¿Qué pasa en Sudán? Las claves del estallido de violencia que amenaza con guerra civil
La lucha entre dos generales, que representan a los militares y la milicia que hasta ahora llevaban juntos el país, ha causado ya casi 150 muertos.
El pasado 15 de abril se iniciaron en Sudán unos enfrentamientos que han costado la vida ya a casi 200 personas y heridas a 1.800, según fuentes médicas del país citadas por la Agencia EFE. No nacen de la nada: los choques se producen tras semanas de tensiones entre el Ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), peleados por la reforma de las fuerzas de seguridad durante las negociaciones para un nuevo Gobierno de transición.
La situación es tan tensa que se teme que sea el inicio de una guerra civil. Por eso, la comunidad internacional está reclamando un alto el fuego y diálogo entre las partes, a las que ha llamado hasta el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la raíz del conflicto? ¿En qué puede desembocar?
Sudán es lo que suele decirse un polvorín, un país sacudido por la violencia. Se encuentra en el noreste de África y es uno de los países más grandes del continente, con una superficie de 1,9 millones de kilómetros cuadrados. También, uno de los países más pobres del mundo, con 46 millones de habitantes que viven con un ingreso anual promedio de 750 dólares (683 euros al cambio) por persona. La población de Sudán es predominantemente musulmana y los idiomas oficiales del país son el árabe y el inglés.
Sobre este territorio se vienen produciendo altercados graves desde el derrocamiento del presidente Omar al Bashir en 2019. Entonces, se produjeron grandes protestas callejeras que pedían el fin del Gobierno de casi tres décadas de este político y militar y el Ejército acabó dando un golpe para deshacerse de él. Los civiles continuaron haciendo campaña por el regreso a un Gobierno democrático: querían que Al Bashir se fuera, pero no querían otra bota de hierro.
Luego se estableció un gobierno conjunto militar-civil, pero fue derrocado en otro golpe en octubre de 2021: un grupo de militares arrestó al primer ministro, Abdalá Hamdok, que se negó a apoyarlos. Estaba al cargo, junto a sus ministros, asumiendo una transición tras otra tentativa de golpe que ya se produjo el 21 de septiembre del mismo año. Estuvo en paradero desconocido, volvió al cargo, fue apartado... y en la práctica el país ha sido dirigido desde entonces por un consejo de generales, encabezado por los dos militares que son los que están en el centro de esta disputa: Abdel Fattah al-Burhan, el jefe de las Fuerzas Armadas y, de facto, presidente del país, y su adjunto y líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido por su apodo, Hemedti.
Hasta ahora, juntos han ido llevando el timón, pero socios no quiere decir iguales y las tensiones han sido constantes. No han estado de acuerdo sobre la dirección que está tomando el país y el movimiento propuesto hacia un gobierno civil, por lo que su pelea se ha intensificado. Los principales puntos conflictivos son los planes para incluir a las RSF -de 100.000 efectivos- en el Ejército ordinario y quién lideraría la nueva fuerza resultante. Al final, siempre es una lucha por el poder.
Lo que ha cambiado respecto a estos dos años, lo que ha elevado finalmente la tensión, ha sido que las milicias RSF fueron redistribuidas por todo el país la semana pasada, en un movimiento que el Ejército vio como una amenaza a la estabilidad interna. Había alguna esperanza de que las conversaciones pudieran resolver la situación, pero no ha sido así. En diciembre pasado se acordó un acuerdo marco para devolver el poder a los civiles, pero las conversaciones para ultimar los detalles han fracasado y varios organismos internacionales, entre ellos la ONU, han intentado mediar, sin éxito entre las partes. Ahora, esto.
