Quedarnos impasibles ante los recortes y un modelo educativo obsoleto sí es perjudicial

Podemos plantear esta pregunta de manera diferente: ¿Perjudican a los estudiantes, en definitiva a nuestros hijos e hijas, quedarnos impasibles ante los recortes educativos y ante una reforma educativa que instaura un modelo educativo obsoleto? Sin duda la respuesta sería "sí". Tenemos que actuar.

Por supuesto, no nos gusta que nuestros hijos e hijas falten a clase, pero tampoco queremos que sean seres inanimados que no defienden sus derechos. La huelga tampoco es un recurso que CEAPA o nuestras federaciones territoriales de AMPAS de la escuela pública hayamos utilizado nunca. De hecho, la huelga de hoy jueves es histórica, porque es la primera convocada por esta confederación.

Estamos ante un ataque sin precedentes a los derechos del alumnado y de las familias, con recortes salvajes en la educación española combinados con una nueva ley de educación que quiere aprobar el Gobierno igualmente inaceptable. El alumnado y las familias estamos soportando múltiples recortes, que no hacen otra cosa que castigar las ya maltrechas economías familiares, abocando al abandono educativo a muchos estudiantes por cuestiones económicas. Es inaceptable que se eliminen todo tipo de ayudas al alumnado y las familias, se incrementen las cuotas y las tasas, incluso creándolas donde no existían.

Ahora es habitual ver que muchos alumnos no disponen de los libros de texto y el material curricular necesario para ejercer su derecho a la educación, que decenas de miles se hayan quedado sin plaza en un ciclo formativo y otros tantos no hayan podido matricularse en los estudios universitarios ante el brutal encarecimiento de las tasas. Se está incumpliendo flagrantemente el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el principio de la igualdad de oportunidades que guía a todas las sociedades democráticas avanzadas.

Es intolerable que haya niños y niñas que pasen hambre en los centros educativos, a lo que ha contribuido la decisión de determinados responsables políticos de retirar las ayudas a sus familias justo cuando más se necesitan, cuando en tan sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha sumado 205.000 menores a los más de dos millones que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, incremento que es consecuencia del acoso y derribo al que están sometidos los derechos de la ciudadanía de nuestro país.

Además, hay más alumnos por profesor, asignaturas sin profesor porque apenas se cubren las bajas, aulas masificadas, niños y niñas con necesidades específicas sin atender por la eliminación de programas de atención a la diversidad, y centros educativos con medios totalmente insuficientes.

Y lo peor es que el Estado sigue desviando fondos públicos para financiar entidades educativas privadas, muchas de dudosa legalidad, porque incluso se atreven a vulnerar la Constitución Española, con la connivencia de quienes deberían cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente.

Además, la sociedad española está cansada de que cada nuevo Gobierno se empeñe en modificar la legislación educativa, máxime si, como ocurre ahora, no se cuenta con los diferentes sectores implicados y con la intención de cambiar el actual modelo social y satisfacer consignas ideológicas.

Eso sí, podemos ver continuamente a los responsables del Ministerio de Educación hablando de la supuesta "modernidad" de esta reforma educativa, una reforma sólo fundamentada en recetas del pasado como las reválidas, la repetición de curso y los itinerarios segregadores. Resulta aterrador observar cómo, con tan pocos argumentos que puedan fundamentarse en la investigación educativa, a la que por otra parte se dedican en España muchos profesionales y departamentos universitarios, pueda cambiarse de arriba abajo el sistema educativo y el futuro de tantos niños, niñas y jóvenes.

Ha llegado el momento de que demos un mensaje claro sobre que las cosas han llegado hasta donde nunca deberían haberlo hecho y que no estamos dispuestos a que sigan por ese camino.