Limitar el porno a los menores es necesario, pero no lo es todo

"Sí, tengo más de 18 años" o "No, soy menor de edad". A golpe de click, hasta ahora, los contenidos para adultos y la pornografía simplemente estaba a una elección con el ratón similar a la de aceptar o no las cookies de cualquier página web. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado —tal y como adelantó Pedro Sánchez en su entrevista en El País— que pretende desarrollar una ley de protección a los menores ante la pornografía que cuente con un sistema propio de verificación de edad para limitar el acceso a éstos.

Según han anunciado, se está trabajando en un software desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre "pionero" en este ámbito que, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte Pilar Alegría estará en funcionamiento este verano.

Esta iniciativa, según ha informado Alegría, será "multidisciplinar" y va a contar con la implicación de los ministerios de Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, Igualdad y Transformación Digital, además contará con un grupo de 50 expertos, liderado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, la portavoz del Gobierno ha asegurado que en estrategia también participarán las comunidades autónomas y las empresas tecnológicas.

Además ha animado "todas fuerzas políticas, independientemente de su ideología y forma de pensar, van a estar de acuerdo en trabajar" en esta normativa. De hecho, el Partido Popular ha manifestado su apoyo, pero ha acusado al PSOE de "ir tarde" y ha destacado que ellos ya presentaron una medida similar. 

La preocupación por la pornografía no es nueva. Según los datos de Save The Children publicados en 2010, la edad media de acceso es de 12 años, aunque los especialistas apuntan a uno incluso más temprano que ronda los 9 años. 

Esto se ha asociado, entre otros problemas, con el aumento de delitos sexuales —con un incremento de estos delitos cometidos por menores de un 14% entre 2021 y 2022, según datos del INE—, problemas de autoestima y, sobre todo, con una percepción totalmente distorsionada de la sexualidad, provocada principalmente por la ausencia de educación sexual. 

Según el informe Juventud y pornografía en la era digital: consumo, percepción y efectos de la Fundación FAD Juventud, la pornografía es "el principal agente de socialización sobre sexualidad” de la infancia y la adolescencia. Esto hace que los especialistas pongan el foco en él, pero no lo abordan como la única causa.

Limitar el porno, sí, pero con fondos para educación sexual

Para los especialistas en infancia y educación sexual, la noticia de que se vaya a controlar el acceso a páginas de contenido sexual para adultos a menores de edad es una buena medida, pero creen que es insuficiente si no se toma de la mano de una mayor apuesta por la educación afectivo-sexual.

"Considero evidentemente la intención es buena, que el objetivo con el que están planteadas estas medidas es proteger a los menores de determinados contenidos que pueden encontrar online. Pero me resulta un poco ambiguo porque se habla también de 'medidas multidisciplinares desde la educación', que no se sabe a qué se refiere realmente esto", apostilla la sexóloga y divulgadora de educación sexual en institutos, Laura Marcilla, quien se queja de que no haya personal formado para implantar esta formación en las aulas.

"Seguro que hay profesores y profesoras de instituto y colegios que quieren trabajar la educación sexual en las aulas con la mejor de las intenciones. Pero en muchas ocasiones no tienen la formación necesaria porque todavía a día de hoy, por desgracia, la educación sexual no es una asignatura en las carreras de Educación", añade.

Tal y como explica Marcilla, son muchos los docentes que se forman "de su bolsillo" en estas materias que no están regladas, pero sí recogidas en el currículo educativo: "Es algo tan ambiguo que no se sabe quién lo va a hacer ni qué cantidad de horas, qué manera, qué metodologías, cuánto tiempo, etc. Echo de menos un poco más de concreción en cuanto a las medidas educativas".

En este sentido coincide con Irene Montiel, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC y criminóloga experta en victimización infantojuvenil, quien celebra que la medida "haya llegado a quien toma decisiones" por ser ejemplo de que "las investigaciones y los movimientos sociales" han tenido efecto. Sin embargo, recuerda que ya había legislación previa que permitía aplicar medidas eficaces como ocurre con la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI) de 2021 o el Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

"Esa ley que se publicó hace poco más de dos años contiene medidas que además van más allá, porque hablan también de sistemas o de promover la formación, la educación afectivo-sexual, etc. que es lo que más falta hace", enfatiza Montiel, quien valora de forma positiva el pacto de Estado que se propone y la participación transversal de los distintos ministerios así como que cuenten con expertos.

"Que haya que publicar otra ley, que va a costar otro año o dos años en que se apruebe, cuando se acaban de aprobar leyes que nos permitirían estar ya implementando medidas eficaces, me parece que es innecesario", zanja. "Lo que hace falta es dinero, básicamente, para poner en marcha las medidas que se promueven tanto en la LOPIVI como en la Ley General de Comunicación Audiovisual, como en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales", explica.

