¡A la calle, que ya es hora!

Así decía Gabriel Celaya, y así cantó Paco Ibáñez en aquellos tiempos del franquismo. Clamaban, y clamábamos, por el ejercicio de un derecho fundamental, propio de cualquier país civilizado y democrático. Hoy, en España, disponemos de ese derecho. Con él, pudo salir libremente a la calle medio millón de personas, o millón y medio, en Barcelona, a expresar lo que siente, desea, o pretende. Y otros, igualmente, pudimos quedarnos en casa. Y pudo llenarse de indignados la Puerta del Sol de Madrid. O la Plaza de Neptuno, no sólo para celebrar los triunfos del Atletic sin cargas policiales, sino también para expresar, ahora sí, con violentas cargas policiales, su razonable contrariedad ante la inefectiva representatividad de los congresistas.

Ante la expresión exigente, severa, colectiva y pública de tantas decenas de miles de ciudadanos, van apareciendo las previsibles voces de recriminación oficial y cuasi oficial, así como anuncios de modulación limitadora de los derechos constitucionales.

Según tales voces, lo de Barcelona resultó ser, nada más, una algarabía. Esta adjetivación de la manifestación más numerosa y masiva que se ha visto en la historia de Cataluña, además de ser injustamente peyorativa, es inadecuada. Quien la expresó debería conocer los distintos significados de la palabra, y sus consecuencias (o quizás los conocía). Algarabía procede del árabe, al arabiyya, y se refiere al nombre que daban los cristianos a la lengua árabe desde los tiempos de la reconquista. Era ya entonces una denominación peyorativa, expresada por quienes no la entendían y la despreciaban. También significa hoy lenguaje o escritura ininteligible, o ruido producido por voces y gritos confusos y estridentes.

El gran historiador e hispanista Bartolomé Bennassar dice que algarabía era el "árabe castellanizado o viceversa". Y recuerda que en las Capitulaciones de Granada, de 1492, los Reyes Católicos permitieron su culto, su vestimenta y su lengua algarabía a los musulmanes derrotados. Aunque todo ello se abolió en 1501, las costumbres y la lengua, prohibidas, permanecieron. En 1526, por orden de Carlos V, se programó y ejecutó la política de "borrar la identidad cultural" de los derrotados, poniéndose especial énfasis en la prohibición de la lengua propia, la algarabía.

Como se puede ver, la despectiva adjetivación de algarabía, referida a la manifestación catalana del 11 de Septiembre, es doblemente ofensiva, tratándose de una población con una justificadísima sensibilidad histórica, en relación con la prohibición de la lengua propia. Y además, en esta ocasión también es desacertado sostener el otro significado, actual, de la palabra. Esas decenas de miles de personas, con un lenguaje perfectamente inteligible, expresaban, alto y claro, un común denominador de exigencia, por más que fuera acompañado de otros muchos motivos de protestas.

No. Ni algarabía, ni alboroto. Lo de Barcelona fue democrático derecho de manifestación y libertad de expresión en estado puro.

En Neptuno, en Madrid, el 25 de Septiembre, era, igualmente, derechos democráticos en estado puro. Por eso sorprende la Delegada del Gobierno de Madrid proponiendo la modulación del derecho de manifestación. No es probable que sea una ocurrencia repentina e irreflexiva de esa señora. Es un primer nubarrón de una posible tempestad. Pero a la sorpresa inicial le sigue, con sospechosa proximidad de tormenta, una declaración del Fiscal General en los desayunos informativos de Europa Press.

El Fiscal General es uno de los juristas más agudos y valiosos de su entorno ideológico. No da puntada sin hilo. Ciertamente sus declaraciones desmontan el mito de que los gallegos son los únicos que nunca se sabe si dicen que si o que no; si, en una escalera, nunca se sabe si suben o bajan. Este madrileño, dice que si, y a la vez dice que no, pero se sabe que siempre sube. Y para demostrarlo manifiesta que defenderá el derecho de manifestación, y el de expresión, aunque esta le resulte odiosa, pero que perseguirá el uso del descontento como deslegitimador del Estado de Derecho en bloque. O sea, que perseguirá a los manifestantes.

El "Estado de Derecho en bloque" es un concepto difuso, y por lo tanto problemático, peligroso, sobre todo formulado inmediatamente después del anuncio de modulación del derecho de manifestación.

Al hablar del "uso del descontento" aparece la sombra del malvado agazapado, usando a los incautos descontentos para deslegitimar al Estado de Derecho. Es un viejísimo discurso. Esos incautos descontentos serían, según ese discurso, los antiguos tontos útiles manipulados por la subversión, que los mayores recordamos bien. Y para saber que quiere decir "deslegitimar el Estado de Derecho en bloque", habrá que concretar ese bloque.

El Estado de Derecho no es, solamente, el Congreso de los Diputados, por importante que sea su misión, que por cierto no fue interrumpida, obstruida, ni incomodada en ningún momento. También son los ciudadanos, individuales y colectivos, ejerciendo sus derechos constitucionales. Y son los jueces juzgando, y son los profesionales de la salud, y los educadores, cumpliendo sus respectivos cometidos constitucionales. Y el derecho al trabajo, y los demás derechos constitucionales. Y las obligaciones de una policía democrática.

El artículo 104 de la Constitución dice que "las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". El artículo 2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impone el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. El artículo 18 del Real Decreto de Policía Nacional exige portar el número de identificación personal en forma visible. Todo esto es el bloque del Estado de Derecho a que debería referirse nuestro Fiscal General.

Deslegitima al Estado de Derecho que los mandatos legales sobre la actuación policial se incumplan impunemente. Y, al parecer, esto es lo que sucedió en Madrid el 25 de Septiembre. No se protegió a los manifestantes. No se guardó proporcionalidad en el uso de la fuerza. (Pegaron hasta a los policías infiltrados, fueran o no provocadores. Que no se qué es peor). Se ocultó la identificación personal del uniforme, que habría permitido su inmediata imputación. También deslegitima al Estado de Derecho el menosprecio al ejercicio del derecho de manifestación y a la libertad de expresión de Cataluña, del 11 de Septiembre. Mucho me temo que el Fiscal General no se refería a estas flagrantes deslegitimaciones del Estado de Derecho en bloque.

Ante tanta deslegitimación, añadida a tantísimas privaciones, necesidades inaplazables insatisfechas, frustraciones sociales y políticas, indignación y hartazgo, no es lícito remitir a los ciudadanos, únicamente, a expresar su descontento en las próximas elecciones. Es razonable, y hasta exigible, que los ciudadanos cumplan con la única parte del "bloque del Estado de Derecho" que está inmediatamente a su alcance, sin modulaciones, y sin ser tildados de "tontos útiles" o similares.

La voz de Celaya, y la de Paco Ibáñez, deben volver a sonar tan limpias como entonces. ¡A la calle, que ya es hora!

Este artículo ha sido publicado en Lamentable.org.