Guía para entender las medidas aprobadas en la nueva ley que protegerá a los menores en el mundo digital

"Es una ley pionera que pone en el centro los derechos de la infancia y que, in duda, supone un avance notable en la democratización  del entorno digital". Así presentaba esta mañana de martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el Proyecto de Ley para la protección de niños y niñas en el entorno digital. Una disposición que, como ha destacada la propia Sira Rego, ha contado con la participación activa de los niños, niñas y adolescentes.

Para fortalecer el impacto de esta ley, el ministerio contempla el desarrollo por parte de los poderes públicos y con el apoyo de expertos de una Estrategia Nacional para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Entornos Digitales. Esta prevé la puesta en marcha de un plan de alfabetización digital para niños, niñas y adolescentes, una escuela de padres para los entornos digitales en colaboración con los ayuntamientos y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), laboratorios públicos de cultura digital y un plan de investigación sobre los efectos de la tecnología en niños, niñas y adolescentes.

El texto, que cuenta con el aval de la Unión Europea y queda pendiente de su aprobación en el Congreso —aunque no tiene fecha de presentación—, tiene el objetivo de garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, así como el derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad. Estas son sus patas fundamentales:

Control parental obligatorio de fábrica para los dispositivos digitales

La obligación de que los dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto de servicios, aplicaciones y contenidos, que debe ser gratuito para el usuario y fácil de manejar. Este se activará en el momento de la configuración inicial del dispositivo.

Todos los dispositivos deben incluir un etiquetado que permita comprender los peligros y riesgos potenciales de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad.

Eleva a 16 la edad de consentimiento

Se eleva de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en su acceso a redes sociales, lo que en la práctica supone que hasta los 16 años no se podrá tener una cuenta propia.

Prohibidas las recompensas

Se prohibirá el acceso de menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas. Además se obligará a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias y a los influencers a avisar de forma inequívoca de contenidos que sean potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de lo menores.

Uso regulado por el entorno educativo

El uso de dispositivos en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, secundaria postobligatoria y educación especial se regulará por parte de los propios centros, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas.

Desde el ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, hasta la ESO y Bachillerato el uso didáctico de los dispositivos digitales será regulado por las comunidades autónomas y los centros educativos a través de sus planes de convivencia y digitalización.

Desde Primaria los alumnos participarán en un plan de alfabetización digital y darán clases para combatir bulos y hacer un uso responsable de internet.

Programas especiales en Atencion Primaria

Se crearán programas de prevención en Atención Primaria para identificar usos problemáticos de estas tecnologías y detectar cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado de las pantallas entre los menores.

Delitos del entorno digital

Reformas del Código Penal para, entre otras iniciativas, castigar con penas de prisión las deepfake  —imágenes, videos o audios que son editados o generados utilizando herramientas de inteligencia artificial—. Se tipificará como delito contra la integridad moral la generación y difusión de imágenes de contenido sexual o gravemente vejatorio contra cualquier persona, no solo menores de edad.

Se agravarán las penas cuando el infractor usa identidades falsas.

Se añadirán penas para la prohibición de acceso o comunicación en los entornos digitales de las víctimas con los agresores, es decir "las órdenes de alejamiento digital". Se proponen crear estas ordenes para los que cometan delitos contra los menores en estos entornos.

Se introduce como delito el colocar material pornográfico al alcance de menores de manera indiscriminada. Actualmente, se castiga a quien venda, difunda o exhiba material pornográfico entre menores de edad.

Se castigarán los engaños en internet por parte de personas mayores de edad que, mediante perfiles falsos, simulen ser menores de edad para entrar en contacto con niños y niñas, ganar su confianza y pedirles fotografías o vídeos de contenido sexual. Se castigará como agravante en los delitos contra la libertad sexual.