Víctimas y verdugos de la educación mexicana

La credibilidad sólo se gana con los hechos, una especie de causa-efecto de ecuación sencilla: no miento ergo los demás me creen. La credibilidad de las autoridades mexicanas es históricamente mínima. Demasiados engaños, demasiados cadáveres en el armario o bajo tierra, demasiadas pruebas falsas y verdades a medias.

Repasando la historia, a cualquier mexicano le salta como un resorte en el debe de credibilidad de su Gobierno la masacre de Tlatetolco, en aquel mayo tardío del 68 mexicano del que no se sabe aún cuántas personas murieron en las protestas del campus universitario. La versión oficial habló de veinte muertos. Hoy, algunas investigaciones apuntan a dos centenas.

Luego vino Casco de Santo Tomás, en 1971, en el que otra manifestación de alumnos acabó con jóvenes heridos ejecutados en las salas de los hospitales, o la masacre de campesinos de Aguas Blancas, en 1997, donde los policías del estado de Guerrero mataron a 17 personas. Son sólo tres ejemplos y siempre hay paramilitares, soldados, policías y una nube de humo cubriendo todo.

El caso más reciente fue Ayotzinapá, en 2014, en el que aún queda por explicar dónde están los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos tras una investigación que ha acabado enfrentado a expertos independientes y ONU con la propia Fiscalía mexicana.

No sirve, o no debería, en ninguno de los casos apuntar a la posible agresividad de los muertos, por mucha que fuera, ya que hay una máxima indispensable en los estados de derecho: las administraciones cumplen la ley para poder exigirla.

Con esos antecedentes llegó el domingo pasado las noticias de la muerte de ¿seis?, ¿ocho?, ¿once? manifestantes en Noxchitlan. Oaxaca, en el marco de las muy violentas manifestaciones de los sindicatos de maestros, especialmente de la Sección 22 de la CNTE.

Y otra vez pasó lo que parece costumbre, las autoridades despejaron balones en las primeras horas de confusión diciendo que las imágenes eran falsas y que los agentes federales no portaban armas de fuego. Luego, cuando las fotografías y vídeos sonrojaban en los despachos, hubo un comunicado de que sí, pero que fue al final, y que no dispararon y que...Y ya la credibilidad del Gobierno era nula de nuevo.

Del otro lado están los maestros. La politización de la educación es probablemente una de las miserias más grandes de cualquier sociedad. Parte de los maestros mexicanos no son tranquilos ciudadanos reclamando derechos, y muchos de sus apoyos vienen de esa nueva forma de entender la política, algo universal, en la que los hooligans apoyan a los suyos al más puro estilo de lo que vemos en los estadios de fútbol europeos en esta Eurocopa. El ruido gobierna todo y los que no hacen ruido son condenados por delito de sedición a la causa.

Los sindicatos llevan meses de destrozos, coacciones, violencia desmedida, bloqueos y saqueos. En su movimiento hay elementos exógenos que buscan un rédito político y social. Querer que se vaya el PRI, quien lo quiera, no debería ser suficiente para justificar tanta barbarie y corrupción. Un maestro, especialmente un maestro, no debería ir armado y dispuesto a todo a una protesta.

Daré unos datos de órganos independientes de artículos en los que he escrito sobre este crucial tema. "En las aulas públicas mexicanas hay registrados 39.222 'aviadores', que es cómo se llama a los profesores que nadie conoce en sus centros de trabajo, porcentaje que podría ser mucho mayor por la falta total de información en algunos estados. Hay también 114.998 personas con plaza docente que están jubilados, han renunciado o han fallecido. Se han detectado 426 escuelas que sencillamente no existen. 36.046 profesores se negaron a responder los cuestionarios del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y 158.765 profesores no pudieron ser censados porque se negaron también a responder al personal que hizo el último censo educativo".

¿Por qué? Porque los sindicatos de educación son los que en muchos estados manejan las partidas presupuestarias que luego reparten entre los profesores. Varios maestros me explicaban que si no iban a las manifestaciones, no les pagaban o eran relegados.

Los escándalos de las cúpulas sindicales son constantes, con cobros millonarios por algunos de sus principales cabecillas. El más famoso de todo fue el de la poderosa Elba Esther Gordillo, diputada y senadora del PRI varias legislaturas, que encabezó el sindicato SNTE y está ahora en la cárcel tras descubrirse que lavó dinero por valor de 150 millones de euros. La líder sindical tenía mansiones, joyas, coches de lujo y viajaba en jet privado.

Sobre las condiciones de la escuela pública, van también algunos datos sobre la educación mexicana sacados de algunos artículos previos: "El 25% de las escuelas de educación básica del país no son instalaciones adecuadas para dar clase (muchas veces barracones). El 10% no tiene agua y el 8% no tiene electricidad. El 15% no cuenta con sillas para los alumnos y el 20% no proporciona ni silla ni mesa al maestro".

En este panorama, en el que algunas plazas se heredan o venden por parte de los profesores sin necesidad de pasar un examen, el Gobierno ha intentado implementar su reforma educativa. Básicamente, la reforma exige que haya controles de calidad a los maestros para demostrar que tienen conocimientos para educar a niños y corta el pago a los sindicatos que dejarían de recibir el dinero y repartirlo después a los maestros. El pago ahora sería directo de la administración a los empleados.

Los maestros denuncian que lo que persigue el Gobierno es echar a miles de profesores, debilitar su fuerte movimiento sindical y acabar con la educación pública. Piden también que se tenga en cuenta que un profesor de Ciudad de México no tiene las mismas condiciones y necesidades que un profesor rural de una zona marginal.

Ahora, ante el escándalo de los muertos de Noxchitlán, con los principales líderes sindicales de la sección 22 presos y un ambiente social de crispación máxima, se ha abierto una obligada nueva mesa de negociación entre las partes.

Parece que pase lo que pase será un nuevo fracaso por una razón obvia: falta que este presente el que debería ser el máximo interés de todos, el alumno y su educación, pero ese ni cobra nóminas, ni quema coches, ni vota en las elecciones.