Hacer delirar al sentido común

¿Cómo?

Pero no escuchan, pero no responden. Oídos sordos al sufrimiento de la ciudadanía más vulnerable por un puñado de votos.

Casi el 90% de las menores que abortan informan a sus padres; es más, acuden con ellos. Un 12% no lo hace. Puede no hacerlo. Viven en situación de desamparo dentro de sus propias familias e informarles acarrearía consecuencias previsibles.

Padres en la cárcel. Conflictos graves con sus progenitores. Violencia. Amenazas. Coacciones.

Violaciones.

El 80% del abuso sexual ocurre dentro de la familia. Cuando tu propio padre abusa de ti, y te quedas embarazada, quizá sea sensato (llamadme loca) abortar sin informarle.

Situación de desamparo. Por eso, el Estado las ampara. Es su función, la suya y la de la ley. Pero no por mucho tiempo. El Gobierno modificará la ley para obligar a esas mujeres a contar con el consentimiento de sus padres. Imponer la obligación de recibir el consentimiento precisamente de quienes ejercen sobre ellas violencia, o incluso abuso sexual las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Pero, ¿cómo?

Una reforma meramente moralista y política que nada tiene que ver con las necesidades sociales, y menos aún con la protección de la mujer. Y sin que exista demanda social alguna: el 0.0% de la sociedad señaló la ley del aborto como un problema principal en España (CIS 2015). El 50% está satisfecho con la ley. El 36% prefiere ampliarla. Sólo un 8% quiere que sea más restrictiva (DYM 2014).

Pero, díganme ¿cómo?

No importaron las veces que pregunté al grupo popular cómo resolverán las consecuencias dramáticas que provocarán con su reforma. No escuchan. No responden. Oídos sordos por un puñado de votos. Para ellos, el Senado es un lugar para hablar. No, sin embargo, para escuchar.

¿Cómo vamos a proteger a estas mujeres? Unos pocos votos valen la seguridad y la vida de mujeres en situaciones dramáticas. Ya que no pueden conseguir nuevos votantes luchan, al menos, con garras y dientes, por mantener a los pocos más fieles. A los más radicales. A esos que, por ideología, son capaces de hacer delirar al sentido común.

¿Dejan, en su reforma, alguna manera de que esas jóvenes eviten tener que informar a sus padres con la nueva ley? Sí, fácil. Muy fácil: llevarlos a juicio.

No se ha regulado siquiera el proceso en el que se deberán resolver estos conflictos, por lo que es bastante probable que haya diversas interpretaciones sobre el procedimiento que habrá que elegir según lo entienda cada juez. Deberán, de todas maneras, llegar a los tribunales, solicitar un defensor judicial, solicitar que el juez dirima el conflicto teniendo que enfrentarse a sus padres (o solicitar abogado y procurador antes de poner una demanda, dependiendo de lo que el juez entienda que sea el procedimiento correcto, ¿quién sabe?), practicar pruebas.... Y mientras tanto, trascurriendo el tiempo, el tiempo en el que ella sufre un vía crucis jurídico que difícilmente dará respuesta dentro de plazo: las semanas pasan, restándose de esas catorce que la ley permite para poder interrumpir el embarazo. Dependiendo del procedimiento que el juez interprete oportuno, quizá pasarán más, quizá pasarán menos. Pasarán más lento. O quizá más rápido. Y quizá se arregle pronto y pueda interrumpirlo. O quizá no, y tenga que ser madre con diecisiete años, sin recursos y teniendo que renunciar a estudiar y a labrarse un futuro, tras haber llevado a sus padres a juicio (como para pedirles después, ya con el niño, ayuda económica).

Quizá sí. Quizá no. ¿Quién sabe? El grupo popular, al menos, no. Se lo he preguntado innumerables veces estos días en el Senado. Pero no escuchan. Pero no responden. Oídos sordos por un puñado de votos.

Una menor no va a enfrentarse a semejante proceso. Incierto. De duración imprevisible. Uno en que tiene que demandar a sus propios padres e incluso enfrentarse a ellos en los tribunales sin que ello le asegure, sin embargo, que podrá elegir finalmente si ser madre o no, decidir sobre su vida y futuro. No. No se enfrentará a un proceso que le exige todo sin asegurarle nada. Bastará con que pida aquí algo de dinero, que haga allí un par de preguntas adecuadas, y acudirá a someterse a un aborto clandestino. Insalubre. Peligroso. Quizá tenga suerte y todo vaya bien. Quizá no y muera. Entre ambas posibilidades, un magnífico abanico de posibilidades para jugar a la ruleta rusa. Esterilidad. Infecciones. Hemorragias. Edema pulmonar. Restringir o prohibir que las mujeres interrumpan su embarazo no impide que lo hagan; impide que lo hagan en condiciones legales, seguras y controladas. El aborto clandestino es la primera causa de muerte femenina en algunos países prohibicionistas como Argentina.

Y para quien no le gusten los dramatismos, pongámonos menos trágicos. Mujeres de dieciséis o diecisiete años, emancipadas. Casadas y con un primer hijo. Vuelven a quedar accidentalmente embarazadas y deciden, junto a su marido, no tener un segundo hijo. Pues el Gobierno va a considerar la decisión de ese matrimonio inválida. Si los padres de ella no dan el consentimiento, fin de la historia. En nuestra legislación actual se otorga la capacidad de decidir de una mujer de 16 o 17 años sin representación de los progenitores sobre actuaciones médicas tan importantes como quimioterapia, operaciones con riesgo vital, trasplantes o ligadura de trompas. También se les puede exigir responsabilidad penal y pueden decidir si quieren ser madres. Eso sí, no pueden decidir no serlo. Menos trágicos, pero más descabellados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortó en junio de 2015 al Estado Español a retirar esta proposición de ley por ser incompatible con las normas internacionales de derechos humanos.

Pero no escuchan.

Ideológicos, radicales, minoritarios. Pero a veces, por un puñado de ellos, se hace delirar al sentido común.

Foto: EFE