Cospedal se sube al carro de los que pretenden 'escarmentar' a Greenpeace

El pasado lunes se celebró en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Toledo la audiencia previa de la demanda presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra Greenpeace, por la vulneración del derecho al honor de María Dolores de Cospedal, a raíz de la publicación del informe Amnistía a la Destrucción. Una investigación sobre los intereses privados que podrían haber influido en la reforma de la Ley de Costas aprobada la pasada primavera.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando en el transcurso de la audiencia los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reclamaron a Greenpeace 30.000 euros por vulnerar el derecho al honor de María Dolores de Cospedal. Yo pensaba que elevados valores como el que la señora Cospedal considera vulnerado no tenían precio. Pero he de reconocer que estaba equivocado.

Resulta más chocante aún que, para esta demanda sobre los derechos particulares de Dolores de Cospedal, se utilicen los servicios jurídicos de la Administración autonómica para la defensa de intereses privados, sobre todo cuando el informe de Greenpeace no se refiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya que, como es evidente, dicha junta no tiene competencias en el ámbito de la Ley de Costas.

A María Dolores de Cospedal esta denuncia, que se enmarca claramente en su esfera privada, le sale gratis. Lo van a pagar los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero para Greenpeace los 30.000 euros que nos reclama supondrían las cuotas de un año de 400 socios. El próximo día 6 de marzo, a las 10:00 de la mañana, se celebrará el juicio en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Toledo. Y dado el empeño que ha puesto en este asunto, allí estaré y espero verla allí porque cuando se denuncia la vulneración del honor hay que estar a la altura de las circunstancias.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que se lesionaba el honor de su presidenta por la publicación en los medios de comunicación de informaciones referidas al informe de Greenpeace, del que se deducían conexiones entre el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas constructoras. Pero en ningún momento se señala a Cospedal como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, sino que se la mencionaba simplemente por estar casada con López de Hierro, quien fue consejero en una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Greenpeace es una organización ecologista que, ante un proyecto de modificación de una Ley que va a suponer un retroceso histórico en la protección medioambiental de la costa, expresó su opinión libremente. Malo sería para el Estado de Derecho que se penalizara a Greenpeace, una organización mundialmente reconocida por su defensa del medio ambiente, que está recogido en el Artículo 45 de la Constitución española, y que no pudiera expresar su opinión amparada en una inexistente vulneración del derecho al honor. Esto sentaría un grave precedente al limitar la libertad de expresión y de información.

Sea en Toledo o en Múrmansk, al norte del Círculo Polar Ártico -donde 28 activistas de Greenpeace, un fotógrafo y un cámara independientes permanecen encarcelados desde hace casi un mes por protestar pacíficamente contra la amenaza de la explotación petrolera en el Ártico-, lo cierto es que determinados poderes económicos y políticos parecen empeñados en criminalizar el activismo pacífico y se han propuesto escarmentar a Greenpeace. Ya sea reclamando grandes cantidades de dinero o encarcelando a sus activistas.

Hay algo que deben tener claro los escarmentadores. No se puede encarcelar el arco iris, ni intimidarnos con cuantiosas reclamaciones de dinero. Ni nos vamos a resignar, ni a callar.