¿Cazatesoros o expolio? El conflicto legal de los detectores de metales y el patrimonio histórico

Búsquedas como "dónde comprar un detector de metales", "detector de metales barato" o directamente "cazatesoros" están cobrando fuerza en la red en los últimos años. Los resultados suelen llevar a foros, canales de YouTube y otras páginas webs donde se anima a buscar reliquias bajo tierra.

Sin embargo, esta práctica choca en algunos casos con la legalidad y el uso que se le dé a esos detectores de metales. Los arqueólogos e historiadores están en pie de guerra contra ellos desde hace años por el uso que pueden hacer los detectoaficionados con ellos y el posible daño que se pueden producir en los yacimientos arqueológicos. Incluso recuerdan que pueden incurrir en una ilegalidad.

Tal y como indican desde la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA), cada comunidad autónoma tiene una legislación. "Hay 17 legislaciones", explican. "Los arqueólogos utilizamos el detector de metales como otras muchas herramientas, como una excavadora o como un bisturí de cirugía para excavar, pero todas dentro de un contexto controlado, autorizado por la administración y todas con unos objetivos claros que son la protección y la defensa del patrimonio", se queja.

Entre las más restrictivas se encuentra Andalucía donde, según la normativa de noviembre de 2007, está prohibido sin autorización. "El uso de detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos arqueológicos, aun sin ser ésta su finalidad, deberá ser autorizado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico", señalan.

En otras, sin embargo, está permitido si se mantiene un radio entorno a los 2 kilómetros de yacimientos históricos, parques naturales o los conocidos como BIC (Bienes de Interés Cultural). "En todas está prohibido su uso en zonas arqueológicas protegidas y si se quieren utilizar para fines científicos, se exige una autorización de la administración competente en Patrimonio", explica Alicia Castillo, profesora del Departamento de Prehistoria y especialista en Arqueología de la Universidad Complutense.

Ilegal en muchos casos, pero difícil de controlar

Desde la PEPA aseguran que esta legislación es difusa y no hay un control exahustivo de estos aficionados ni del fin ni los daños que producen en zonas de interés arqueológico. 

"Lo que no puede ser es que haya gente que por ocio, que los hay, compren un detectorcito de metales, salgan al campo y, como el que va a buscar setas, se pongan a picar en cualquier parte desconociendo si están en yacimiento arqueológico o no y desconociendo que la legislación básica en España lo que te dice es que todos los bienes que sean arqueológicos son propiedad del Estado, de todos los españoles y españolas. Ellos cogen sus piececitas y se las llevan a casa", señalan.

Con respecto a las sanciones, esto también varía en función de la comunidad autónoma en la que se rastree y puede oscilar, tal y como indican en PEPA, desde sanciones administrativas o multas a juicios por expolio de patrimonio, que conllevan "multa, indemnización y pena de cárcel". 

Más allá de las consecuencias estrictamente legales que puedan tener, los arqueólogos denuncian el daño y la banalización del patrimonio que se produce con estos métodos de "búsqueda". 

"Como plataforma estamos hartos de este falso debate. Si los detectoaficionados quieren salir al campo y seguir robándonos, pues ellos verán y se atendrán a las consecuencias. ¿Si a la sociedad nos conviene que esto suceda? Nosotros los arqueólogos creemos que no", se quejan. 

"Pero desde luego, tendrán que intervenir las autoridades, no adoptar posturas paternalistas y decidir si dar un golpe en la mesa o no y decidir que está bien que lo roben. Nosotros lo que podemos hacer es advertir a la sociedad de lo que suponen estas acciones", añaden.

Castillo coincide con los portavoces de PEPA en que se trata de un daño al patrimonio muy importante en la mayoría de los casos y que se recurre al uso de dispositivos que cuestan entre 70 y 600 euros, sin tener conocimiento. "La legislación del Patrimonio Cultural es clara en este sentido, la mayoría de intervenciones con detectores de metales deberían ser consideradas expolio. El problema a veces es demostrarlo ante un juez", se queja.

"Desde el punto de vista de la ciencia arqueológica es nefasto en el 99% de las ocasiones (muy puntualmente se utiliza a modo de sondeo superficial en trabajos arqueológicos y con autorización correspondiente)", explica Castillo, quien recuerda que aunque se utilizan para detectar metales en arqueología, en la mayoría de casos no tiene el método científico para ello ni para la interpretación posterior de los mismos.

Puntas de lanza o monedas: objetos que son mucho más

Muchos de estos buscadores suelen clasificar sus "tesoros" por su valor estricto o lo que signifiquen, pero los arqueólogos reivindican que objetos como vasijas, monedas o puntas de lanza que se encuentren tienen un valor histórico dentro del yacimiento en sí y que hace falta comprender el contexto para extraerlo.

"Los arqueólogos no nos dedicamos a la búsqueda del tesoro, nos dedicamos a ver contextos históricos, a excavarlos que es la forma que conocemos para conocerlos mejor y extraer conclusiones de lo que ha pasado allí. Si llegas a un yacimiento y han desaparecido las piezas y, además, en el contexto en el que estaban está destruido, lo único que puedes decir es que ha pasado un expoliador y se ha cargado nuestro patrimonio", se queja el portavoz de PEPA.

El ejemplo más claro es una moneda, que puede tener poco valor histórico por sí misma, pero dependiendo de dónde se sitúe puede enriquecer el yacimiento. "Una moneda situada cerca del sitio de su ubicación original te permite establecer patrones de movimiento de esa moneda, establecer en qué tipo de contexto estás tratando, ¿es una donación intencionada, se le ha caído a alguien del bolsillo?", explican.