Para Selma Fernández, coordinadora de programas de la Federación de Asociaciones Para la Prevención del Maltrato Infantil (fapmi-ECPAT España), no hay que ser "simplistas a la hora de abordar esta problemática".

"Una de las cuestiones que a nosotras nos parece clave es tener en cuenta las motivaciones que pueden llevar a niños, niñas y adolescentes al consumo de este tipo de materiales y que van desde la curiosidad sexual, hasta poder satisfacer aquellas dudas que puedan tener con respecto a la sexualidad y para las que no están encontrando respuesta ni en las familias, ni en general, por parte de las personas referentes adultas", explica Fernández y recalca que para poder solucionarlo hay que plantear una estrategia integral en la comunidad educativa en su sentido más amplio.

Asimismo, enfatiza que la formación en estas materias debe ahondar en los espacios virtuales y los riesgos a los que se exponen "que no solo van a depender de qué se encuentren, sino de cómo se relacionan en este espacio, y con quién lo hacen". "Es esencial que podamos acompañar a niños, niñas y adolescentes en el uso seguro de estas tecnologías y proporcionarles las herramientas y los recursos que les permitan poder detectar potenciales situaciones de riesgo, y saber a dónde acudir", añade Fernández.

Las barreras con las que se encuentra la educación sexual

El principal problema a la hora de impartir educación sexual o formación relativa a los riesgos que supone la pornografía u otros contenidos para adultos en internet es la falta de recursos. De hecho, la falta de obligatoriedad no ayuda a una promoción de recursos. Según datos de la Fad, un 45,9% de los jóvenes españoles entre 16 y 29 años han señalado no haber tenido formación en educación sexual en sus centros educativos. 

Pero esta no es la única traba, Marcilla apunta a que se suele encontrar con "tres tipos de barreras", entre ellas la falta de recursos. Otro motivo es que hay centros que ni se plantean hacerla ni la consideran necesaria. "Hay centros a los que no llega, es un tema que se barre debajo de la alfombra al no estar especificado en el currículo cómo aplicarla, se acogen a esa laguna legal", explica. 

Por otro lado, otro tipo de inconveniente es que muchas familias se oponen y el rechazo coarta a los institutos o colegios a realizarla: "A lo mejor, no ponen pegas a un taller de autoestima, pero sí a uno de desarrollo de pensamiento crítico sobre la pornografía y sus mensajes porque se echan las manos a la cabeza por las reacciones que puede haber". 

En cuanto al contenido que se da en las formaciones, según el Estudio descriptivo de los recursos sobre Educación Sexual en el ámbito no-formal disponibles en España de 2023, el 42% de los contenidos eran orientados a la reproducción y anticoncepción (42%), seguidos de la violencia (25%) y el género (14%). La pornografía no es un tema a abordar y la conducta sexual ocupa solo un 2% de los contenidos.

Esta falta de recursos no solo se muestra en la educación sexual, tal y como recuerda Montiel, también lo hace en la figura del coordinador de bienestar, que se aprobó en 2022. "Se está llevando a cabo de aquella manera porque en la mayoría de las comunidades autónomas no existe dinero para pagar a esta figura. Se le está asignando a un docente, pero sin quitarle horas de docencia, sin ofrecerle formación especializada, sin ningún tipo de suplemento en el sueldo, etc.", recalca y enfatiza que "es una figura lo suficientemente importante para tener una dotación presupuestaria". Tal y como recuerda, "esto no es responsabilidad del docente motivado, es una responsabilidad de las administraciones públicas".

En este sentido, Fernández ve fundamental que los referentes adultos de niñas, niños y adolescentes desempeñen un rol en la formación de esos menores. "El modo en cómo se experimenta la sexualidad, cómo se desarrollan las habilidades sociales, las relaciones afectivas, etc. se aprenden desde la primera infancia, y es necesario que las familias cuenten con información suficiente sobre las necesidades que tienen niños y niñas a medida que se van desarrollando", señala y recuerda que hay también que reforzar conceptos como la parentalidad positiva en el contexto online para ayudar en esa defensa online junto con los centros educativos.

"Es otro gran agente que contribuye a la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias al tiempo que es un potente entorno socializador y constituye un ámbito para proporcionar pautas y estrategias que permitan a niños, niñas y adolescentes adquirir conocimientos", señala.

Marcilla, por el contrario, recalca que "si relegamos la educación sexual a las familias, también estas ideas negativas como la homofobia o el machismo se van a seguir perpetuando". "Tampoco olvidemos que cuando hablamos de abuso sexual infantil en el 80% de los casos son cometidos por alguien de la familia de la víctima, por lo cual, no va a querer facilitar educación sexual. A esa persona le conviene que ese niño o niña no tenga conocimientos de sexualidad y no sea capaz de pedir ayuda, marcar límites y terminar con el abuso", señala.

