Más cascos azules para relanzar las operaciones de paz

Quizás para compensar la falta de voluntad política para colocar a la ONU en el lugar que le corresponde como efectiva policía mundial, representantes de 54 países respondieron afirmativamente a la invitación del presidente Barack Obama para reunirse en paralelo a la Asamblea General, con la intención de relanzar las operaciones de paz.

Es, sin duda, un empeño loable y necesario, a la espera de que finalmente se materialice el objetivo anunciado de aportar 40.000 efectivos más a los ya implicados en operaciones de paz, pero ya se puede adelantar que sigue siendo un gesto insuficiente.

Actualmente hay, bajo mandato de la ONU, un total de 16 operaciones de paz en marcha, que integran un volumen que ronda los 106.500 soldados, policías y asesores sobre el terreno, con aportaciones de más de 50 países. Son más de los que había tan solo una década atrás, cuando el contingente total rondaba los 75.000.

Eso significa que hay más demanda de "pacificadores", en la medida en que el escenario internacional está crecientemente convulsionado por focos de violencia endémicos que se concentran especialmente en África (nueve, del total de 16 operaciones; la de mayor volumen de efectivos, unos 23.000, está en la República Democrática del Congo), pero que también afectan al resto de los continentes (cinco en Asia, una en Europa y una en América Latina).

En todo caso, el número de efectivos no es una variable adecuada para calibrar la idoneidad de las operaciones activas. De hecho, si así lo fuera, Bangladesh destacaría, con sus 9.432 efectivos, como el actor nacional más implicado en la búsqueda de la paz, si no fuera porque su interés en este tipo de operaciones tiene un claro carácter crematístico, por las ayudas que reciben sus contingentes, tanto en fondos como en material, equipo y armamento.

En claro contraste con lo anterior, Estados Unidos tan sólo aporta hoy 82 efectivos, aunque en términos presupuestarios es el primer contribuyente a las operaciones de paz, con un 28% del total.

Los países de la Unión Europea también han ido reduciendo sus aportaciones, de tal modo que, si hace dos décadas suponían el 40% del total de efectivos desplegados, hoy tan sólo representan el 7% (con Italia en cabeza), en una dinámica marcadamente propia de los países desarrollados de ir compensando su caída en efectivos (por una acusada aversión a emplear personal propio en escenarios de alta inseguridad, para evitar el coste político de posibles bajas en combate) con el incremento de sus aportaciones dinerarias (para capacitar a otros, encargados de desplegar a sus tropas, menos instruidas, sobre el terreno).

Del mismo modo, cuando se analiza la motivación de quienes ahora anuncian un notable incremento en sus aportaciones, se constata que China (con 8.000 nuevos efectivos, que se sumarían a los 3.000 que ya tiene desplegados) busca fundamentalmente elevar su estatura como actor global (incluyendo la idea de convertirse en 2018 en el tercer contribuyente neto al presupuesto de la ONU) y presionar para que el mandato de las nuevas misiones, no sólo se centre en la protección de civiles, sino también de infraestructuras físicas (en las que tiene intereses derivados de sus inversiones y sus necesidades alimentarias, minerales y energéticas).

Colombia, por su parte, trata de buscar una salida para sus uniformados tras la deseable finalización del conflicto interno, ofreciendo hasta 5.000 efectivos en los próximos tres años.

Un aspecto colateral, pero fundamental para la operatividad de la fuerza desplegada, es el excesivo número de restricciones (caveats, en la jerga onusiana) que cada gobierno nacional establece en el empleo de su contingente, haciendo en ocasiones inútil el intento del mando militar de la fuerza, de contar con medios realmente integrados para operar como un todo. Y nada asegura que eso vaya a cambiar tras la citada reunión.

Más allá del volumen de personal empeñado, lo que tantas veces se ha puesto de manifiesto es que la necesidad más perentoria de las actuales misiones no es tanto la de personal como la de material al servicio de los contingentes desplegados sobre el terreno. Lo que falta son helicópteros y aviones de transporte, hospitales de campaña, medios de comunicación e inteligencia, unidades de ingenieros, material de protección contra explosivos improvisados y un largo etcétera, sin olvidar la mejora en el nivel de instrucción del personal empleado en cada caso; medios, en definitiva, que no han sido comprometidos en la mencionada reunión y que, por tanto, seguirán exponiendo a los "cascos azules" a riesgos innecesarios y reducirán su capacidad para cumplir las tareas que se les encomienden.

Por último, echando mano a lo que Jean-Marie Guéhenno, jefe del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU en el periodo 2000-2008, decía en su imprescindible Fog of peace, hay que volver a recordar que las operaciones de paz de la ONU no son, prácticamente nunca, instrumentos capacitados para alcanzar una solución al problema que ha provocado su despliegue.

Con demasiada frecuencia están desplegados en escenarios de conflicto activo (no vigilando el cumplimiento de un acuerdo de paz previo), sin mandato ni medios para realizar una tarea que supera sus capacidades. Son, en el mejor de los casos, apenas una "distracción conveniente" que proporciona tiempo a los diplomáticos para articular alguna solución política.

En definitiva, mientras no se entienda que una operación de paz es mucho más que desplegar un contingente precario para una tarea que necesita un fuerte componente político, económico y diplomático (que la ONU no tiene en ningún caso), aumentar el número de efectivos se queda, por desgracia, en más de lo mismo.