Ha habido diferencias a la hora de llevar las cosas: el general Dagalo ha dicho que el golpe de 2021 fue un error y ha tratado de presentarse a sí mismo y a las RSF como del lado del pueblo, contra las élites de la capital, la savia nueva. Tiene apoyos, pero relativos, porque a parte de la población le cuesta creerse el mensaje, dado el historial brutal de los paras. Y es que el grupo paramilitar nació de las milicias Yanyawid (Janjaweed), acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de tintes étnicos de Darfur (entre los años 2003 y 2008), que segó más de 300.000 vidas y obligó al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Mientras tanto, el general Burhan ha dicho que el ejército solo entregará el poder por completo a un Gobierno electo, dejando de lado aún más a los representantes civiles que se espera sean parte de un acuerdo para compartir el poder. Y por encima de esto están las rencillas personales: hay sospechas de que tanto los militares como sus partidarios están preocupados por lo que podría pasar con su riqueza e influencia si son destituidos de sus posiciones de poder.
"No se sabe quién disparó el primer tiro el sábado por la mañana", reconoce la BBC, en busca de quién lanzó la primera piedra, pero todos se culpan de ello. Desde entonces, los enfrentamientos se han intensificado en diferentes partes del país.
El desarrollo del conflicto
Aunque el conflicto parece estar relacionado con el control de instalaciones clave, sobre todo de seguridad y defensa, gran parte de los choques están ocurriendo en áreas urbanas y los civiles se han convertido en víctimas involuntarias. Los efectos colaterales de costumbre. La Inteligencia norteamericana cree que las bases de las RSF, que nadie sabe exactamente dónde se ubican, estarían ahora en áreas densamente pobladas y de ahí el tipo de combate y el tipo de bajas de estos días.
Está en disputa, por ejemplo, el aeropuerto internacional de la capital -que suspendió sus operaciones el mismo sábado-, además de la sede de la Comandancia de Operaciones del Ejército, el Palacio Presidencial y otras bases militares.
La fuerza aérea sudanesa, que tiene poderío para hacerlo, ha acometido ataques aéreos en Jartún, la capital con de más de seis millones de habitantes, que probablemente hayan provocado bajas civiles, pero cuyo alcance real se desconoce. Hay muy poca prensa internacional en la zona y muy poca local independiente, porque de hecho ha sido una de las dianas de los ataques: hay aún 17 informadores de la agencia de noticias sudanesa SUNA encerrados en las oficinas del medio y, tras casi 72 horas enterrados, acaban de ser liberados los casi 50 de la Corporación de Radio y Televisión, que fue tomada inicialmente por los paramilitares, que llegaron a cortar la emisión, y ya está de nuevo en manos del Ejército.
Hubo una breve pausa en la lucha el domingo, acordada por ambas partes, para permitir que los civiles escaparan de la lucha, pero tampoco es sencillo en un país con pocos recursos. El enviado especial de Naciones Unidas en Sudán, el alemán Volker Perthes, dijo ayer visiblemente exhausto que la situación en el país es muy inestable y es difícil predecir hacia qué lado se decantará la balanza, puesto que el Ejército y las FAR se han enfrentado de manera "casi ininterrumpida" durante estos tres días. Hasta las oficinas y almacenes del Programa Mundial de Alimentos, Unicef y de otras agencias de la ONU "han estado en el fuego cruzado, han sido saqueadas y destruidas", algo que calificó de una "gran transgresión".
El cierre de las carreteras y la peligrosidad de moverse por las calles han provocado que los profesionales de la salud no puedan desplazarse hasta los hospitales, que han alertado de una falta de personal importante que les impide operar en condiciones. Asimismo, estos centros también sufren de la escasez de todo tipo de suministros médicos, medicamentos, bolsas de transfusión de sangre e incluso de soluciones intravenosas, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes que necesitan atención urgente.
De hecho, fuentes médicas afirmaron a EFE que "decenas de pacientes" que fallecieron en los últimos días en hospitales de Jartún no han podido ser evacuados y permanecen en la instalación, junto con otros enfermos y heridos que no pueden salir o trasladarse a lugares más seguros.