo no destruirá la esencia política del Estado español sin que impedirá definitivamente que esta se desvanezca.
El problema es que esta visión de España, propuesta por el PSOE hace más de una década y diluida luego en la gran conflictividad política del periodo transcurrido, no es compartida por el hemisferio conservador. Pero no por ello hay que dejar de intentar le acercamiento. Quien proponga la recuperación del consenso fundacional de 1978 será considerado seguramente un excéntrico o un loco. Pero muchos países se salvan gracias a un rapto voluntarioso de sus gobernantes. Será difícil, pero no deberíamos dejar de intentarlo.
