2016: España sin gobierno y Francia en estado de alerta

Diputados de En Comú Podem frente al Congreso de los Diputados/EFE

El pensador Nassim Taleb acuñó hace unos años el neologismo antifrágil para designar a aquellas cosas que mejoran con el desorden. Este bloguero tiende a pensar que la calidad de la política en España presenta cualidades antifrágiles, es decir, dos partidos regeneracionistas cuyo auge es un resultado directo de la crisis están elevando el nivel general del debate, obligando de esta forma al resto a ponerse las pilas. Está por ver sin embargo si la complejidad del actual escenario político está por encima de nuestras posibilidades, tal y como apuntaba recientemente el periodista Enric Juliana, quien repite a menudo la ya trillada frase de Felipe González de que somos una Italia sin italianos.

Las elecciones del 20-D nos han dejado un nudo gordiano de resolución casi imposible, por lo que es posible que no tengamos Gobierno hasta bien entrado el año. Paradójicamente, es probable que ello sean buenas noticias para España, ya que más o menos nos garantiza que, al no haber Gobierno, no va a haber tampoco recortes. Ya ocurrió algo así en Bélgica de 2010 al 2011, y sus indicadores económicos fueron sustancialmente mejores que los de sus vecinos embarcados en políticas de austeridad, por lo que nuestra economía puede que se beneficie del desorden imperante igualmente.

Donde observamos una mayor fragilidad cada vez que nos golpea una crisis es en nuestra unidad territorial, un tema que con seguridad habrá levantado pasiones en muchas cenas familiares estas pasadas fiestas. Cataluña parece abocada a nuevas elecciones después de la insistencia de Junts pel Sí de mantener a Artur Mas como candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat.

Parece que en España poner en duda en entramado territorial tiene el efecto de una válvula de escape que evita que se busquen otros chivos expiatorios a los que culpar de nuestros males, que en Francia y en otros países europeos cuyas costuras territoriales son más sólidas que en España suelen buscarse entre los extranjeros o entre las minorías.

Un año después de los atentados del Charlie Hebdo se han aprobado leyes en Francia que nada tienen que envidiar a la Patriot Act americana, y desde los atentados de noviembre, el país está en estado de alerta (état d'urgence), que es un estado intermedio entre el estado de sitio (en el que los militares toman las riendas) y la normalidad que se introdujo en la Constitución a instancias de Pierre Mendès France durante la Guerra de Argelia, precisamente para evitar que los militares tomaran el mando del Estado.

De hecho, los militares fuertemente armados forman ya parte del paisaje cotidiano en Francia, especialmente en París y en ciertos lugares sensibles del resto del país (vivo cerca de una sinagoga custodiada de forma casi permanente por dos soldados). A la entrada de cines y teatros hay guardias de seguridad, que esporádicamente cachean a algunos espectadores y el contenido de sus enseres. Los controles fronterizos están a la orden del día, y los que cruzamos la frontera recurrentemente hemos de soportar colas de hasta diez kilómetros con cierta frecuencia. Algunas de estas medidas quizás incrementen la seguridad (como la seguridad reforzada en sitios sensibles), pero con otras, el Gobierno parece dar palos de ciego con los que pretende crear una ilusión de seguridad entre los ciudadanos. La popularidad de Hollande, que remontó un poco durante 2015, vuelve a decaer.

Actualmente se está debatiendo si el estado de alerta actual se consagra de forma permanente, lo que requeriría una reforma de la Constitución y supondría de facto que la policía dejase de necesitar un requerimiento judicial para proceder a un registro, entre otros cambios. Otra propuesta que se debate acaloradamente, y de la que el partido de Marine Le Pen es el autor intelectual, es la retirada de la nacionalidad francesa a los terroristas que tengan doble nacionalidad, para la que sería precisa igualmente una reforma de la Constitución que tiene completamente divididos a los socialistas, pero Hollande y Valls son favorables a la misma, por lo que tiene muchas posibilidades de salir adelante.

Si bien parece razonable sostener que monitorizar las comunicaciones sospechosas (otra de las facultades extraordinarias de la policía durante el estado de emergencia) puede reducir el riesgo de nuevos ataques terroristas, la propuesta de retirar la nacionalidad a los binacionales tiene un objetivo puramente simbólico (ya que como las penas de prisión, se aplicaría a criminales ya condenados) y parece introducir una diferencia entre los franceses de pura cepa y el resto que un sector importante de la izquierda juzga inaceptable pero que la mayor parte de franceses apoyan.

Habrá por lo tanto que esperar a ver si estas reformas se llevan a cabo, y si al final de 2016 resultan en una Francia más segura como se pretende o bien una Francia en la que la libertad, la igualdad y la fraternidad se hayan fragilizado como resultado de los atentados y de cierto histerismo legislativo.