Golpe de la justicia a una empresa subcontratada por Dior
Con sede en Italia, subcontrataba a sociedades acusadas de explotación laboral de ciudadanos chinos.
Una empresa con sede en Italia que trabaja en la realización de prendas para la firma de moda de lujo Dior fue puesta en administración judicial por subcontratar a sociedades acusadas de explotación laboral de ciudadanos chinos, que trabajaban en condiciones insalubres y algunos sin documentos, informaron este lunes los medios italianos.
Los Carabineros (policía militarizada italiana) del grupo de inspección de trabajo de Milán confirmaron que además se han impuesto multas de 138.000 euros y sanciones administrativas de 68.500 euros a la empresa, con varias sedes en el norte del país, por incumplir gravemente las normas de seguridad y por trabajar en negro.
Durante la operación se ha identificado a 32 trabajadores de los cuales siete trabajaban de forma clandestina y dos de ellos eran migrantes en situación administrativa irregular.
"Las condiciones de trabajo no cumplían con los convenios colectivos nacionales de trabajo del sector, puesto que el sueldo estaba por debajo del umbral, la jornada laboral no era legal y el lugar de trabajo era insalubre, además las infraestructuras no cumplían con la normativa de seguridad y algunos empleados se hospedaban en el lugar en dormitorios que contaban con mínimas condiciones higiénicas", se lee en una nota de los Carabineros.
Según los medios, Manifactures Dior Srl, sociedad que depende del grupo Dior italiana, y que se ocupaba de la producción interna de parte de la colección de bolsos y accesorios de 2024 de la firma francesa, subcontraba a otras sociedades
"El precio del modelo de bolso de piel Dior marcado por ejemplo con el código PO312YKY que cuesta a los clientes 2.600 euros en la tienda, Dior lo pagaba a 53 euros para comprarlo en la fábrica de trabajadores chinos", escribió este lunes el diario Corriere della Sera.
Con la administración judicial, los jueces esperan aclarar "las relaciones con las empresas proveedoras" e impedir mediante el nombramiento del interventor Giuseppe Farchione por un año que "la cadena de producción sea estructurada a través de licitaciones y subcontrataciones con empresas que adopten condiciones ilícitas de explotación de trabajadores".