Estados Unidos priva de recursos legales a extranjeros bajo vigilancia
EEUU continúa siendo el epicentro de la actividad en Internet, con la capacidad de invadir sistemáticamente la presencia digital de personas en todo el mundo, pero no reconoce el interés en la privacidad de cualquier persona que no sea estadounidense y se encuentre fuera de ese país.
Es comprensible que Europa haya manifestado su indignación ante la noticia de que los servicios de inteligencia estadounidenses intervinieron conversaciones telefónicas de líderes de naciones aliadas. Sin embargo, incluso mucho más significativa es la práctica del gobierno estadounidense de controlar las comunicaciones de millones de personas comunes que no tienen en Estados Unidos ningún recurso legal debido a que son extranjeras. Los actos de vigilancia masiva en Europa y otras regiones revelados por Edward Snowden evidencian la importancia de adoptar un acuerdo internacional que imposibilite que los países ignoren los derechos de personas que se encuentren fuera de sus fronteras.
La vigilancia electrónica es ahora una posibilidad mucho más fácil que antes. Las autoridades pueden conocer la vida de una persona con sólo cursar una solicitud a su proveedor de telefonía móvil, mientras que los costes asociados con almacenar y procesar volúmenes masivos de datos se han reducido considerablemente. Gran parte de nuestras vidas ya tiene lugar a través de comunicaciones digitales y esta tendencia no hará otra cosa que acentuarse, lo cual nos obliga a implementar reformas sin demora para evitar que los problemas se profundicen. Esta cuestión no afecta únicamente a nuestros mensajes de correo electrónico o teléfonos móviles, sino también nuestros calendarios, libretas de contactos y registros médicos y bancarios. Los gobiernos y las empresas cada vez tienen mayores posibilidades de determinar el lugar donde se encuentran las personas y cuáles son sus vínculos y las comunicaciones que mantienen.
Los marcos jurídicos vigentes se adoptaron durante la era analógica, cuando las comunicaciones transnacionales eran poco frecuentes y las comunicaciones en línea y los medios sociales no eran más que una fantasía futurista. En ese período previo a Internet, las técnicas de vigilancia requerían no sólo tiempo sino además una importante dotación de recursos humanos, y esto en cierta medida limitaba la posibilidad de prácticas arbitrarias y abusivas. En la actualidad, la legislación debe actualizarse para estar a la altura del aumento radical en las capacidades analíticas y de vigilancia.
En septiembre, una coalición de organizaciones no gubernamentales y expertos en tecnología dieron a conocer una serie de principios sobre derechos humanos y comunicaciones destinados a orientar a los países en la modernización de las garantías de privacidad. Estos Principios Internacionales formulan recomendaciones para asegurar que las prácticas de vigilancia de comunicaciones sean lícitas, necesarias, proporcionadas y acordes con garantías adecuadas contra el abuso. Ofrecen un útil punto de partida para aquellos gobiernos que tienen un interés genuino en proteger la privacidad.
La UE se ha ocupado de la protección de datos que compete a los actores privados, y ha establecido el estándar mundial en materia de regulación para asegurar que las personas tengan control respecto de qué datos proporcionan a las empresas y cómo los utilizan estas. Sin embargo, legisladores y autoridades regulatorias a ambos lados del Atlántico deben adoptar medidas mucho más enérgicas.
Con respecto a la demanda de Gobiernos europeos sobre acceso a datos, que deben ser conservados por las empresas durante un período considerable, los estándares de control son bastante laxos. Por su parte, Estados Unidos delegó la regulación sobre privacidad de datos a sus 50 estados, y esto ha dado lugar a una multiplicidad de normas disonantes. Mientras el Gobierno de Estados Unidos ha procurado que se relajen las normas sobre protección de datos en Europa, los Gobiernos europeos apuntan su ira a las empresas estadounidenses pero nada dicen acerca de si se han beneficiado con el enorme caudal informativo generado por la vigilancia estadounidense.
Es tiempo de que los Gobiernos de todo el mundo informen de manera transparente sobre sus prácticas, en vez de esperar a que estas sean reveladas por el próximo Snowden. Todos los Gobiernos deberían reconocer una obligación global de proteger la privacidad de todas las personas, especialmente considerando los avances de los últimos años en tecnología y vigilancia. Los Gobiernos deberían además establecer claramente los límites de sus propias prácticas de vigilancia (incluso de personas fuera de sus propias fronteras), y asegurar que no vulneren la privacidad mediante la transferencia de datos masivos de vigilancia para eludir sus propias obligaciones. Ciertamente, es importante proteger la seguridad, pero los aliados occidentales deberían acordar en que la vigilancia masiva, y no aquella que tiene un objetivo preciso, no constituye en ningún caso una medida normal o proporcionada en un contexto democrático.
Washington finalmente se ha visto obligada a lidiar con las revelaciones de Snowden, y ha debido celebrar audiencias y evaluar la adopción de normas que podrían poner coto a la potestad de vigilancia aparentemente irrestricta de que goza la Agencia de Seguridad Nacional. Algunos de estos proyectos legislativos limitarían o pondrían fin a la obtención de datos masivos, exigirían mayor transparencia en la información proporcionada sobre vigilancia y otorgaría al tribunal secreto encargado de supervisar los pedidos de vigilancia un carácter más próximo al sistema acusatorio. Si bien se trata de propuestas importantes, solamente se enfocan en los derechos de privacidad de ciudadanos estadounidenses o extranjeros en Estados Unidos, pero no contemplan garantías para personas que no sean estadounidenses y estén en el extranjero.
En tanto Estados Unidos continúa siendo el epicentro de gran parte de la actividad en Internet, con la capacidad de invadir sistemáticamente la presencia digital de personas en todo el mundo, pero prácticamente no reconoce el interés en la privacidad de cualquier persona que no sea estadounidense y se encuentre fuera de ese país. Por ende, todos los países tienen interés en conseguir que Estados Unidos imponga límites a la Agencia de Seguridad Nacional, asegure que los operativos de vigilancia estén sujetos a una supervisión genuina del público, el Congreso y la justicia, y actualice las reglamentaciones para adecuarlas a la realidad tecnológica de hoy (y del mañana).
Las compañías de Internet con sede en Estados Unidos pueden ofrecer un vehículo práctico para la reforma. Una tras otra, las revelaciones demuestran que sus datos no están exentos de ser espiados por la Agencia de Seguridad Nacional, y esto las confronta con la necesidad de restablecer la confianza de los consumidores exigiendo al Congreso garantías de privacidad más rigurosas. Si Washington no escucha las voces extranjeras, al menos podría escuchar a sus propias empresas, que se exponen a un grave perjuicio para sus negocios en el exterior si Estados Unidos no reconoce finalmente que todas las personas tienen derecho a la privacidad.
