La herencia recibida
Hasta hora se han cantado las glorias de la Transición. Es el momento de reconocer sus errores. La crisis no se resolvería con el desprecio a los ciudadanos sin una soberbia gubernativa propia de una dictadura.
Culpar por sistema al otro es una estrategia propia de la ratonería política. Eso es lo que hace el Gobierno actual cuando responsabiliza de los problemas de España a la gestión de Rodríguez Zapatero. España y Europa sufren una crisis política, económica y cultural de primera magnitud. Dentro de la crisis general europea, el declive de la situación española está llegando a unos extremos sociales alarmantes. Por eso conviene tomarse en serio la meditación sobre la herencia recibida y buscar la geografía profunda de las responsabilidades. ¿De qué herencia hablamos? ¿Por qué asistimos a este deterioro democrático en el que los derechos y los valores cívicos se han convertido en una mercancía prescindible, una conquista de usar y tirar?
Por lo que se refiere a Europa es hora de asumir los errores del proceso. Favorecer una unidad de mercado y apostar por una moneda única sin construir un Estado, un ámbito político capaz de regular la economía al servicio de los ciudadanos, ha sido una de las imprudencias sociales más graves de la historia contemporánea. Someterse a los vientos de los poderes financieros sin una fiscalidad común y sin un Banco Central activo fue una cruel temeridad ideológica en un momento en el que la economía especulativa borraba de las ambiciones mercantiles los recursos de la economía productiva. En ese sentido la responsabilidad va de Rajoy a Zapatero, y de Aznar a Felipe González. Esa es la herencia, nuestra responsabilidad, compartida con el resto de los países europeos.
También compartimos con otros países la confusión dominante en los últimos años entre modernidad y mercado salvaje. La eficacia económica pasó a relacionarse de forma inevitable con la privatización de servicios públicos y la pedagogía se puso en manos del dinero. En los planes de estudios, las líneas de investigación y los paradigmas culturales, los valores éticos que ayudaban al equilibrio social y la convivencia se humillaron a la rentabilidad económica. El reconocimiento público se convirtió en un asunto de saldos bancarios y resultados de negocio. ¿Dónde están los intelectuales? Una pregunta cínica cuando llevamos años esforzados en la liquidación política del humanismo.
Esta inercia generalizada ha hecho más daño allí donde la situación democrática estaba lastrada por la debilidad. Es el caso de España. Aunque se intente identificar ahora el Estado de las Autonomías y sus servicios públicos con el derroche imprudente, los datos demuestran que España está por debajo de la media europea en la inversión educativa, sanitaria, administrativa y social. Ahí nos separamos de Europa, como nos separamos también en el trato ofensivo que se les está dando a unos ciudadanos. Tenemos un Gobierno que nos criminaliza.
El Ejecutivo hace sin pudor exactamente lo contrario de lo que recogió y prometió en su programa electoral. El Congreso de los Diputados lleva días defendido por un cerco policial. Nadie puede pasar por la Carrera de San Jerónimo. Como si estuviésemos en un Estado de Excepción, se actúa a través de decretos. Asistimos al espectáculo delirante, propio de una farsa tercermundista, de que los hooligan parlamentarios animen una sesión trágica aplaudiendo cada vez que el presidente anuncia un recorte de derechos económicos o cívicos. Una diputada llega incluso a resumir en frase muy ilustrativa, "que se jodan", el sentimiento de prepotencia, casta y alejamiento de la realidad social que caracteriza a los gobernantes. Las mujeres de los mineros son registradas en bragas y sujetador para entrar en el Congreso. Se suspende la información pública libre a través de un cambio en la legislación que somete el trabajo de los profesionales al control del partido en el poder. El BOE no para de publicar indultos para políticos corruptos y policías condenados por tortura. Esto se parece mucho a un régimen.
El concepto de herencia recibida, desde una perspectiva cívica, salta de Felipe González a Adolfo Suárez y de éste a Franco. Hasta hora se han cantado las glorias de la Transición. Es el momento de reconocer sus errores. En España no habría una Ley Hipotecaria tan injusta si el poder financiero no hubiese conservado un peso político propio de una dictadura. En España no existiría un funcionamiento judicial tan anómalo -la ley no serviría para blindar a los caciques sociales-, sin un Poder Judicial marcado por un gremialismo y un sectarismo burocrático propios de una dictadura. Y la crisis no se resolvería con el desprecio a los ciudadanos, con la devolución económica, laboral y social de sus vidas, sin una soberbia gubernativa propia de una dictadura. Esta es la herencia recibida: el lado oscuro de una Transición que ha tratado a los más notables herederos del fascismo como si fuesen padres de la democracia.
"El azar no tiene perdón si se ha ofendido a una divinidad", escribió Ovidio después de que el emperador Augusto lo desterrara a Tomis. El ámbito sagrado de la dignidad social lo marcan el respeto a la memoria democrática, la virtud pública y los derechos de los ciudadanos. La herencia recibida de la Transición ha ofendido muchos valores sagrados. Y ahora lo estamos pagando. Es una responsabilidad colectiva.