Universidad: ¿quién controla a los controladores?

Una de las cosas que me parecen más llamativas con respecto a la Universidad, y que sin embargo se considera perfectamente normal, es la obsesión evaluadora que se manifiesta ante ella. Me pregunto qué otro tipo de funcionario que no sea el profesorado universitario está sometido a evaluaciones periódicas y constantes de su trabajo y bajo la supervisión de agencias regionales, nacionales y comités internacionales; qué otro organismo público está tan vigilado en sus funciones específicas (investigación y docencia) como las Universidades públicas, a las que se les revisan los títulos cada pocos años y se las somete a todo tipo de análisis de variopintos indicadores para colocarlas en rankings internacionales que florecen por doquier como hongos.

¿A alguien se le ha ocurrido que a otros organismos públicos que no sean las Universidades se los someta a rankings o estén controlados por agentes externos al propio Estado? ¿Se imaginan ustedes rankings o controles privados de embajadas, parques de bomberos, comisarías de policía, oficinas del INEM, etc.? ¿Se imaginan agencias que acrediten y califiquen el trabajo de, por ejemplo, los técnicos comerciales del Estado (los Soria y De Guindos) o los administradores civiles del Estado, etc.?

Resulta sintomático que la Universidad y sus profesionales, a los que la Constitución garantiza la autonomía en la organización de sus funciones, estén sometidos a tamaña presión evaluadora. Porque lo característico de dicha presión es que no tiene en absoluto la función de mejorar su rendimiento sino de someterla a control y disciplinarla. Se aplican a las Universidades procesos de evaluación no propios del mundo docente, en el que la evaluación ha sido campo de profundos estudios con el fin de hacer de ella un instrumento formativo, de mejora, sino propios del mundo de la empresa. Se han importado del mundo empresarial los controles "de calidad" (palabra tótem), con sus certificaciones y sellos, que solo regulan "procesos", sin entender que la investigación y la docencia van mucho más allá de los "procesos", y que, por ejemplo, en ellas el error es siempre fundamental para luego conseguir "resultados".

Pero eso da igual, porque no se trata de que las universidades mejoren, sino de combatir su autonomía para que dediquen sus esfuerzos hacia los campos y resultados que interesan en el mercado global del conocimiento, al servicio de la gran economía multinacional y no de la economía regional o local, que es la que, en cambio, financia y ampara a las Universidades.

La primera propuesta de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) plantea todo un entramado de "evaluación" propio de la Comunidad de Madrid, que impondría sus propias acreditaciones y hasta un sello de calidad (¿Madrí calidá o Madriz calidaz?). Además de que no se indica de dónde saldrá la financiación para la potente red necesaria para desarrollar los nuevos controles, llama la atención que dicho entramado evaluador radique completamente en la Fundación Madri+d, una fundación público-privada sometida al derecho privado y no público. Querríamos ante todo señalar el absurdo jurídico y político de que lo privado controle a lo público, de que vengan profesores de universidades privadas a controlar y disciplinar (que no evaluar) títulos públicos y sus profesores, algo que no pocos hemos sufrido en primera persona. Pero sobre todo queremos resaltar que la Fundación Madri+d se ha movido hasta ahora con altos grados de opacidad y discrecionalidad, sin rendición de cuentas, sin planificación, sin conocimiento público de sus patronos o de sus objetivos y procedimientos.

Todas las alarmas han saltado cuando nos encontramos la noticia de la relación de esta Fundación con la red Púnica y el ínclito De Pedro. Y las preguntas surgen imparables: ¿puede controlar a las universidades públicas un organismo que a su vez tiene mucho menos control que las propias universidades? ¿Quién vigila a los vigilantes? Es urgente por tanto que en la nueva Ley madrileña de Universidad todo el proceso de evaluación lo realice un organismo enteramente público, sometido por tanto a los mejores controles que hay, que son los de lo público. Y es urgente que dicho organismo diseñe procesos de evaluación que sirvan para mejorar y no solo para controlar, y para ello es indispensable que la propia comunidad universitaria participe en el establecimiento de los procedimientos, criterios e indicadores necesarios para dicha actividad.