Ni tutelas, ni tutías: en qué va a cambiar que España deje de estar supervisada
Si se cumple el guión, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea cerrará este viernes el procedimiento de déficit excesivo contra España.
Ni tutelas, ni tutías: Bruselas dejará por fin de controlar de manera exhaustiva a España después de 10 años. Si cumple el guión, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los 28 países de la Unión Europea (Ecofin) aprobará este viernes el cierre del procedimiento de déficit excesivo en el que el país estaba inmerso desde 2009. Dicho de otra manera, Bruselas ya no mirará con lupa la economía española cada minuto, porque se fía de ella.
El viaje hasta aquí ha sido tortuoso, lleno de recortes y subidas de impuestos. Ahora llega el último paso previsto en ese largo camino. Antes vino la luz verde de la oficina estadística Eurostat en abril. Después, la recomendación de la Comisión Europa la semana pasada. “Quiero felicitar a España”, dijo entonces el vicepresidente Valdis Dombrovskis viendo cómo habían cambiado las cuentas públicas españolas. Unas palabras que hubieran sonado marcianas hace unos años en plena crisis económica viniendo de Bruselas.
Y, ahora, ¿qué ocurre?
La salida de este procedimiento no implica que el Gobierno tenga las manos totalmente libres en política económica. “España deja de tener una vigilancia especial, pero sigue sujeta a la vigilancia ordinaria como cualquier otro país miembro”, explica Álvaro Anchuelo, catedrático de economía aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares. “Es una buena noticia porque España cumple con sus compromisos, pero no es una justificación para hacer lo que se quiera”, coincide Alicia Coronil, directora de economía del Círculo de Empresarios.
Lo que va a pasar a partir de ahora es que las cuentas públicas dejarán de estar sometidas al examen exhaustivo. En su lugar, pasan a uno preventivo. Este es un control más suave, que tiene como objetivo evitar que haya un nuevo desequilibrio en las cuentas. “España deja la unidad de cuidados intensivos y pasa a planta”, ejemplificaba Pablo R. Suanzes, corresponsal de El Mundo en Bruselas, en su crónica.
En la práctica supone que el Ejecutivo podrá elaborar los presupuestos con menos restricciones y sin temer a la espada de Damocles de las sanciones. “El procedimiento de déficit excesivo tiene sobre todo un carácter sancionador y de control frecuente (de tres a seis meses) de las finanzas públicas para vigilar la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Al salir, se suavizan estos controles y las recomendaciones, pero no se elimina por completo esa vigilancia”, apunta Jorge Uxó, profesor de economía en la Universidad de Castilla - La Mancha.
A partir de ahora, los controles por parte de la Comisión Europea serán los ordinarios del resto de miembros de la UE. “Todos los países tienen que presentar en abril sus programas de estabilidad y las líneas principales de su presupuesto en octubre”, recuerda Uxó.
El último alumno en aprobar
La UE ha necesitado 10 años para que todos los alumnos con problemas aprueben este difícil examen. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los países europeos a situar el déficit público —la diferencia entre los ingresos y los gastos— por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB). Hace 8 años, en 2011, había 24 países bajo supervisión. Poco a poco han ido abandonándola.
España era el último país que quedaba en la lista negra y ha logrado salir gracias a que esa diferencia entre ingresos y gastos se ha situado en 29.982 millones de euros el año pasado, el 2,48% del PIB. Una reducción muy grande desde el nivel del 11% que alcanzó durante la crisis económica.
¿Lo van a notar los ciudadanos?
La salida del procedimiento de déficit excesivo no supone una ventaja directa a los ciudadanos: una barra de pan va a seguir costando lo mismo y el IVA no se va a reducir. Pero sí de manera indirecta. “Salir del procedimiento refuerza la credibilidad y la sostenibilidad de sus cuentas, lo que mejora el panorama económico general y el atractivo del país. El caso italiano muestra el coste de seguir el camino contrario, en forma de mayores primas de riesgo...”, apunta Anchuelo.
Algunos economistas creen que el Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para cambiar el rumbo de la política económica. “Una vez reducido el déficit y sin ninguna duda sobre su sostenibilidad, la prioridad tiene que ser poner en marcha los planes de inversión necesarios: para la transición energética, para crear infraestructuras sociales... El principal problema que tiene España es la falta de ingresos. Los ciudadanos notarán un cambio muy importante si se eliminan privilegios y se utiliza los ingresos para estas inversiones”, señala Uxó.
¡Ojo con la deuda!
Eso sí, la decisión por parte de Bruselas no significa que las cuentas públicas españolas estén completamente saneadas. Ni mucho menos. Una de las grandes tareas pendientes que tiene España por delante es reducir su abultada deuda. “España tiene un debilidad, que es el alto endeudamiento que tiene tanto público como privado. Tiene que hacerlo ahora aprovechando el crecimiento de la economía”, señala Antonio Pedraza, presidente del comisión financiera del Consejo General de Economistas.
Además de incluir la exigencia del déficit público, el Pacto de Estabilidad de la UE también pide que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB. Las administraciones públicas españolas debían 1.199.773 millones de euros en marzo de 2018, un 98,50% del PIB, según los datos del Banco de España y el INE. Es decir, hay una diferencia del 38,50%.
Si España no se lo toma en serio, le puede pasar como a Italia. La Comisión Europea ha dado el primer paso para sancionar a este país por no rebajar su deuda pública, que se ha situado en el 132,2%. “No nos podemos olvidar de reducir el endeudamiento. Si no se consigue, puede pasar lo mismo que a Italia”, añade Coronil.
¿Se acabaron las reformas?
Una de las máximas prioridades que tiene el Gobierno es el compromiso con Bruselas de reducir del déficit público al 2%. Esta promesa sigue vigente. “La economía española no debe salirse de esa senda de consolidación y seguir con las reformas estructurales”, afirma Coronil.
A partir de ahora, las instituciones europeas pondrán la lupa principalmente sobre la salud de las finanzas públicas españolas —sin tener en cuenta si la economía va bien o mal— y la mencionada reducción de deuda.
La Comisión Europea reclama a España que realice un ajuste del 0,65% del PIB en 2019 y en 2020—cerca de 8.000 millones de euros al año—. La ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló que esa cifra estaba en línea con el programa de estabilidad enviado a Bruselas.
Los deberes pendientes
No conviene relajarse, el economista Antonio Pedraza señala que la economía española tiene todavía una serie de deberes pendientes y que no puede desatender como son el alto desempleo, la eliminación del déficit de la Seguridad Social —no hay suficiente dinero para pagar las pensiones—, reducir la gran temporalidad en el mercado laboral —“está afectando al consumo—”, aumentar la inversión en investigación —“España es uno de los países que menos invierte”— o la reforma la administración pública.
“La economía española tiene debilidades que lastran nuestra competitividad. Las reformas tienen que continuar”, apunta Pedraza.
El próximo examen para ver si la economía española marcha bien será dentro de un año, antes del verano de 2020, cuando la nueva Comisión Europea presente sus recomendaciones específicas a los diferentes países. Veremos qué nota saca España entonces.
