El fraude en la ayuda de 400 euros, cuestión de proporciones

Estas declaraciones forman parte de una entrevista que la Cadena COPE realizó al vicesecretario de organización del Partido Popular, Carlos Floriano, la semana pasada en la que se preguntó al dirigente 'popular' por la prestación de 400 euros que reciben los parados que han agotado sus prestaciones.

El Gobierno ya ha anunciado que este viernes va a renovar la ayuda, y que aumentará hasta 450 euros la prestación para los parados con más cargas familiares. Queda por ver si se endurece o no algunas de las condiciones para cobrar la ayuda, tal y como propuso Floriano. No obstante, independientemente de lo que ocurra, las declaraciones del político dejan una serie de incógnitas en el aire que conviene despejar para cuantificar de qué estamos hablando.

Los datos

Sería necesaria una inspección para saber el porcentaje exacto de desempleados que cobran durante los seis meses la ayuda de 400 euros y al mismo tiempo reciben el apoyo de su familia o realizan algunos trabajos que perciben en negro. No obstante, con toda probabilidad, Floriado tiene razón: este tipo de situaciones está ocurriendo. Esto es España, país de la picaresca por excelencia y décima potencia mundial en fraude fiscal. Pero, en esto, como en todo, hay que tener en cuenta las proporciones.

Para hacernos una idea, la labor de la Inspección de Trabajo durante el primer semestre para hacer aflorar empleo sumergido detectó a 4.379 trabajadores que recibían de manera fraudulenta el paro mientras cobraran en negro por trabajar. Dicho así, 4.379 puede parecer mucho, -y lo es en relación al número de actuaciones llevadas a cabo- pero sólo representa el 0'15 % del censo de personas que reciben una prestación por desempleo.

Naturalmente, los inspectores no pueden llegar a todas partes y probablemente el número de personas que cobran el paro mientras reciben otros ingresos es mayor del detectado por la Inspección de Trabajo. Pero, aceptando esta realidad, que se repite una y otra vez cada vez que hay una crisis económica y el coste de vida en relación a los salarios se dispara, de nuevo la trampa está en las proporciones: no todos los fraudes son iguales.

Así por ejemplo, en el caso de la famosa ayuda de 400 euros, si se realizara una inspección y se descubriera que todos los que han recibido esta prestación sin excepción desde que comenzó el programa en marzo de 2011 han hecho trampa y han cobrado por trabajos en negro o han estado viviendo de lo lindo en casa de sus padres --algo muy poco probable--, este fraude representaría sólo un 2,4 porciento de lo que cada año evaden en impuestos las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, según los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

Más concretamente, desde que se creó la ayuda de 400 euros en marzo de 2010, el programa ha supuesto un gasto para el erario público de 1.051,7 millones de euros, mientras que cada año se defrauda en impuestos en España alrededor de 60.000 millones de euros, de los que el 72% corresponde a las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas. Unos 42.700 millones de euros que el Estado podría ingresar si se fiscalizara correctamente las cuentas de estas sociedades. Visto esto, ¿Hasta qué punto es justo poner el foco en los desempleados de larga duración?

Y después de todo ¿De quién estamos hablando? ¿A quién va dirigida esa ayuda de 400 euros? ¿La necesitan o no? Según los datos aportados por el Gobierno, actualmente se benefician de ella alrededor de 200.000 desempleados que tienen que cumplir una serie de condiciones: deben haber agotado el paro, tienen que realizar un programa de formación y no pueden disponer de una renta superior al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Es decir, las personas que reciben la ayuda deben ingresar cada mes menos de 481 euros. Además, si tienen un cónyuge o jóvenes menores de 26 años a su cargo, la suma de todas sus rentas debe ser inferior a esa cantidad por persona. Así por ejemplo, en el caso de una familia de tres miembros, con un hijo menor de 26 años o mayor de esa edad, pero con una dependencia superior al 33 por ciento, no pueden ingresar más de 1.443 euros.

Teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Esatdística (INE), en España una familia de esas características gasta de media al mes alrededor de 2.843 euros, de los cuales unos 1.779 euros van a pagar la comida, la casa, la electricidad, la ropa, el colegio y el transporte, que cada uno juzguen si estas familias necesitan o no la ayuda.