Hablando claro sobre los desahucios

La situación de grave alarma social a la que hemos llegado con 350.000 desahucios en cinco años es fruto de una falta de sensibilidad y de reacción a tiempo de los Gobiernos. Ello ha convertido a los deudores hipotecarios en víctimas de los abusos de las entidades financieras.

El Gobierno socialista dejó este problema sin resolver tras aprobar en julio de 2011 un Real-Decreto para "aliviar" las ejecuciones hipotecarias que no tuvo incidencia. Miles de ciudadanos se han sentido desamparados por los poderes públicos y su exclusión social contribuye al desprestigio de la política y los políticos.

Es cierta la indefensión de los deudores ante normas legales que fijan un procedimiento judicial contundente que favorece a las entidades bancarias. Por contra, a las familias castigadas por la crisis con una insolvencia sobrevenida y no dolosa se les expulsa de sus viviendas.

El código voluntario de buenas prácticas del ministro De Guindos para la Banca, medida alabada por el PP, no ha resultado un freno sino un fracaso. La presión de la opinión pública es necesaria para que el Congreso apruebe reformas legales en profundidad y negociaciones que eviten más desahucios de personas en riesgo de exclusión.

La solidaridad y movilización de las plataformas de apoyo a desahuciados, los informes de organismos, la denuncia social ante situaciones límite que llevan incluso al suicidio y la iniciativa de la oposición parlamentaria pueden conseguir que se mueva el Gobierno y que el sistema financiero sienta la necesidad de cambiar su actitud.

El Gobierno ha de entender que tiene que ser obligatoria la adhesión y por tanto el cumplimiento del código de buenas prácticas, con las modificaciones de los procedimientos y de las condiciones que beneficien a los deudores insolventes, de las entidades que se recapitalizan con dinero publico (participadas por el FROB). Pero esto no bastaría, se requiere presionar y condicionar a las restantes (BBVA, Santander, La Caixa, Kutxa Bank, ..) que también recibieron ayudas del Estado y del BCE para que se adhieran formalmente a la aplicación del código en el caso de las hipotecas suscritas.

El PSOE, tras su compromiso de marzo en el Congreso, ha presentado una proposición de ley sobre desahucios, insolvencia y sobreendeudamiento de futuro, con un conjunto de medidas protectoras del deudor de buena fe para buscar una solución equilibrada que evite la exclusión social y distribuya con equidad las consecuencias de la crisis económica en materia de ejecución hipotecaria.

Sin embargo, no será posible aplicar la ley con carácter retroactivo a los miles de desahuciados que mantendrán la deuda hipotecaria de por vida. Cuando menos habrá que buscar para ellos una fórmula de negociación con las entidades acreedoras que permita la condonación de su hipoteca.

En resumen, los desahucios, como expresión de la crisis económica y financiera, nos obligan a buscar un reparto justo de los riesgos y las consecuencias que esta provoca. Y mientras se tramita con agilidad y consultando a las plataformas y colectivos de afectados la ley del PSOE, hay que exigir la suspensión inmediata de los desahucios y la paralización de los 200.000 procesos de ejecución.

De manera resumida, la proposición de ley del PSOE incorpora recomendaciones de los jueces para la protección del deudor frente a las consecuencias abusivas del actual procedimiento de ejecución hipotecaria. Es una ley de "segunda oportunidad" que la sociedad y las entidades bancarias dan al deudor con insolvencia sobrevenida y sin dolo, que nos equipara a las normativas europeas. Establece un nuevo procedimiento extra-judicial ante Notario por la vía de un convenio abierto a renegociar un plan de pagos de la principal, intereses, gastos, etc, así como la continuidad el deudor en el uso de la vivienda. Se corrigen las situaciones abusivas de los acreedores en la tasación del piso en el momento de la ejecución. Amplía las casos y supuestos para que gran parte de los deudores se acojan a los beneficios del código de buenas prácticas, entre otros la dación en pago y el arrendamiento social por dos años de la vivienda objeto de dación, obliga a la adhesión al Código de las entintadas participadas por el FROB. Refuerza el papel y atribuciones del juez para evaluar las condiciones que rodean al deudor y los contenidos del contrato hipotecario en un contexto de crisis para que el resultado final ayude a una mayor justicia social. Y fija las medidas a seguir para evitar el sobreendeudamiento de familias en los nuevos contratos hipotecarios.