El porno no es la única causa de la violencia sexual

Que el porno afecta a cómo aprenden los niños y adolescentes a relacionarse de forma afectiva y sexual es un hecho, pero las especialistas coinciden en que no es el único, ni se puede asociar una causa-efecto en las conductas sexuales, ni mucho menos a nivel de violencia sexual. 

"Creo que se está apuntando a un problema muy grave, que es el de la delincuencia sexual, en el que hay mucho alarmismo. Es cierto que los datos son los datos y que han aumentado principalmente las condenas de delitos sexuales cometidos por menores en los últimos años, pero se está haciendo una lectura muy sesgada de la situación, porque esto no se debe sólo a que consuman pornografía", explica Montiel.

La criminóloga señala que este fenómeno está muy estudiado desde la perspectiva jurídica y criminológica y se ha estimado que es "multifactorial y multicausal", por lo que no solo se debe a la pornografía. 

"Pensar que limitar el acceso a la pornografía de los menores va a solucionar el problema de la delincuencia sexual, me parece muy desacertado", sentencia y recalca que la medida demostrada más efectiva es la educación y la formación. 

Tanto ella como Fernández y Marcilla admiten que es un riesgo que afecta a la formación y a cómo aprenden a socializar con efectos como conductas violentas en el ámbito sexual a una dependencia de la pornografía, pasando por perpetuar la desigualdad entre géneros. 

Sin embargo, Marcilla advierte que "los mismos mensajes que de forma más explícitas vemos en el porno, los vemos en otros ámbitos de la sociedad" y centrarse solo en la pornografía al 100% hace que se evadan los mismos.

"La publicidad también es sexista, las películas también, los contenidos de muchos y muchos influencers también son machistas, homófobos y romantizan el control en la pareja. Aunque mágicamente el porno desapareciera de la faz de la tierra de la noche a la mañana muchos de estos problemas seguirán existiendo porque son multicausales", añade y recalca que "porno está en la misma línea de la sociedad, que sigue en general roles machistas". 

Sí que apunta a que hay conductas de riesgo que se desnaturalizan y para las que es importante que se dé un contexto "siempre a su altura y desde su nivel" para que aprendan a no creerse esos contenidos como "la realidad". "Puede perpetuar ideas de que el orgasmo es imprescindible en la relación sexual o que cuando una persona dice que no, en el fondo no lo dice y no hay que respetarlo, sino que quiere decir que sí y no se atreve. "O el uso de preservativo, que estamos viendo que en ausencia de educación sexual y aumento de pornografía sí que es verdad que hay más prácticas de riesgo en adolescentes de esta generación que en otras cuando hay más acceso que hace 20 o 30 años", ejemplifica.

Desde fapmi-EPCAT España, recuerdan que hay otras prácticas que pueden influir y que son especialmente dañinas como que "normalicen el intercambio de contenidos sexuales a cambio de alguna contraprestación, con el consecuente riesgo a situaciones de abuso y explotación sexual a las que pueden verse expuestos y expuestas".

Por su parte, Montiel recuerda que los contenidos en internet son muy amplios y no se debe focalizar únicamente en la pornografía. "Hay que regular lo que es el espacios, las plataformas, los contenidos, el etiquetado, quién decide qué contenidos son apropiados y cuáles no", sentencia.

El ejemplo más claro son los videojuegos que cuentan con un código de etiquetado por edades llamado PEGI, pero ni es obligatorio para las empresas ni obligatorio de cumplir para las familias. 

"A los 18 años, como pasa con el GTA por ejemplo, a lo mejor deberían pedir el DNI al comprarlo, al igual que hacen con el alcohol o con el tabaco, porque en ese videojuego hay sexo, hay drogas, hay violencia explícita...  Es un poco de ser coherentes en todos los ámbitos", señala.

No señalar al menor, sino a quien oferta los contenidos

La cuestión de protección a los menores en la red debe fundamentarse también en el no señalamiento de quienes acudan a la pornografía. Las expertas coinciden que, ante la falta de formación sexual, los jóvenes acuden por mera curiosidad, como ya sucedía antaño, solo que la forma ha cambiado con la facilidad de internet.

Para Marcilla, especialmente los que son más pequeños y acceden a pornografía con 8 o 9 años no lo hacen con interés erótico, sino que se lo han encontrado de forma casual. "Le sale un banner de una mujer con los pechos al aire y le llama la atención y hace click o amistades, hermanos o hermanas o primos mayores les han mandado este contenido o lo han compartido. Cuando somos pequeños todo nos llama la atención, nos resulta interesante y queremos saber más. Si encima es de un tema del que no nos hablan habitualmente, pues más todavía", explica.

