Una reforma fiscal para perpetuar la inequidad
Los cerca de 60.000 millones de fraude en España sufragarían todo el presupuesto de salud del Estado. Los 43.000 millones del correspondiente a grandes empresas y fortunas, supera todo lo que el Estado destina al pago de la deuda pública, 36.000 millones.
Es previsible que el Gobierno apruebe este viernes la Reforma Fiscal. Una buena campaña mediática desde el Ministerio y los calores de julio, harán que pase sin demasiado ruido más allá de los análisis sesudos de economistas y expertos. Se trata sin embargo de un sistema nuclear para el país, sobre todo en un contexto de crisis, desigualdad y pobreza crecientes. La cohesión social de una sociedad se define en buena medida por su fiscalidad, tanto en el lado del ingreso -quién paga, cómo, cuánto- como del gasto -a qué se dedican esos recursos públicos.
Esta reforma aborda el lado del ingreso, aunque lo hace de forma tímida, manteniendo el estatus quo y más bien reafirmándolo en alguno de sus aspectos más regresivos, favoreciendo así, por acción u omisión, a las grandes fortunas y grupos multinacionales.
Como parte de nuestra misión de lucha contra la pobreza y la injusticia, desde Oxfam Intermón hemos alertado de este hecho en informes y reacciones a la propuesta de Reforma Fiscal.
Aunque profundizar es bueno, bastan unos cuantos números y hechos para percibir lo injusto de un sistema que la reforma pretende cambiar sin apenas alterarlo.
- Los tipos impositivos en España siguen estando entre los más elevados de la UE. Sin embargo España es de los países que menos recauda.
- La rebaja en los tramos del IRPF no cubrirá los mayores gastos que las familias tienen que hacer en educación (un 22% más) o en salud (un 9% más). Además el grueso de la rebaja la sentirán las rentas más altas y el capital.
- Los 170 euros de media que supondrá esta rebaja de tramos no es comparable con los 1.910 euros que tiene de coste para cada contribuyente el fraude fiscal.
- Los grandes grupos transnacionales apenas aportan el 2% del conjunto de la recaudación, las familias más del 90%.
- Aunque deberían aportar el 30% de sus beneficios, estos grupos contribuyen con un exiguo 3,5% de los mismos. Exenciones e ingeniería fiscal a tope permiten este hecho. Además la reforma ya se ocupa de ir bajando el tipo nominal hasta el 25%, no sea que asuste.
- De hecho los beneficios fiscales concedidos a las empresas -el 80% para las grandes- suponen 28.000 millones de euros, el presupuesto de educación de todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía.
- Los cerca de 60.000 millones de fraude en España sufragarían todo el presupuesto de salud del Estado. Los 43.000 millones del correspondiente a grandes empresas y fortunas, supera todo lo que el Estado destina al pago de la deuda pública, 36.000 millones.
- Un esfuerzo de lucha contra el fraude similar al de países vecinos supondría un ingreso extraordinario de 25.000 millones, 18.000 de ellos provenientes de rentas altas. Con ello se podrían duplicar los programas de asistencia al desempleo en España y apoyar a los cientos de miles de familias sin ingresos.
- En el lado del gasto también habría muchos datos para mostrar la inequidad y orientación hacia la élite. Los 17 millones del exiguo fondo contra la pobreza infantil se parecen a la limosna que queda en el bolsillo tras haber sumado 572 millones de euros a los más de 11.000 que supuso el rescate de Catalunya Banc.
- Con esta reforma el Estado dejará de ingresar, al menos 5.000 millones de euros, casi lo mismo que ha recortado en gasto público dirigido a la Infancia.
El Gobierno nos dice que es incapaz de sumar unas decenas de millones a la Acción Humanitaria y la Cooperación Internacional que se ha visto desarbolada con recortes de hasta el 70%, con un elevado coste en vidas humanas.
¿De verdad pretenden que nos creamos que esta Reforma Fiscal promueve la equidad?