"Esta gente cuando entran con el detectorcito, lo que es moneda la recuperan, pero ¿y los materiales arqueológicos relacionados con ella? ¿Cerámicas o metales que para ellos no tengan valor en absoluto? Por ejemplo, a nosotros una esquirla de una fundición de hierro nos puede dar más información que una moneda", se quejan.

Además, señalan que, aunque en los foros de detectores de metales se recomiende tapar los orificios de las excavaciones, suelen dejar los yacimientos llenos de agujeros, lo que califican como un "desastre": "Multiplicado por 17.000 agujeros, es un desastre enorme".

Para ellos, lo que representan estos rastreadores es una banalización del patrimonio. "Se dice 'es solo una moneda, es solo un proyectil de honda romano'. Pues no, es tu patrimonio, tu acervo cultural, lo que puede hacerte mejorar tu comunidad", reivindican.

Desde PEPA recuerdan que muchos de estos "expoliadores" prefieren llevarse los objetos a casa y no entregarlos a un museo, a lo que se ven obligados según la legislación vigente desde 1985: "¿Qué derecho tienes tú a mantener en casa una colección que nadie va a ver, que no vas a estudiar y que se te va a pudrir?".

El cansancio que sienten los arqueólogos frente a esta polémica es evidente, más aún cuando el número de seguidores de ciertos canales de aficionados no hace más que crecer. "Esto es un efecto llamada evidente, si estas acciones que vemos en YouTube con tres o cuatro millones de seguidores, nadie les pone coto más allá de las denuncias continuas y no hay una actuación de la Fiscalía o las autoridades autonómicas que digan de dónde procede o de dónde se ha cogido, la sensación de impunidad es absoluta. Si él lo hace, por qué yo no", se quejan. 

"No podemos luchar con youtubers con cuatro millones de posibles trolls", señala el miembro de PEPA, que admite que este conflicto les ha llevado incluso a enfrentamientos legales.

El Patrimonio como uno de los mercados ilegales más importantes

Pese a que el valor histórico se pueda perder con este expolio de yacimientos anteriormente mencionado, sí que hay piezas que tienen un valor económico significativo, lo que genera una compra-venta ilegal mucho más potente de lo que se puede imaginar.

Desde PEPA recuerdan un hecho histórico significativo como fue el saqueo de los museos arqueológicos durante la invasión de Irán o Afganistán. Pero también de otros casos intrínsecamente relacionados con el mercado negro o la mafia. 

"El primer tombaroli (asaltante de tumbas) que asaltó una tumba Etrusca en Italia vendió en el mercado negro y cuando llegó a su casa estaba el capo local de la mafia esperando para exigirle sus beneficios", ejemplifican. "El patrimonio es el tercer o cuarto mercado ilícito más importante del mundo. Todos esos asaltos se mueven por donde se mueve el terrorismo internacional, el tráfico de personas o de drogas", añaden.

En España, la situación no es menor. Basta con recordar, entre otros, que en 2019 la Guardia Civil intervino en la llamada operación Patred más de 3.600 piezas de carácter numismático o de bisutería entre Torremolinos (Málaga) y Lucena (Córdoba). 

Existen otros ejemplos como el del pasado mes de febrero cayó una banda de Sevilla expoliando un yacimiento cercano a la antigua Numancia, en Soria.

 "¿Tú te levantas una mañana y dices 'voy a coger el detector de metales y me voy a meter 700 kilómetros, voy a dormir en una tienda de campaña en Soria, que va a hacer un frío del copón y voy a hacer 130 agujeros'? Alguien se los ha pedido, les han pedido material bélico de época romana y han dicho que podían conseguirlo en uno de los campamentos del cerco de Escipión", se cuestionan desde PEPA. "Eso necesita una estructura, es delincuencia organizada", sentencian.

Pese a que existan detectoaficionados, los arqueólogos ponen en relieve que el movimiento y el impacto que tienen muchas de las personas que hacen estas excavaciones se escapan del mero ocio. "Nos gustaría que alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía les prestara atención, que no pongo en duda las actuaciones del Seprona ni de la Guardia Civil por el beneficio de todos, pero me gustaría que fuesen más intensos", manifiestan.

Castillo recuerda que está totalmente prohibido quedarse con los objetos históricos que se encuentran tanto en yacimientos como en propiedades privadas. "Los bienes arqueológicos son parte del patrimonio cultural y de dominio público, en consecuencia no se pueden vender ni comprar desde el año 85, esto significa que el hallazgo arqueológico descubierto con un detector o como fuere debe ser comunicado a la administración y depositado bajo su custodia", señala. 

Lo mismo ocurre cuando se trata de una propiedad privada: los propietarios recibirían una indemnización tras el consecuente peritaje, por lo que si un detector incurre en la propiedad privada, también está privando al dueño de su indemnización. 

Desde PEPA se quejan de que en este tipo de canales, además de animar a sus seguidores a excavar de esta forma, se promocionan productos "en contra de los principios de restauración". "A ellos les viene muy bien el poder pasarle un producto a una moneda para eliminar los restos de barro u óxido sin saber que eso tratado de manera científica podría dar información mucho más valiosa", sentencian.

El enfrentamiento entre arqueólogos y detectoristas no parece tener fin y se da por ambos lados. Según PEPA, han llegado a decirles que los arqueólogos "son una mafia y que nos quedamos con las piezas".

Los arqueólogos siguen defendiendo lo que dicen que llevan en el ADN: "Difundir las virtudes y bondades del patrimonio para toda la sociedad". Además, ponen especialmente el foco en la España vaciada. "Pueden tener un yacimiento de interés que puede abrirse a visita turística y ser un atractivo para la zona", señalan. Allí, su historia bajo tierra es rica, pero la despoblación hace mella en la actualidad: "Son los más afectados porque no hay nadie para vigilarlo".