¿Qué Administración Pública para la nueva era? Comparando los programas electorales de los partidos

Después del nombramiento del nuevo Gobierno a partir de las elecciones del 20D, uno de sus retos consistirá en la puesta en marcha de las políticas y servicios públicos a través de su Administración Pública, la Administración General del Estado (AGE). Los principales partidos políticos han realizado diferentes propuestas de mejora, modernización e innovación del aparato burocrático al servicio del futuro gobierno, si bien no todas las opciones son similares, ni las propuestas inciden en el mismo tipo de mecanismos de cambio. Aquí se pretende ofrecer una visión resumida y comparativa de las opciones planteadas por los principales partidos políticos, considerando varios temas clave para la acción pública durante los próximos años. A continuación, se presenta una tabla resumen con las principales áreas y los partidos que incorporan alguna propuesta en cada una de ellas.

La función pública: profesionalización, derechos laborales e incompatibilidades

Las gestión de las personas es una de las claves del éxito de cualquier administración pública, de manera que conocer las propuestas de los partidos políticos en cuestiones como selección, carrera o acceso a puestos directivos resulta imprescindible. Al mismo tiempo, dada la cantidad de personas que trabajan en el sector público, y su alta participación en los procesos electorales, los partidos políticos suelen prestar mucha atención a este segmento de la población. A principios de 2015, había en España 2.544.804 empleados públicos, repartidos entre la administración pública estatal (21,08%), autonómicas (50,46%), locales (22,68%) y de universidades (5,78%) (Registro Central de Personal, MHAP, 2015). Durante esta última legislatura, tanto la congelación de salarios, como el recorte en el número absoluto de empleados públicos, han sido dos notas destacadas.

Las propuestas programáticas dentro del bloque de personal público son altamente variables. Algunos partidos (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD) prometen aprobar nuevas regulaciones que afectan a la totalidad de los empleados públicos o incluso desarrollar la regulación sobre los directivos públicos (PSOE, UPyD), una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro sector público. Por su parte, los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, son los que más han desarrollado el apartado relativo a la reducción de altos cargos y al refuerzo del régimen de incompatibilidades de altos cargos. Los partidos tradicionales, PP y PSOE, además de UPyD, prefieren centrarse en asuntos como el reconocimiento de méritos (PP, UPyD), el desarrollo de la carrera profesional (UPyD) o un nuevo sistema de acceso al empleo público en el que se reconozcan cuestiones como la experiencia profesional en detrimento de los aspectos más memorísticos (PSOE). En resumen, se trata de una temática que concita el interés de casi todos los partidos políticos, aunque el nivel de concreción es ciertamente mejorable y se atisban diferencias de modelo, en algunos casos, orientadas a mejorar la equidad social de acceso a los puestos de dirección, no siempre garantizada por el sistema de oposiciones.

La transparencia y la participación: una prioridad unánime

El hecho de que la corrupción se haya convertido en uno de los principales problemas para la sociedad española (barómetros del CIS) y una mayor demanda de participación en la toma de decisiones encuentran su reflejo en las promesas de reforma de la Administración Pública en los programas de los partidos políticos. Durante la última legislatura, se han desarrollado medidas en el ámbito de transparencia administrativa, con una concreción en la Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), el Portal de Transparencia o la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las medidas en este sector son variadas y muy nutridas, demostrando que se trata de uno de los ejes sobre los que probablemente giren los pactos de gobierno que se vislumbran para la próxima legislatura.

Todos los partidos proponen una batería de medidas en la materia. Se pueden destacar como aspectos más llamativos la necesidad de revisión de la Ley de Transparencia y del Portal de Transparencia como marco normativo e instrumento esencial en la materia, ya que los principales partidos prometen potenciarlos (PP) o reformarlos (PSOE), mientras que los partidos emergentes coinciden en incluir el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental de cara a una futura reforma constitucional (Ciudadanos y Podemos). En general, las propuestas parecen ser compatibles entre sí y componen una completa agenda donde se abordan asuntos como los conflictos de interés, las herramientas digitales de participación o la necesidad de una política de datos abiertos y reutilizables, dentro de una dinámica de Gobierno Abierto. En definitiva, el acuerdo en este ámbito podría llegar a ser muy amplio, al menos, si nos atenemos a los contenidos de los programas propuestos.

Un reto para la próxima legislatura: la contratación pública

En el caso de la transparencia y la participación ciudadana es evidente que su incorporación en los programas electorales responde al protagonismo que han tenido ambos conceptos en la pasada legislatura. Hay otro término muy relacionado que, sin haber estado tan presente en el debate público estos años, se tiene muy en cuenta por parte de casi todos los partidos: la contratación administrativa. El consenso en este tema también puede considerarse elevado, en la medida que las medidas de control se generalizan en los programas de los partidos.

