Más tasas, menos becas, y una Justicia ocupada

El pasado viernes tuve el honor de intervenir ante el Congreso de la Abogacía española en Vigo. Esta profesión, que integra a 135.000 abogados en ejercicio y otros 30.000 no ejercientes, mantiene una oposición valerosa frente al Ministerio de Justicia contra la Ley de Tasas, verdadero monumento de exaltación de la desigualdad ante la ley; contra la privatización de los registros; y contra la ocupación totalizante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para trastocarlo sin más en Consejo General del Partido Popular. La preocupación más actual de la Abogacía concierne ahora al Proyecto de Ley de Servicios Profesionales, con el que el rodillo del PP amenaza con trasponer la Directiva Europea de Servicios de 2006 con una lectura mecanicista y burda del "mercado interior" y la "liberalización de la competencia" que se propone arrasar con la regulación y garantías del ejercicio de profesiones tituladas en España.

Como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, tuve ocasión de contrastar este estado de opinión abiertamente confrontado con la arrogancia del Gobierno en el área de Justicia, a cuya pretensión de imputar sus propósitos a la legislación europea me opuse con un argumento claro: muchas de las contrarreformas contra el Estado social y otras tantas ofensivas contra el principio de igualdad no vienen dictada por Europa ni por Angela Merkel. Se corresponden antes bien con la realización de un programa muy antiguo de la derecha española, perpetrado implacablemente a rebufo y so pretexto de la crisis. Pero, en realidad, este mar de fondo de la oposición de la Abogacía a la privatización del acceso a la Justicia con grave quebranto de la tutela judicial y consiguiente exaltación de la desigualdad ente la ley, es trasunto de un malestar más general y más profundo.

Ese es, desde luego, el caso de la descarnada apoteosis de la desigualdad que está ejecutando Wert en el área educativa. Su contrarreforma agrede a los desfavorecidos por la desigualdad de oportunidades; transfiere recursos de los más pobres a los más ricos, mientras se somete a los estudiantes con dificultades aún cuando demuestren sus méritos, a una sucesión de pruebas de supervivencia heroica contra las crecientes barreras del darwinismo elitista y clasista del Gobierno.

No han sido la UE ni Merkel quienes han inspirado esa política abyecta. Como tampoco quienes dictaron al PP su hipocresía a propósito de su tesorero Bárcenas manteniéndole el despacho, el paso franco a su cuartel de Génova, el coche oficial y ¡hasta la retribución! -¡haciéndola pasar, mentirosamente, de "finiquito diferido"!- cuando ya eran clamorosos los indicios de lo evidente: que no es posible que el responsable de financiación del PP amasara esa fortuna oculta en Suiza sin que lo supieran muchos a los que se hubiera comprado ¡durante 20 años! su complicidad silenciosa con mordidas procedentes de origen presumiblemente ilícito.

No han sido la UE ni Merkel quienes han dictado al PP su recurso de inconstitucionalidad contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, que pone de manifiesto una alternativa social frente a las consecuencias más injustas de la crisis: el recurso tiene, por su sola interposición, efectos suspensivos de las ayudas andaluzas, lo que presupone la alevosía descarnada del PP y del Gobierno acerca de las consecuencias de sus medidas más agresivas contra los que peor lo pasan.

Todos estos elementos tienen un denominador común: es grave lo que está ocurriendo, pero no hablamos de ello lo bastante porque gravita sobre nosotros el pesado telón del desempleo masivo -6 millones en España- y especialmente el juvenil.

Pensando en ayudar al Gobierno en defender el interés de desbloquear de inmediato algunos fondos europeos que ayuden a paliarlo, el PSOE ha cumplido con su deber firmando una Proposición no de Ley (PNL) conjunta que ha apoyado el consenso del 90% de los escaños del Congreso: ¡Ello no quiere decir que los socialistas callemos ante el deber de denunciar que la cantidad -3.000 millones de dinero fresco, más otros 3.000 procedentes del Fondo Social Europeo- sigue siendo raquítica en comparación con los 700.000 millones de euros invertidos en los últimos 4 años en rescatar entidades financieras que han continuado lucrándose comprando deuda a los Estados que se endeudaron rescatándoles!

En cuanto a la cantidad proyectada para estimular el crédito a las PYMES mediante avales del Banco de Inversión Europeo que aumenten su potencia de juego, solo resta expresar por enésima vez la decepción que produce la inconclusión del Consejo: tan solamente, de nuevo ¡y con 28 Consejos anunciados como "históricos"! pautas y orientaciones inconcretas para un futuro indefinido mientras el presente se agrava rápida y severamente.

Tras el Consejo Europeo, ha ocurrido lo que muchos nos temíamos: un resultado tan magro es reverberado sin pudor, con fanfarria y redoble de tambor, por el coro de los propagandistas del PP. El Gobierno lleva tiempo preparando, en medio del aturdimiento general al que tanto ha contribuido con la ocupación sin freno de medios de comunicación públicos y privados, la operación propagandística de hacer pasar por la luz al final del túnel (antesala del milagro) esos estremecedores efectos del miedo en el cuerpo que han conseguido instalar en millones de trabajadores precarios, especialmente los más jóvenes. Los datos de la realidad desmienten todos los días el propagandismo cínico del Gobierno, reduciéndolo -también tristemente a día de hoy- a pura imaginería, sin correspondencia alguna con la realidad de las cosas, en particular de los que más sufren las injusticias de esta crisis.