Una experta en patrimonio lanza su pronóstico sobre el plan de Colombia para quedarse el tesoro del barco español

Periódicamente, vuelven a emerger las informaciones sobre los tira y afloja entre los Gobiernos de Colombia y España a razón de uno de los pecios más codiciados de la historia. El naufragio del galeón español San José y su cargamento perdido en el fondo del mar, presumiblemente conformado por oro, joyas, pequeños utensilios de la época y objetos de incalculable valor como los cañones o armas que portaba en su interior.

Dicho navío perteneciente a la corona española fue hundido por piratas ingleses frente a las costas de Cartagena de Indias (Colombia) en junio de 1708. Mientras que Madrid y Bogotá afrontar un conflicto por la gestión y propiedad del galeón español en aguas colombianas, este último ejecutivo mantiene un litigio internacional abierto, en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con la empresa estadounidense Sea Search Armada.

Con este telón jurídico y de relaciones internacionales de fondo, una experta ha analizado y evaluado los pasos y movimientos que ha dado el Gobierno colombiano en la materia para una entrevista con El País. Se trata de la experta en patrimonio Marlène Losier, abogada especializada en derechos de propiedad de pecios de la Segunda Guerra Mundial.

"Creo que [la estrategia de Colombia] ha sido tan eficaz como ambigua"

A juicio de la experta en patrimonio, la estrategia que ha venido protagonizando Colombia en lo referente a la legislación y protección patrimonial, de cara a posibles efectos en asuntos similares a los del galeón hundido en Cartagena de Indias, hay una de cal y otra de arena. "Creo que ha sido tan eficaz como ambigua", ha valorado, para recordar que "el país no firmó la convención de patrimonio de la UNESCO en 2001 ni la del Derecho del Mar de 1982". 

De ahí que "eso le ha permitido servirse del marco conceptual de la UNESCO, sin adherir al tratado, para trazar sus políticas, crear una zona jurisdiccional submarina en torno al lugar de la embarcación y proteger el pecio de nuevas exploraciones". Además, Marlène Losier también señala que "Colombia sostiene que no considera el cargamento como un tesoro y que no tiene valor monetario, pero, al mismo tiempo, ya adelanta su recuperación parcial".

En este sentido, la abogada opina que "el Estado colombiano ha sostenido que dentro de su soberanía tiene el derecho de elegir qué enfoque legal le conviene más", lo que "es un punto inobjetable", pero "ahora hay que esperar cómo evoluciona la disputa ante la Corte de Arbitramento de La Haya con la empresa SeaSearch, que desde 1981 asegura haber encontrado la ubicación del botín".

La especialista en patrimonio prevé que "del laudo en esta jurisprudencia dependerá el futuro de otros casos más difíciles, como las embarcaciones de guerra hundidas con restos humanos y secretos de Estado durante la Segunda Guerra Mundial. O, incluso, los navíos esclavistas naufragados durante la colonia".

Asimismo, Losier pone el foco en otro asunto clave, qué saldrá de todo esto en el futuro una vez se vaya sentando jurisprudencia. "Uno de los problemas centrales de la controversia es que en los últimos años ha quedado claro que las normas internacionales no resolvieron bien la diferencia entre objetos culturales subacuáticos, como las estatuas o las vasijas de cerámica, con respecto a otros que, en mi opinión, son materias primas", desgrana la abogada.

"Cuando hablas de metales preciosos como oro o plata, estás hablando de materias primas, las tengas bajo la almohada, en un galeón hundido o en la bodega de un banco. Ningún país quiere dejar esos objetos in situ como lo estipula la convención de 2001", subraya, anotando que "se trata, además, de un vacío legal porque en el caso de las embarcaciones coloniales". A modo de ejemplo, apunta que "es muy difícil establecer a quién pertenecen objetos de oro que no han sido convertidos en monedas u otros artefactos moldeados".