Cuando Bruselas le vio las orejas al campo: ¿qué hay detrás de las protestas en Europa?

En términos de movilización y protesta suele surgir aquello de "podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera". Pero hay otra creencia en el campo por la que acostumbra a decirse que cuando asoma el primer brote, que el resto vea la luz es solo cuestión de tiempo. Bruselas ha amanecido este jueves con una mezcla entre ambas. 

En plena celebración de la cumbre de los 27 líderes de la Unión Europea, un millar de tractores de trabajadores europeos de distintos países -fundamentalmente, Bélgica y Francia, pero con representantes de distintos Estados- han rugido para que se escuchen sus demandas en los despachos donde se toman las decisiones que les afectan al dictado de cada nueva revisión de la Política Agraria Común (PAC). 

Los bloqueos de carreteras con vehículos pesados, las barricadas en llamas, los lanzamientos de botes de humo, piedras y hasta tomates, que son respondidos con cañones de agua, han llegado al corazón del barrio europeo, a pie de la sede bruselense del Europarlamento. 

Más allá de las imágenes impactantes que dejan las protestas, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué reclaman, por qué ahora y hasta que punto se ha movido Bruselas? Estas son las claves para comprender que este conflicto ya llevaba tiempo sembrado y ahora solo se recoge lo cosechado.

¿De dónde viene el malestar del campo?, ¿es un efecto contagio?

Cuando saltaron a titulares las primeras informaciones sobre los ataques que estaban viviendo camioneros españoles por parte de piquetes conformado por agricultores franceses que protestaban por la situación del sector galo bloqueando carreteras y quemando la carga de transportistas, uno podría caer en el error de que este ha sido el punto de partida de lo que ha ocurrido esta jornada en la capital belga o que se trata de un conflicto entre dos países.

La realidad es que la movilización que ha llegado a cercar París ha sido solo la prendida de una mecha que dibuja un recorrido de malestar muy largo. De hecho, las escenas de bloqueo de vías de comunicación ya se habían vivido en la pasada primavera, pero en una Polonia que veía cómo la solidaridad europea con Ucrania le pasaba factura a su economía. A mediado del pasado enero, Alemania daba el pistoletazo cuando miles de tractores se plantaron ante la icónica Puerta de Brandeburgo (Berlín) para clamar ante el fin de los subsidios al diésel.

Aquella primera advertencia polaca quedó difuminada como una suerte de reacción enmarcada en las informaciones relacionadas con la invasión rusa, quizás más pendientes del seguimiento de cuestiones como si los agricultores dejaban cruzar la frontera a autobuses y camiones con ayuda humanitaria y equipamiento militar que de la propia raíz del conflicto. Pero este tenía mucho más trasfondo económico que político. 

La realidad es que no existe una única realidad que afecte de forma homogénea a los agricultores y ganaderos de los países que registran movilizaciones de este sector o han llamado a ellas, si bien es cierto que sí comparten algunos retos y amenazas. La espiral inflacionista que ha supuesto vaivenes con incrementos vertiginosos de los precios de sus productos tras el regreso de la guerra al Viejo Continente -que no de los precios en origen-, es uno de esos problemas comunes. Sobre todo en el alza del coste de la energía, que se traduce en el aumento del coste de producción para el agricultor.

Pero también es necesario entender que hablamos de una actividad profesional que viene de sufrir los peores registros de sequía y estrés hídrico de la historia de Europa -en realidad, una dinámica a escala mundial-, con un 2023 considerado el más cálido desde que existen registros. Y sin visos de que este complejo escenario climático vaya a desaparecer por arte de magia. 

Los otros ingredientes que completan este mapa europeo se dividen en distintas casuísticas que afectan a los agricultores de cada país -o varios-. Una cuestión que va desde críticas a recortes de ayudas estatales al combustible a temores ante la firma de nuevos acuerdos comerciales con terceros países o la implementación de nuevas normativas relacionadas con la transición energética, catalogadas como una excesiva burocracia.

