Un golpe de Estado en Brasil amenaza a la democracia y a la soberanía nacional

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La presidenta Dilma Rousseff ahora corre peligro de enfrentarse a un juicio político, aunque no existe evidencia de que ella esté vinculada con el escándalo Lava Jato u otro tipo de corrupción. Al contrario, se le acusa de haber manipulado datos contables que de alguna manera tergiversaron la situación fiscal del Gobierno -algo que presidentes anteriores también han hecho-. Por citar un ejemplo, en Estados Unidos: cuando los republicanos se negaron a elevar el techo de la deuda en los EEUU en 2013, el Gobierno de Obama utilizó una serie de trucos contables para posponer la fecha de cierre con la cual se alcanzó el límite. Eso no preocupó a nadie.

La campaña por el juicio político para destituirla -a la cual el Gobierno ha denominado correctamente como golpe- está liderada por la élite tradicional brasileña para obtener por otros medios lo que no ha podido ganar en las urnas en los últimos 12 años. El expresidente Lula está acusado de recibir dinero de corporaciones por dar discursos y por hacer reformas en una propiedad que él dice no poseer. Pero aun si fueran ciertas estas acusaciones, no hay evidencia de un delito ni nada que lo vincule a actos de corrupción. Los supuestos hechos ocurrieron después de que Lula dejara la Presidencia -y otra vez, como en los EEUU, los ex funcionarios pueden legalmente recibir dinero por dar discursos. Sin embargo, el juez Sergio Moro, que dirige la investigación, ha liderado una efectiva campaña de difamación en contra de Lula. Tuvo que disculparse ante el Tribunal Supremo por divulgar conversaciones telefónicas interceptadas entre Lula y Dilma, entre Lula y su abogado, e incluso entre la esposa de Lula y sus hijos.

Por supuesto, el Partido de los Trabajadores no sería vulnerable a este intento de golpe si la economía no estuviera sumida en una profunda recesión. Pero aquí también los medios de comunicación están evidentemente equivocados, al presionar por más recortes de gastos y tasas altas de interés que sólo agravan y prolongan la crisis. Por el contrario, Brasil necesita un estímulo serio para poner en marcha la economía. Afortunadamente, el país cuenta con aproximadamente 353 mil millones de dólares en reservas internacionales y, por lo tanto, no está limitado por la balanza de pagos.

El principal obstáculo para su recuperación es el poder de los grandes bancos, que son como Wall Street en EEUU, pero aún más grandes. Brasil está pagando cerca del 7% del PIB en intereses de su deuda pública -más que Grecia en el pico de la crisis de su deuda-. Pero Brasil no tiene ninguna crisis de deuda, ni ningún riesgo significativo de incumplimiento. El pago de intereses abusivos es el resultado del poder político de sus propios bancos, que actualmente gozan de un margen récord de 34% entre el tipo deudor y el tipo acreedor. Solo reduciendo la carga de la deuda pública de Brasil al nivel que tuvo hace unos años, se lograría un estímulo significativo -cerca del 3.5% del PIB- que podría sacar al país de la recesión.

El Gobierno de los EEUU ha mantenido discreción acerca del intento de golpe, pero casi no hay dudas de cuál es su postura aquí. Siempre ha apoyado golpes contra Gobiernos izquierdistas en el hemisferio, incluyendo -solo durante el siglo XXI- a Paraguay en 2012, Haití en 2011 y 2004, Honduras en 2009 y Venezuela en 2002. El presidente Obama fue a Argentina para elogiar al nuevo Gobierno de derecha, pro-Estados Unidos y la Administración revirtió su anterior política de bloqueo de préstamos multilaterales a Argentina. Puede ser una coincidencia que el escándalo de Petrobras saliera justo después de una gran operación de espionaje de la NSA dirigida a la compañía -o no. Y actualmente, dentro de Brasil, la oposición está dominada por políticos que favorecen a Washington. Podría ser aún más lamentable si Brasil perdiese gran parte de su soberanía nacional, así como su democracia, como consecuencia de este sórdido golpe.

Este artículo fue publicado originalmente en Folha