Apostar por las universidades públicas para ser un país más valioso

¿Red o trampolín? ¿Comunidad o burbuja? ¿Progresamos juntos o sálvese quien pueda? Hoy se perfilan en España dos formas de crecer en sociedad, dos maneras muy diferenciadas de entender para qué y para quién sirve la política: si para mejorar la vida de todos o sólo la de unos pocos. Lo observamos cada día cuando hay que decidir, por ejemplo, entre las inversiones o los recortes, entre la redistribución de los impuestos para mejorar los recursos de un país o aprobar ventajas fiscales para los más ricos. Cuando el dilema se plantea, en definitiva, entre la libertad de unos pocos o la de una mayoría social.

Ante este escenario, cabe destacar una cuestión totalmente estratégica: el temor que les despierta a algunos afrontar la modernización de la universidad pública, uno de los mayores ascensores sociales con el que contamos para el avance colectivo, motor de igualdad, innovación y prosperidad que merece un país como el nuestro.

La universidad pública española es un vivero de talento y progreso, de conocimiento y oportunidades. Y se sostiene en un equilibrio rico y diverso, y con distintas funciones entre la comunidad universitaria y científica en sentido amplio y las administraciones públicas, fundamentalmente, las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.

Cuando ese equilibrio falla, la casa del conocimiento se vuelve inestable y cae. ¿A quién le interesaría que esto pudiera suceder?

Mientras unas Comunidades Autónomas invierten y fortalecen las universidades con un notable esfuerzo, otras han decidido comportarse como esos malos gestores que se quejan preventivamente, y hacen ruido para ocultar la dejación de sus responsabilidades.

Hoy por hoy, recordemos, las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en financiación y ordenación de las universidades. Y puede resultar una obviedad ponerlo negro sobre blanco, pero en estos días parece evidente que algunas no lo tienen claro.

Ya hace tiempo que una parte del Partido Popular ha convertido la educación pública en un elemento fácil de batalla política, de crispación con réditos electoralistas. Allí donde se les ofrece una mano tendida para el acuerdo, rápidamente pegan un tirón del brazo.

En el fondo no les interesan las universidades públicas. Y si en algún momento nos quedaba la duda, lo demuestran sin ambages cuando les toca invertir en ellas. Hoy su frente es la aplicación de una ley, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que nace para superar, precisamente, los recortes de la política universitaria del Partido Popular durante la gestión de la crisis financiera. Frente a un modelo de inversión que hiciera más rico nuestro país apoyando a nuestro talento universitario, optaron por la infrafinanciación de las universidades . Sólo en el quinquenio de 2011 a 2015, supuso la reducción de 1.100 millones de euros (-15%) de las aportaciones que se transferían a las universidades públicas, un problema vigente que viene a revertir la ley.

Fruto de esta política sin visión de futuro también es el tapón generacional que existe hoy en las universidades españolas, y que no sólo afecta a los más jóvenes, sino a todos aquellos profesores y profesoras que han encadenado contratos precarios durante años de tasas de reposición muy bajas. En la universidad, hoy la temporalidad de los contratos alcanza casi el 50%, y la media de edad de los catedráticos y de las catedráticas de las universidades españolas supera los 60 años.

Desde el comienzo de esta legislatura, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades nos hemos reunido con las Comunidades Autónomas, los rectores y las rectoras universitarias y los sindicatos para estudiar la aplicación de la nueva ley, que nace precisamente con la voluntad de modernizar las universidades públicas españolas y diseñar una carrera profesional con calidad y dignidad para el profesorado. A estas alturas, para el Partido Popular cualquier reforma es un problema. Pero la LOSU, al contrario, es la solución.

A raíz de los encuentros que he mantenido durante las últimas semanas con rectores y rectoras de universidades de todo el país, la semana pasada el Gobierno de España presentó el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas. A través de este Programa, proponemos crear un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor desde el mismo curso 2024-2025, con un coste de 150 millones de euros anuales que sufragará el Gobierno los seis años de duración de un contrato de esta modalidad.

Para la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE) no hay ninguna duda de que este es un programa “potente”, que “da a las universidades la oportunidad de planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado”. Sólo queda esperar, como confía la CRUE, que las Comunidades Autónomas “complementen la significativa aportación” que haremos desde el Gobierno.

A pesar de este llamamiento, algunas comunidades del Partido Popular ya han decidido oponerse al plan y hacer de un bien compartido una batalla política. Las universidades públicas no pueden ser nunca más el escenario de un conflicto interesado, sino de la oportunidad y la modernización y la transferencia de conocimiento.

Las universidades son el eje que impulsa nuestras democracias. Como escribió el gran filólogo Werner Jaeger, la educación no debe perseguir tan solo la formación de profesionales, sino de hombres libres. Hombres y mujeres con capacidad crítica. Hombres y mujeres que devuelven a la sociedad aquello que han recibido de ella. Porque, además, las universidades son la garantía de la igualdad de oportunidades.

Es el momento de ser firmes y exigir la responsabilidad de las Comunidades Autónomas para afrontar con valentía y, sin duda, con la correspondiente financiación, esta nueva etapa que iniciamos y lideramos desde el Gobierno de España para estabilizar, modernizar y rejuvenecer las universidades.

Es nuestro mandato como sociedad. Ser un país más valioso, con un futuro más prometedor para todos y todas. Y en este camino, nos encontrarán. 

Diana Morant es ministra de Ciencia, Innovación y Universidades