13 años después: el TC, el PP y su 'lawfare'

Más de una vez en esta tribuna de opinión, habitualmente centrada en explicar asuntos europeos, me he detenido en comentar decisiones del TC español, no solo por mi querencia profesoral por el Derecho Constitucional (materia sobre la que escribo en libros y revistas académicas) sino porque no es infrecuente que una sentencia se encuadre en una corriente de problemas de alcance paneuropeo.

Es el caso, a mi juicio, de la resolución del TC acerca de la actualmente vigente ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (LO 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo). Es de todos sabido que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por el PP. Menos conocido es que es que lo hizo hace ¡13 años! Se trata por tanto del proceso constitucional de mayor dilación y más estentórea demora de toda la historia del TC, que suma más de cuatro décadas. Y lo es no sólo en su contraste áspero con los plazos perentorios que para resolver fija su Ley Orgánica (LO 3/79, y sucesivas reformas), sino con los habituales (y largos) que la práctica ha impuesto en el curso de los años.

Si la sentencia sobre el Estatut de Cataluña de 2006 (STC 31/2010) fue la más larga de su historia (más de 800 páginas), y llegó cuatro años después de la entrada de en vigor de la norma recurrida (LO 6/2006), en su práctica totalidad, una vez más, por el PP (al que se acumuló el interpuesto por el Defensor del Pueblo), la sentencia sobre la ley del aborto actualmente en vigor habrá sido la que durante más largo tiempo se ha mantenido hibernada, en el congelador de un lapso que supera a estas alturas no ya 13 años cumplidos sino que rompe el récord de retrasos en deliberaciones y fallos que ya arrastraba el TC hasta situarlo en un hito difícilmente superable y, esperemos, irrepetible.

En publicaciones jurídicas me extendería en el comentario de los razonamientos que conducirán, según lo que hemos conocido, a la total y completa validación de la ley y a la desestimación por tanto del entero recurso del PP. En una tribuna de prensa me limitaré, sin embargo, a comentar críticamente un aspecto del camino —el íter— que nos trajo hasta aquí, y otro relativo al contexto europeo e internacional de lo que se ya se conoce como lawfare en ciencia política, esto es, la instrumentalización por una derecha extrema, cada vez más arriscada, de jueces a los que se presupone próximos ideológica y políticamente, para hostigar al adversario hasta demonizarlo como enemigo de la Ley y del Derecho, supuestamente encarnados en una judicatura amiga o cómplice de las ofensivas reaccionarias contra gobiernos progresistas.

En cuanto al primer punto, resulta palmario a estas alturas que el mismo PP que recurrió ante el TC la Ley de 2010 por “inconstitucional” —como recurrió, por cierto, la Ley de Matrimonio Igualitario y todas las leyes de igualdad del Gobierno Zapatero, como antes lo había hecho con los avances impulsados por los Gobiernos de Felipe González— llegó al Gobierno en 2011 con mayoría absoluta, a rebufo de los daños y del malestar causados por la Gran Recesión. Perdió la mayoría absoluta en 2015, pero el Gobierno del PP perduró —pese a la acumulación de casos de corrupción— hasta 2018. No solo no derogó ni modificó una coma de la ley calificada por ellos mismos como inconstitucional, sino que, notoriamente, haberlo tan solo planteado —con toda seguridad, siguiendo la directriz del presidente Rajoy— le costó el puesto al ministro de Justicia Gallardón, al que abandonó quien hacía pasar por liderazgo la vieja maña acobardada de tirar la piedra y esconder la mano. 

Es más, el propio Gobierno del PP maniobró de todas las maneras a su alcance —huelgan aquí mayores precisiones— para que el TC (con mayoría conservadora) procrastinara, eternizara los plazos para deliberar la ponencia —que, por cierto, había recaído en el entonces magistrado Andrés Ollero, antiguo diputado del PP y jurista con valores y razonamientos propios— hasta sumar 8 años sin fijar señalamiento para su votación y fallo.

La razón para este comportamiento contradictorio hasta el cinismo —el que opone lo que se proclama y lo que en realidad se hace— es obvia: con su proverbial hipocresía, el mismo PP que recurrió el matrimonio igualitario por inconstitucional para luego celebrarlo (¡en bodas peperas resonantes!), el mismo que recurrió la ley vigente de aborto llegó a la convicción (de acuerdo con todas las encuestas de opinión que le nutrían) de que no le convenía ni derogarla ni tocarla, como tampoco, en absoluto, que el TC la declararse inconstitucional desatando una inmediata ola de protesta social que le señalara como lo que siempre ha sido: contrario a todos los avances de la igual libertad de todas las personas en España y retardatario de toda forma de emancipación y mejora de derechos y oportunidades de las categorías tradicionalmente discriminadas u oprimidas.

El segundo comentario enlaza con una tribuna en la que me ocupé de la aún reciente sentencia del TS de EEUU que revocó su doctrina establecida en el caso Roe vs. Wade (1973). Hace 50 años un TS compuesto exclusivamente por nueve hombres determinó que los Estados de la Unión no podían injerirse en la privacidad de una mujer que decidiese interrumpir libremente su embarazo en las primeras doce semanas de la gestación. Un TS escorado hoy como nunca hacia la derecha trumpista y en el que —por vez primera en su historia— figuran hasta cuatro mujeres (una de ellas ultraconservadora) ha inclinado la balanza en el sentido contrario en una decisión de sentido marcadamente regresivo, devolviendo enteramente a los Estados la competencia de la legislación penal sin restricciones federales que puedan proteger el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo y sobre su propio futuro (USSCt Dobbs v Jackson WHO, 2022). La alteración de la composición del TS de EEUU —históricamente, nueve Justices (desde 1869)—, o, en otras palabras, ocuparlo militarmente con incondicionales, ha sido prioridad estratégica de la ultraderecha americana desde la plena conciencia de su utilidad para librar su guerra ideológica ante y en los tribunales con el pretexto —obsceno— de la Ley del Derecho. 

La táctica se ha expandido a una variedad global de movimientos reaccionarios, es la llamada lawfare. Esa militarización de la agresiva ofensiva de las derechas reaccionarias contra sus oponentes progresistas y de izquierda está sacudiendo los sistemas judiciales de EEUU, América Latina, Asia, África, Oceanía (Jacinda Ardern ha sufrido más de lo que nos llega en los informativos de nuestra latitud antípoda)... y, cómo no, también Europa.

El bloqueo recalcitrante del CGPJ en España —¡5 años caducado, con el pronóstico claro de colgarlo de la brocha hasta que los/as españoles/as “se rindan” y le devuelvan el Gobierno como si se tratara de su patito de goma!— expresa nítidamente su obsesiva estrategia de ocupación, primero, e instrumentalización, después, de los órganos clave del sistema judicial, pero no es banal ni inocua: resuena la amenaza real de un lawfare del que sus arteros y pésimamente argumentados recursos de inconstitucionalidad son eslabones que empiedran la cadena en la que aspiran a aherrojar todos los progresos que, invariablemente, siempre en España han llevado la firma de gobernantes socialistas.

Y una nota, que no sobra: la sentencia que valide íntegramente la ley será, para muchos que la queremos, una reivindicación de Bibiana Aído, muchos años en servicios internacionales fuera de España, pero sujeta en su día a una campaña paroxística de odio bajo los ataques reaccionarios de los haters: porque, aunque cuantos hemos servido en Gobiernos socialistas las hemos sufrido en carne propia, rebasaron, en su persona, los límites más intolerables. Bibiana, esto también va por tí.