La reforma de las pensiones: sostenibilidad por definición

Las conclusiones del informe del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones ya se conocen en sus líneas generales. Básicamente giran alrededor del llamado "factor de sostenibilidad", con variantes para la actualización de las pensiones ya causadas y para las nuevas pensiones que hayan de causarse en el futuro. Uno de los rasgos más destacables del trabajo de los expertos es su recomendación de, prácticamente, inmediata entrada en vigor.

Para las pensiones que se causen a partir de dicha entrada en vigor de la reforma, los expertos recomiendan un ajuste del importe de la pensión similar (pero de signo opuesto) a la variación que haya experimentado la esperanza de vida del nuevo pensionista en proporción de la esperanza de vida del pensionista "equivalente" de referencia previo a la adopción de la reforma. De manera que si la esperanza de vida a la edad del nuevo pensionista hubiese aumentado un 3% respecto a la del pensionista de referencia, aquélla nueva pensión sería reducida en dicho 3%.

Una vez causada la pensión -lo que también afecta a todas las existentes a la entrada en vigor de la reforma-, todas ellas se actualizarían cada año mediante un factor que tendría en cuenta una serie de referencias. Entre estas referencias están el crecimiento de los ingresos por cotizaciones del sistema (que, de ser positivo, aumentaría la pensión), el crecimiento del número de pensiones (que, de ser positivo, disminuiría la pensión) y el crecimiento de la pensión media como consecuencia del llamado "efecto de sustitución" de las pensiones más antiguas por las más recientes, mucho mayores que las primeras (que, de ser positivo, también disminuiría la pensión).

Además, se tiene en cuenta el cociente entre ingresos totales y gastos totales del sistema de pensiones, elevado a un exponente (de valor comprendido entre 0 y 1) que representa la velocidad a la que los responsables del sistema desearían alcanzar el equilibrio financiero del mismo (cuanto más cerca de 1 el valor de este exponente, más pronto se alcanzaría dicho equilibrio).

Finalmente, se establecen todas estas referencias como una media (centrada en cada año de cálculo) de los correspondientes datos observados en los últimos y años y de las previsiones de los mismos para los años siguientes, con el fin de evitar la influencia del ciclo económico en el cálculo.

Si bien no hay límites a lo que puedan ajustarse las pensiones a la baja anualmente, a medida que aumenta el número de pensionistas con objeto de corregir el desequilibrio entre gastos e ingresos, en el hipotético caso de que estuviese justificada, en un año cualquiera, una actualización de las pensiones al alza, dicha subida no podría superar el crecimiento del IPC en ese año, destinándose cualquier excedente a un fondo de reserva similar al actualmente existente.

Estas propuestas, en su conjunto, definen un potentísimo mecanismo para lograr el equilibrio entre los gastos y los ingresos del sistema de pensiones por una doble vía. En primer lugar, ajustando la pensión media año a año, a la baja, a medida que los gastos vayan superando los ingresos. En segundo lugar, a futuro, en virtud del ajuste debido al aumento de la esperanza de vida. El equilibrio, además, quedaría garantizado tanto a la escala del sistema en su conjunto como a la escala individual de cada trabajador. Para que este equilibrio fuese efectivo y no se demorase en un tiempo indefinidamente largo, el exponente mencionado debería tener un valor más cercano a la unidad que a cero.

En mi opinión, a falta todavía de conocer el informe en toda su profundidad y del proceso que llevará a adoptarlo por parte del gobierno y los interlocutores sociales, los expertos han hecho un trabajo excelente y lo han expuesto con gran valentía. La ineludible complejidad técnica de estos temas, la aparición, seguramente innecesaria en esta fase, de una fórmula de esas que exacerban la ansiedad de los ciudadanos, y las incertidumbres sobre el éxito de esta propuesta a partir de este momento, no deben impedir ver que, aplicada con decisión extrema, esta reforma logra el equilibrio casi continuo entre ingresos y gastos del sistema de pensiones.

En efecto, dadas las tendencias de la longevidad (que no el envejecimiento, que es otra cosa distinta), el resultado no puede ser otro que un ajuste progresivo a la baja de las pensiones medias, tanto de las que se vayan causando a partir de la entrada en vigor de la reforma como del conjunto de las existentes en virtud de los ajustes de actualización de las mismas mientras haya un déficit en el sistema. No obstante, si bien el avance progresivo de la esperanza de vida producirá pensiones nuevas cada vez menores, respecto a las de los pensionistas de referencia, el que el sistema logre frenar su desequilibrio de ingresos y gastos dependerá de cómo avance el número de pensionistas y de los efectos de los ajustes de años precedentes. Con todo, en virtud de estos mecanismos, seguramente complejos de entender para el público en general, las pensiones sufrirán en el tiempo el mismo tipo de ajuste que produciría el igualar estrictamente los gastos por pensiones a los ingresos por cotizaciones, año a año. Lo que podríamos denominar "reparto rabiosos" de los ingresos por cotizaciones entre los pensionistas del momento y, por lo tanto, sostenibilidad por definición del sistema de pensiones. Estos efectos se notarían ya significativamente en menos de una década después de su entrada en vigor.

Claramente, los actuales trabajadores deberán empezar a buscar vías de ahorro adicionales para su jubilación, pues las pensiones públicas no serán tan generosas como hasta ahora. En el plazo inmediato, la entrada en vigor de esta reforma en 2014 produciría efectos discernibles sobre el consumo del conjunto de los pensionistas, más debido a factores psicológicos que a una rebaja efectiva y apreciable de las pensiones medias percibidas por ellos, en los próximos y complicados años que restan hasta una salida vigorosa de la crisis.

El que este efecto sobre el consumo pueda, a su vez, perjudicar la salida misma de la crisis dependerá de que los mercados, interpretando esta reforma como una decisión valiente y necesaria por parte del gobierno, decidan aprobarla aliviando la prima de riesgo de la deuda soberana y permitiendo de esta manera que el sector público tenga unas cuentas más saneadas y pueda mantener niveles de gasto público que de otra forma debería seguir recortando por otras vías, en mayor montante, incluso, de lo que se ahorrasen los pensionistas de no adoptarse esta reforma.