#18aNOalTTIP: la democracia y los derechos no son negociables
No es aceptable tratar de crear un marco global de intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos que se sustente en la opacidad, que anteponga los beneficios privados y los desmesurados privilegios para las grandes empresas e inversores frente a los derechos de las personas, el medio ambiente y la democracia. Por eso, Greenpeace hoy también grita #18aNOalTTIP
Hoy es el Día de acción global contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP. Y Greenpeace estará también entre los que se oponen.
Para nosotros no es aceptable tratar de crear un marco global de intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos que se sustente en la opacidad, que anteponga los beneficios privados y los desmesurados privilegios para las grandes empresas e inversores frente a los derechos de las personas, el medio ambiente y la democracia. La ciudadanía debe seguir movilizándose para evitar que se consume semejante despropósito. Por eso, Greenpeace hoy también grita #18aNOalTTIP
Este acuerdo esta siendo gestado de espaldas a la ciudadanía, con una falta de transparencia que raya la indecencia. Con este acuerdo se pretende derribar cualquier barrera que obstaculice el libre comercio, y para ello, el objetivo es derribar el Estado del bienestar social y ambiental europeo, en aquellas regulaciones que frenen dicho comercio. Por poner un ejemplo: se pretende sortear la oposición de la ciudadanía europea a los transgénicos, al fracking o las prospecciones petrolíferas.
Es fundamental que haya transparencia en todos los documentos relacionados con las negociaciones sobre el TTIP, incluidos los borradores de textos consolidados, que deben hacerse públicos y facilitar un debate publico abierto y crítico sobre el TTIP. ¿Qué tienen que ocultar a la ciudadanía quienes la representan en las instituciones europeas?
Debe ser un proceso democrático que permita examinar y evaluar los textos de negociación y garantice que las políticas estén al servicio del interés publico, impliquen la participación del Parlamento Europeo, permitan debates en los parlamentos nacionales y se incluya a las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, y no sólo los lobbies económicos y financieros.
Las autoridades públicas deben conservar el poder político y las estructuras que se requieran para proteger determinados sectores sensibles y salvaguardar las normas que son importantes para nuestra calidad de vida. Deben respetarse y aplicarse las normas ambientales acordadas internacionalmente. No debe haber ninguna restricción a las normas de protección internacionales y europeas en materia de derechos humanos.
No podemos permitir la desregulación de las leyes que salvaguardan y protegen el interés publico. La legislación de la Union Europea debe respetarse, y no "armonizarse" conforme al mínimo común denominador. Entre ellas, cabe señalar la protección del medio ambiente, incluida la regeneración de nuestros recursos naturales; la legislación de protección social, laborales y las relativas a la protección de los consumidores y la salud publica; el bienestar animal; la seguridad alimentaria y las practicas agrícolas ecológicas; el acceso a la información y el etiquetado. La armonización no es aceptable si va en detrimento de las normas y las salvaguardas acordadas democráticamente en Europa. Debe aplicarse de forma generalizada el principio de precaución.
El TTIP significa deterioro democrático, degradación del medio ambiente y pérdida de derechos sociales y laborales, más especulación por la liberalizaría aún más el sector financiero. Significa que las empresas podrán denunciar a los Estados, en todos los niveles de las administraciones públicas si consideran que una ley, una norma o una decisión política limita su acceso a los mercados y las demandas, podrían terminar con cuantiosas sanciones económicas, y no las resuelven los tribunales de justicia sino sistemas de arbitraje creados al margen de todo control jurídico democrático.
Con el TTIP, ganan las élites económicas, ya que el acuerdo daría prioridad al derecho de las empresas, inversores y especuladores. Y luego está la otra parte de la balanza, los grandes perjudicados: los derechos de la ciudadanía, ya sea la protección del medio ambiente, los servicios públicos, el control de la calidad alimentaria, unas condiciones laborales justa. Todo al arbitrio de unas reglas del comercio y el libre mercado que solo benefician a unos pocos.
Por ello, hoy nos movilizamos para decir alto y claro que no queremos un acuerdo que hipoteque nuestro bienestar social y ambiental y el de las generaciones futuras.