Los partidos presentan una amplia agenda de reformas en la esfera de contratación pública. La mayoría de ellas está centrada en la transparencia y en el control de los procesos de adjudicación de contratos, pero también hay hueco para los portales virtuales de contratación pública o la responsabilidad social corporativa. Consecuentemente, es de esperar que esta política pública sufra notables cambios en los próximos cuatro años, sobre todo, como consecuencia de la profundización en dinámicas digitales, la adaptación a las directivas europeas, así como en el incremento del escrutinio público y la participación ciudadana en esta esfera de actividad pública.

Administración digital

La AGE ha sido tradicionalmente una de las más desarrolladas de la Unión Europea en materia de oferta de servicios públicos a través de Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), desde el inicio del nuevo siglo. No sólo de la declaración de la renta por Internet ha vivido la Administración digital en España, sino también de una creciente digitalización de servicios, el impulso de la factura electrónica o el intercambio de información entre administraciones públicas por vía electrónica. Todas ellas, entre otras, son cuestiones relacionadas con la Administración digital que resultan esenciales para el buen funcionamiento de las organizaciones públicas y sobre las que los partidos cuentan con un interés relativo.

El hecho de haber ejercido tareas de gobierno, quizá, haya provocado que las propuestas en materia de Administración digital se encuentren más consolidadas en el caso de PP y PSOE. Estos dos partidos proponen retos relacionados con los desafíos y problemas identificados a lo largo de los últimos años en el sector público en materia de Administración digital, tales como el impulso del cloud computing (PP), la extensión de las notificaciones electrónicas a todos los procedimientos o la unificación y simplificación de los sistemas de identificación digital (PSOE). En el caso de los nuevos partidos las menciones a las TIC en el sector público son más genéricas y centradas en cuestiones como la mejora de su implantación o el impulso al software libre (Podemos). Así, se espera que la Administración en Internet sea una realidad durante los próximos años, si bien todavía quedan importantes retos que afrontar para consolidar esta nueva manera de desarrollar los asuntos públicos y relacionarse con la ciudadanía.

Diferencias entre partidos tradicionales y emergentes: innovación frente a derechos y control

Uno de los debates de estas elecciones se refiere a las diferencias entre los dos grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, y las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos. En el caso de sus propuestas para la Administración Pública, los primeros apuestan por un marco incremental, es decir, de mejora sobre lo hecho en los últimos años, mientras que las dos nuevas fuerzas se centran más bien en el control de altos cargos y en el endurecimiento del régimen de incompatibilidades, en línea con las denuncias de corrupción política y de las llamadas "puertas giratorias". El marco incremental de los primeros implica que solo PP y PSOE tienen propuestas específicas para promover la innovación en el sector público, ya sea mediante el apoyo a planes específicos (PP) o proponiendo un laboratorio de innovación pública (PSOE).

Por otro lado, también se pueden plantear diferentes marcos de referencia si nos atenemos al eje tradicional izquierda-derecha. Los partidos de centro-izquierda (PSOE, Podemos, UP-IU) son más activos a la hora de proponer una limitación o una reversión de las privatizaciones, externalizaciones o encomiendas de gestión, formas que permiten la venta o gestión de servicios públicos al sector privado (aunque Ciudadanos también se muestra partidario de introducir límites). No obstante, lo anterior no supone menciones expresas a un crecimiento del sector público. Por otra parte, los partidos ubicados (por ellos o por los electores) en el centro-derecha (PP y Ciudadanos), no hacen una mención expresa a la necesidad de adelgazamiento de la Administración Pública o a la flexibilización de los instrumentos de gestión del sector público, limitándose el PP a mencionar como prioridad la reducción de trámites burocráticos.

A modo de conclusión

El análisis de los programas electorales en materia de Administración Pública no suele ser una de las preocupaciones prioritarias durante los períodos electorales, si bien la atención a este tema implica preguntarse por el modelo de gestión de lo público que ofertan quienes cuentan con aspiraciones de gobierno para la próxima legislatura. Los programas electorales muestran un desplazamiento de temáticas ligadas a la eficiencia y eficacia, que monopolizaron la acción de gobierno durante los últimos años, hacia elementos ligados a la apertura de la actividad gubernamental, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el sector público. Que ello se convierta en una realidad depende, como no puede ser de otra manera, de las preferencias que se consoliden el día de las elecciones. De lo que no cabe duda es de que, sea cual sea el gobierno (y sea cual sea el tiempo necesario para formarlo), la Administración Pública seguirá funcionando, aunque no cabe duda de que el cambio de era política también tiene aquí un desafío de elevada magnitud.