También entra en juego una legislación comunitaria con socios comerciales de la UE que es denunciada como laxa desde el sector levantado, ante lo que consideran como una doble vara de medir respecto a los requisitos que se exigen a los Veintisiete en materia de obligaciones de trazabilidad y etiquetado, pero también ambientales o fitosanitarias.

¿Por qué estallan en este momento las protestas?

En este cruce de coincidencias y amenazas compartidas hay un elemento común que permite entender por qué las protestas estallan ahora con este nivel de intensidad. Cobran fuerza en un comienzo de 2024 en el que en los despachos de Bruselas tienen los calendarios con el mes de junio marcado en rojo. 

A nadie se le escapa que los ciudadanos de la vasta Unión Europea tendrán que pasar por las urnas en menos de medio año. Unos comicios en los que los sondeos apuntan hacia una subida importante de las formaciones ultra y de extrema derecha. Por cierto, partidos de un espectro político que acostumbra a capitalizar -y rentabilizar en votos- las protestas desde el campo.

Si ese es el gran telón de fondo del recrudecimiento de este tipo de protestas, lo que ha estallado hoy en Bruselas tampoco es casual. La cumbre europea conformaba la oportunidad de brindar un gran altavoz a estas movilizaciones, al dar pie a una poderosa imagen. La del fuego, el humo y el enfrentamiento en las calles por las que desfilaron los líderes de los Veintisiete antes de que fuese a tomarse una decisión clave que afectará a la economía europea los próximos cuatro años.

Pero la clave de la jornada también tenía mucho que ver con Ucrania. Con la incógnita de qué haría finalmente la Hungría de Viktor Orban -el mandatario europeo más afín a la Rusia de Vladímir Putin-, el plato fuerte de esta cumbre pasaba por lograr sortear el último obstáculo a la concesión de la ayuda comunitaria al país invadido. En cifras, 50.000 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años. Las dudas se disiparon en apenas minutos tras el inicio del encuentro, con el mensaje del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciando que Orban daba su brazo a torcer.

Pero igual que con lo ocurrido el año pasado con los transportistas polacos, la ayuda a Ucrania levanta recelos en segmentos del sector agrícola europeo, considerando que las facilidades a la exportación de sus productos chocan con los intereses domésticos en cada país. Precisamente, molesta la prórroga de la exención de aranceles a la importación de grano ucraniano. Una cuestión controvertida y complicada, puesto que Ucrania no es solo el gran granero europeo, la economía mundial depende de sus cereales y cada vez que Rusia amenaza con bloqueo marítimo, hasta África tiembla ante la posibilidad de que surjan o se agraven hambrunas ante la escasez de alimento. 

Entonces, ¿qué reclaman los agricultores de cada país?

Una vez expuestos los puntos comunes, toca hacer radiografía de cada país y, por tanto, de cada interés en un contexto en el que la friolera de once países de la UE han visto cómo, entre 2022 y 2023, el precio al que venden los productores ha sufrido una merma del 10%, según recoge en un minucioso análisis el medio Politico. El otro gran dato es que solo dos países de los Veintisiete registraron un aumento de los ingresos por venta, Grecia y Chipre, pero por una suerte de carambola, la de una mayor comercialización de aceite de oliva al ocupar el espacio dejado por España o Italia.

Así, el ecosistema de demandas presenta a un campo francés que clama contra la "competencia desleal", pero no solo entre socios comunitarios, como se vio con España, sino contra terceros países. Por ejemplo, las denuncias de dumping o de menores requisitos para la importación desde otros estados se halla en las demandas de asociaciones agrícolas de Francia, Bélgica, Italia, Polonia, Rumanía, Lituania y España. Pero con matices. En el caso polaco, rumano y galo se circunscribe a la situación con Ucrania -Francia también teme la firma del tratado comercial con el Mercosur-, pero en el caso lituano el problema es con los productos rusos.

