Los plazos de pago también matan a la economía española

En España, se paga tarde y mal. El alargamiento de los plazos de pago es como una enfermedad crónica que deteriora la salud de las empresas y, en última instancia, de la economía del país. En los medios se habla mucho de los problemas que acarrea la corrupción de nuestros políticos o la aversión al riesgo de los empresarios, pero pagar a tres o seis meses, algo habitual y hasta aceptado por todos, es un disparate que se lleva por delante cada año a miles de compañías -casi siempre pequeñas o autónomos- que mueren asfixiadas financieramente.

A un alemán, un estadounidense o un sueco se le quedaría cara de tonto si le dijeran que su ayuntamiento o gobierno regional va a tardar, de media, 82 días en abonarle una factura por un producto o un servicio que en su momento le vendió. En todo caso, con ser escandalosos los plazos de pago en la administración, algunos nos dicen que ¡han mejorado muchísimo! Los planes de pago a proveedores del Gobierno tienen en parte de la culpa de esta mejoría.

En el sector privado, las cosas están aún peor. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las empresas españolas tardan en abonar sus facturas una media de tres meses. Además, las que más podrían hacer por agilizar los pagos, las grandes compañías, mejor dotadas financieramente y diversificadas que las pequeñas, son sin embargo las que más se demoran. Clama al cielo, como me decía hace poco un directivo del sector informático, que Telefónica o las grandes telecos paguen peor que una pyme de 5 empleados. Es parte, supongo, de la ingeniería financiera que permite a las multinacionales redondear sus números, pero que lleva a la tumba al pequeño proveedor que, olvidado por los bancos, se las ve y se las desea cada mes para pagar el sueldo de sus empleados o el alquiler de la oficina.

Uno podría pensar que nadie regula en España este asunto de los plazos de pago y que por eso todo el mundo salda cuentas cuando le viene en gana. Pero no es así. Hay una ley bien clara que dice que en la administración la tardanza en abonar una factura no pueden sobrepasar los 30 días, y en la empresa privada, los 60. Y que si uno se pasa, debe estar justificadísimo, y aun así hay que pagar intereses por cada día de demora.

En España, casi todo el mundo se salta la ley de plazos de pago. Parece que estamos ante un problema, como tantos otros en este país, eterno e irresoluble. Pero las cosas podrían cambiar. Sólo necesitamos un régimen sancionador que haga cumplir a todos con lo establecido. El ejemplo está en las carreteras. Durante décadas, el exceso de velocidad y las imprudencias se llevaban por delante miles de vidas cada año, pero desde que entró en vigor el carnet por puntos y se han endurecido las penas a los automovilistas temerarios, los siniestros están en unos niveles mucho más aceptables.

Necesitamos que se sancione realmente al que paga tarde y mal. La morosidad se lleva por delante tejido empresarial y mina la competitividad de las empresas y del país, pues deja sin circulante a los afectados y les resta capacidad para invertir en la mejora de sus procesos o de los productos que venden. Y además les obliga a buscar una financiación que sólo llega tras firmar con el banco unas condiciones leoninas.

Pero el cambio tiene que ser más amplio. La morosidad, como el impago de impuestos o la piratería de software, películas o música, está bien vista en este país, o cuando menos aceptada. Todos deberíamos empezar a exigir que nos paguen dentro de los márgenes que marca la ley. Sé que es complicado en una coyuntura como la actual, pero a medio y largo plazo ganamos todos. En países como Alemania, Estados Unidos o Suecia, que son modelos de imitar en tantos aspectos, no se les pasaría por la cabeza hacer las cosas de otro modo.