Las infraestructuras en Latinoamérica, el reto impostergable

Al comparar la calidad y el nivel de las infraestructuras de Latinoamérica con los del resto del mundo, no sólo figura en una posición claramente rezagada frente a los países desarrollados, sino que sigue por debajo de Asia Oriental y de Europa del Este. Según un reciente estudio del Foro Económico Mundial, Hong Kong lleva la delantera, con la infraestructura más moderna a nivel global, mientras que el país más avanzado de la región es Panamá, que ocupa el puesto número 40.

Pocos discuten que, para competir en una economía globalizada y atraer inversiones productivas sostenibles, es esencial proporcionar un buen sistema de interconexión vial, provisión de energía eléctrica sin interrupciones, una red de interconexiones marítimas y aéreas de primera, junto a servicios de Internet confiables y a costes competitivos.

Según un trabajo realizado por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), al ritmo de crecimiento actual, América Latina tardaría dos décadas en alcanzar el nivel de calidad en infraestructuras que hoy tienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin considerar que éstos probablemente seguirán mejorando la suya mientras tanto.

Es más: en el terreno de la logística, los costes latinoamericanos siguen muy por encima de los de los países desarrollados (entre un 70% y un 90%) y los del sudeste asiático. Mientras que China ha invertido el 10% de su PIB en infraestructura durante los últimos 20 años, el promedio latinoamericano no ha logrado superar el 3%.

En 2014, los gobiernos de la región anunciaron inversiones para el quinquenio por 800.000 millones de dólares, siendo Brasil, México y Colombia quienes lideraban esta proyección. No obstante, considerando el actual escenario macroeconómico en el que los países más grandes de la región se encuentran en una situación de franco estancamiento o desaceleración, esa magnitud de inversiones se convierte en un desafío que puede estar lejos de poder concretarse.

Sin embargo, la modernización de la infraestructura es clave y determinante para incrementar la productividad y competitividad en momentos como el actual, donde la exportación ha caído tanto en volumen como en ingresos, dada la baja en los precios internacionales de buena parte de las materias primas, que tantas ganancias generaron en la pasada década.

Es por ello que FONPLATA, capturando la demanda de los países del Cono Sur latinoamericano, ha focalizado sus proyectos en el desarrollo de infraestructura en zonas con imperiosas necesidades. Algunos de estos ejemplos están en el norte argentino, donde ha colaborado a la recuperación de la red ferroviaria, electrificación rural y ampliación de puertos fluviales; en Bolivia, donde ha completado varios tramos del corredor de integración bioceánico Este-Oeste; en Paraguay, con el desarrollo de puentes y del eje carretero en el litoral sur fronterizo con Argentina; y en Uruguay, con inversiones que abarcan más de 35 obras de rehabilitación y mantenimiento carretero en todo el país.

Con una inversión superior a 500 millones de dólares, dichos ejemplos son en realidad una ínfima fracción de lo que son las necesidades de la región.

El sector público no puede enfrentar tal desafío por sí sólo, sino que debe necesariamente atraer al sector privado y asociarse de una manera efectiva para afrontar el reto financiero de una inversión a largo plazo que ponga el interés de los países primero.

Es clave que nuevos actores de la economía, como fondos soberanos y fondos especializados, puedan ser parte de la ecuación financiera. Ello sin descuidar la participación nacional y, sobre todo, de las empresas locales, que pueden asociarse a consorcios internacionales o actuar como líderes de asociaciones público-privadas con componentes locales e internacionales.

El papel regulador del Estado es central, ya que, por un lado, puede favorecer la participación privada, y por otro, asegura que no sólo el lucro sea el factor determinante de las operaciones, sino que el interés nacional y el impacto económico y social que se pueden generar estén en el centro de los programas de inversión.