Además, desde su punto de vista, esta restricción aunque necesaria no cree que vaya a reducir el consumo por parte de menores y no descarta un efecto Streissand, es decir, que al prohibirse a los adolescentes les llame más la atención. "También es importante centrarnos en que si ven pornografía o cuando la vean, que haya alguien que les esté explicando qué es lo que están viendo. Es como si no quisiéramos que vieran nunca asesinatos en la tele o videojuegos donde utilizan armas de fuego o nada violento", explica la sexóloga. 

En este sentido, Montiel apunta a las plataformas que ofertan contenido. "Es lícito que un chico, una chica de 11 años, quiera saber sobre la sexualidad. No podemos tampoco culpabilizar a los jóvenes de que vayan a buscar información en internet. Cuando no existía internet y había que acudir a las revistas y cada uno se buscaba la vida como podía y preguntaba a quién podía, a un primo mayor, a una tía con quien tenía confianza...", justifica.

"Las responsabilidades son de las personas que están exponiendo a estos niños a este material cuando es inadecuado y daña su desarrollo neurocognitivo, emocional y psicológico, porque están construyendo su identidad sexual, su deseo, y todo se está viendo condicionado", señala. 

La criminóloga recuera que, además hay un delito tipificado de exhibir o difundir material pornográfico entre menores: "¿Por qué nos está castigando a estas empresas por facilitar ese contenido? Hay que tener muy claro, o sea, no culpabilicemos tanto a los jóvenes, sino a las empresas y a las personas que se están lucrando con la difusión de estos materiales".

Fernández recuerda que en ese trato de la privacidad, las empresas deben formar parte de la misma forma que la familia, la comunidad educativa o los menores. "El sector privado, especialmente el de las tecnologías de la información, cuyos servicios, productos, etc. son los que en realidad están siendo usados para la victimización de niños, niñas y adolescentes", señala.

Una legislación que sigue la estela de otros países

Aunque la legislación española apunte a una plataforma pionera para la verificación de edad, no es la primera en países europeos que se lleva a cabo. "En Reino Unido que ya cuentan con una ley integral para la protección de la infancia y la adolescencia en Internet, la Online Safety Act, o en Italia, donde recientemente se ha impulsado una normativa que precisamente, pretende restringir el acceso de las personas menores de edad a diferentes contenidos que pueden ser potencialmente dañinos, entre ellos los pornográficos", apunta la coordinadora de programas de fapmi-EPCAT España.

Otros ejemplos son la ley Avia en Francia que, tal y como recuerda Montiel, estaba destinada al control de "discursos de odio y contenidos nocivos para los menores". "En Alemania y Suecia también hay leyes estrictas para la protección de datos de jóvenes", señala y recuerda que fuera de la UE en Canadá o Australia hay incluso medidas de "eliminación rápida" de contenidos inapropiados. 

"No somos los primeros. Deberíamos fijarnos en qué se está haciendo y qué está funcionando en esos otros países para poder implementarlo aquí, no que cada país intente ser el mejor en algo y no miremos lo que hace el compañero", se queja Montiel.

En el caso de la legislación, las expertas coinciden que la Inteligencia Artificial y la generación del propio contenido por los menores es otro punto a tener en cuenta, como ya sucedió con el mediático caso de Almendralejo (Badajoz) en el que hasta 26 menores fueron investigados por desnudar mediante una app a algunas compañeras de clase.

"Desde hace unos años venimos observando un aumento del uso de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenidos. De hecho, empresas del sector apuntaban a que casi el 90% de los contenidos generados a través de estas tecnologías eran pornográficos", señala Fernández, quien recuerda que aunque algunos no tengan en cuenta a "personas reales", sí que "atentan contra la dignidad de las personas y perpetúa la cosificación de los cuerpos para el placer sexual de algunos individuos". 

Para Marcilla, en el caso de Almendralejo también falló la educación sexual o fue escasa, ya que no se llega a determinados conceptos en las charlas de hora y media o dos horas. 

"Les explicas ciertos términos, les enseñas a no fiarse de la gente que conocen online o no compartir fotos privadas, pero lo que hay detrás de un niño que ha generado ese contenido, la parte afectiva, la necesidad de popularidad que puede haberle movido a hacerlo, eso en dos horas no entra", explica. "Se queda a nivel informativo y la educación sexual debería ser formativa a nivel de afectos, de valores, de herramientas para el día al día, y en ese tiempo no da", sentencia.

Aunque esta medida sea recibida como una buena noticia, las especialistas coinciden en que se debe plantear como una "estrategia multiagencial y multinivel". Limitar el acceso al porno es una parte de una estructura que debe incluir la prevención, la formación y el acompañamiento de los menores para evitar que su única visión de la sexualidad sea lo que vean en una pantalla.