El 34 % de los niños y adolescentes españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social y, dentro de ellos, el peor parado es "justamente es el tramo de edad que va desde los 13 a los 17 años. El más abandonado en las ayudas y en las prestaciones". Así lo explicó la socióloga Eva Sánchez en una convocatoria en la que Plataforma de Infancia presentó el informe Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia, elaborado a partir de los datos del INE sobre 2024.

En concreto, hablamos de 2,7 millones de niños y adolescentes, 7.415 más que en el año anterior.

Una de sus principales conclusiones que extraen es para abrir los ojos: en un contexto de mejora general, la pobreza y la exclusión social ha aumentado para la infancia. En otras palabras, las del director de la institución, Ricardo Ibarra: "Aunque los ingresos medios de la población han mejorado, la infancia sigue siendo el grupo más vulnerable".

Según los datos de 2024 el 29,2 % de los niños y adolescentes vivieron por debajo del umbral de la pobreza y el 7,1 %, en hogares con baja intensidad de empleo. También el 10,2 % (812.204 niños y adolescentes) experimentó carencias materiales severas, pese a que la cifra ha bajado 0,6 puntos. 

Este es un indicador que mide la falta de acceso a necesidades básicas y que se traduce, por ejemplo, en que "el 17,9% vive en hogares que no pueden tener una temperatura adecuada a lo largo del año" o que "el 6% de los menores de 16 años no pudieron permitirse ir al dentista", como desgranó Sánchez.

"Un 8,5% de niños y niñas no dispone de ordenador en casa, lo cual limita su educación. Un 6,4% de los menores de 16 años no pueden participar en viajes o acontecimientos escolares. El 25,6% de los niños, niñas y adolescentes no han podido disfrutar de vacaciones durante el 2024 de al menos una semana", agregó.

Además, el 53,7 % de los hogares con niños y adolescentes afirmó tener dificultades para llegar a fin de mes.

Radiografía de quiénes son los más vulnerables

Si se traza el perfil de la infancia con mayor riesgo de pobreza, los más vulnerables están en zonas rurales, "las que menos coberturas tienen en servicios", según la socióloga. En concreto el 35,7 % de la infancia de zonas rurales está en riesgo. "No obstante, ese año ha subido de manera considerable el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestras grandes ciudades", puntualizó.

Además de los adolescentes de entre 13 y 17 años, también hay que mencionar en esta radiografía a los que tienen padres de nacionalidad extranjera y a las familias monoparentales: "La mitad de ellas están en riesgo de pobreza y exclusión social".

"Además, la infancia con padres y madres con menor nivel de estudios es la que mayor riesgo de pobreza tiene. Y luego también la que vive en hogares con personas ocupadas, pero que son ocupadas pobres", recordó.

Yendo al detalle por comunidades autónomas, el año pasado algunas comunidades que mantenían tasas relativamente bajas han subido y viceversa. En 2024, Andalucía presentaba las tasas más altas de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 44,4 %, seguida de Murcia (43,9 %) y Canarias (38,6 %). 

La región con mejor tasa fue Galicia, con un 16%. Desde Plataforma de Infancia destacan el empeoramiento producido en La Rioja y Navarra y la mejora de Canarias y Extremadura.

Posibles medidas de protección a la infancia

"El diagnóstico es evidente, tenemos una falta de protección social y de medidas suficientes", señaló Ricardo Ibarra, quien incidió en que "tenemos un Estado del bienestar muy poco protector con la infancia, es generoso, o probablemente mejor en otros grupos de edad, pero en el caso de la infancia, las medidas que existen son muy pequeñas, de muy poca cuantía y con muy difícil acceso. Esto se traduce al final en que España invierte el 1,5% del PIB, según datos de Eurostat, en ayudas a la infancia de la familia, frente al 2,4% que le correspondería para su PIB".

Desde la organización que dirigen plantean la necesidad de medidas como la ayuda a la crianza a través de una deducción fiscal reembolsable: "Lo que estamos pidiendo no es darle dinero a todo el mundo, sino precisamente que el dinero que ya está llegando a aquellos que hacen la Declaración de la Renta llegue a los que no la hacen".

Piden también que se aplique la directiva de conciliación "que contempla permisos remunerados de ocho semanas para padre y madre, el doble para familias monoparentales" y que las ayudas que están dirigidas a las familias más vulnerables, como el Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de ayuda a la infancia (CAPI) lleguen y sean fáciles de acceso. Este último, precisó "un 73% de las familias que deberían recibirlo no lo están recibiendo".

Mejorar el acceso de 0 a 3 años, mejorar las políticas dirigidas a los adolescentes, mayor gasto público en becas o acceso al comedor escolar también están entre sus propuestas, así como incrementar en 1,5 millones las viviendas del parque público,"donde se priorizase la presencia de niños y niñas hasta acceso al alquiler, garantizar que no haya desahucios si hay presencia de niños y niñas si no hay una alternativa habitacional, o la prohibición de los cortes de suministros en esas situaciones de vulnerabilidad".