Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales
Alegan que la Fiscalía informó al rey emérito de que tenía una investigación abierta y de que los delitos fiscales no han prescrito.
Un grupo de magistrados y fiscales jubilados han presentado una querella contra el rey emérito por delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018.
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, se interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por considerar que existen elementos suficientes para constatar la existencia de delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018.
Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional.
Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
El objeto de la querella se centra en la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el rey emérito al estimar que los efectos de la regularización de la situación tributaria que se realizó en 2021 se han aplicado indebidamente.
"Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente", señalan.
Recuerda que en el sistema procesal, la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular.
"Los órganos judiciales son los únicos competentes para determinar, con carácter definitivo, si la regularización es correcta o por el contrario, como sostenemos, no se ha ajustado la legalidad".
Consideran que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no debió permitirse porque el rey emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.
