El Ministerio del Interior se opuso, durante el 2012, a las progresiones de grado (regímenes de semi-libertad) para tres presos que han rechazado la violencia, han abandonado ETA, han pedido perdón a las víctimas y han manifestado públicamente la autocrítica de su pasado. Da la impresión de que para los responsables de la política penitenciaria no cabe hacer distinción entre presos de ETA, lo cual es injusto para los que han cumplido las exigencias legales y quieren participar en la vida social y política mediante una revisión crítica del pasado "desde dentro".