España tira la toalla en la protección del litoral

Por fin hemos conocido los cambios que el Gobierno de Rajoy introducirá en la Ley de Costas. El resumen es una relajación en la protección del litoral, pero lo más grave es una legalización masiva de que aquello que ya está construido. Esta modificiación es una renuncia en toda regla al ambicioso objetivo que se marcó en 1988 de con la Ley de Costas de proteger nuestro maltrecho litoral. La costa sigue siendo un valor seguro para nuestra economía, y todavía guarda rinconces de gran belleza y valor ecológico que no han caído bajo el imperio de la urbanización. Espacios de enrome que necesitan más protección, y no menos.

Ciertamente la Ley de Costas de 1988 no fue capaz por sí sola de detener la avalancha del ladrillo sobre el litoral. Sin otra complicidad y apoyo político que el de los ecologistas, hay que reconocer que, en efecto, la Ley no ha sido capaz de detener el deterioro. El daño que se ha hecho en estos años en nuestras costas ha sido brutal. Debe recordarse, una vez más, que tanto desarrolllo urbanístico se ha realizado con la unica oposición de los ecologistas, y ha sido avalado, salvo honrosas excepciones por las fuerzas políticas mayoritarias de uno y otro signo. Pero, ¿puede ser la respuesta a esa degradación, una reducción en la protección como hace el Gobierno de Rajoy con su modificación? Desde luego que no. Si alguna reforma necesitaba nuetra Ley de costas era precisamente una que aumentase la protección.

En un contexto en el que las condiciones ambientales están cambiando, con una subida del nivel del mar en ciernes, que aumenta la vulnerabilidad de las edificaciones en el litoral, en vez de promover la retirada de viviendas en primera línea, se decide mirar para otro lado, legalizando el disparate.

Por el contrario, nuestra costa necesita más protección y no menos. Cuando estamos sufriendo las dolorosas consecuencias del hundimiento de la economía del ladrillo, el Gobierno da pasos para tratar de volver a ella. La única justificación de esta modificación, tiene que ver con la salvaguarda de intereses económicos que se asientan en la costa. Una vez más la explicación de lo que pasa en España, tenemos que buscarla fuera, en este caso en palabras de la Comisión Europea.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, daba la bienvenida a los cambios en la Ley de Costas en un comunicado fechado el 3 de agosto. Los ciudadanos españoles, sin embargo, hemos conocido esos cambios a comienzos del mes de octubre. Según Reding, los cambios que introduce el Gobierno "crean seguridad legal para ciudadanos y negocios europeos, y por tanto su seguridad para invertir en un ambiente legal extranjero. Esto son buenas noticias para la economía española". La palabras de Reding dejan bastante claro que detrás de la actual modificación de la Ley de Costas hay un nuevo intento de relanzar el mercado del ladrillo litoral, en este caso en el resto de Europa.

Con la actual modificación de la Ley de Costas el Gobierno de España da el primer paso en la marcha atrás a la proteción de nuestro litoral. Una decisión que, en contra de lo que dice la vicepresidenta europea, tendrá consecuencias negativas para nuestra economía, al hacer todavía más vulnerable el ecosistema sobre el que se asienta nuestro principal recurso: el turismo.