Si hablamos de los altos costes de la energía, el fin o los recortes de las ayudas al diésel -numerosa maquinaria emplea gasóleo agrícola para los distintos procesos- han hecho saltar las alarmas no sólo en Alemania. También en Francia, Bélgica o Italia. Otras viejas reivindicaciones también forman parte de las reclamaciones de trabajadores franceses, belgas y lituanos, como los bajos precios a los que compran las cadenas de distribución -supermercados- el producto en origen. 

Y cuando se denuncia una excesiva burocracia desde Francia, Bélgica o Polonia se apuntan a medidas comunitarias como la obligación de dejar en barbecho -tiempo de espera sin cultivar para que la tierra recupere nutrientes- una determinada extensión de terreno de cultivo. También la pionera Ley de Restauración de la Naturaleza está en el punto de mira ante posibles futuras reducciones de la superficie cultivable. Y cuando se habla de burocracia, también se denuncia lentitud desde Rumanía, Francia y Bélgica a la hora de recibir los pagos de las ayudas de la PAC.

¿Cuál es la postura del campo español?

Lo cierto es que las organizaciones agrarias mayoritarias en España (Asaja, UPA y COAG) no se sumaron al carro de las protestas a última hora. Ya venían gestándose desde el pasado mes y en los últimos años las tractoradas ya habían desfilado ante las cariátides de la fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mientras estas organizaciones ultiman el calendario de la que será una batería de movilizaciones que comenzará a nivel autonómico, ya han visto cómo lograban respuesta a su primera solicitud, una encuentro con el ministro Luis Planas que tendrá lugar este viernes. 

¿Qué le trasladarán a Planas? Soluciones "inmediatas" para una amalgama de problemas que comprende muchas de las cuestiones de sus homólogos europeos. Desde la situación con la sequía -en este punto es donde han conseguido mejor respuesta del Gobierno en la anterior legislatura- a la situación arancelaria con Ucrania, pero también esa mayor flexibilidad burocrática y simplificación de la PAC.

Con todo, si hay algo que preocupa especialmente a los convocantes de las movilizaciones en España es que se firme el acuerdo con Mercosur -por cierto, una de las iniciativas estrella que impulsó la Presidencia española de turno en la UE-, pero también con otros países. Concretamente, reclaman la paralización de las negociaciones con la organización sudamericana que engloba a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay -Venezuela está suspendida-, pero además que no se ratifique el acuerdo con Nueva Zelanda y que se frenen el diálogo con Chile, Kenia, México, India y Australia.

¿Está surtiendo efecto la presión?, ¿dónde está dispuesta a ceder Bruselas?

Sí. El hecho de que un millar de tractores tomen el corazón de la capital belga o francesa ha funcionado como un elemento de presión exitoso. El mayor pulso lo protagonizan, sin duda, los franceses que, después de acorralar al presidente Emmanuelle Macron para que llevase a la mesa de la cumbre europea las reivindicaciones del campo, este jueves vieron cómo el primer ministro, Gabriel Attal, concretaba nuevas medidas en respuesta a sus exigencias. 

Attal aseguró que Francia va a impedir la importación de alimentos procedentes del exterior de la Unión Europea y que hayan sido tratados con pesticidas u otros productos fitosanitarios prohibidos por la legislación europea. Habrá lo que ha denominado como una "cláusula de salvaguarda" para el tiacloprid -pesticida prohibido en 2020 por su impacto en las abejas- y trabajarán por imponer esta hoja de ruta en toda la UE. Mas no solo eso. 

París ya había adelantado que no ratificará el acuerdo con Mercosur, pero esta mañana ha puesto en el objetivo trabajar para que la Unión negocie e introduzca cláusulas de reciprocidad en los acuerdos con otros bloques económicos para que no hay diferencias de normativas sanitarias o de condiciones laborales -con la explotación de campesinos de países pobres en el foco- con los productos que llegan de esos terceros países. Y ha prometido proponer a la futura Comisión Europea crear "una fuerza europea de control" para facilitar el compartir información e investigaciones entre los agentes antifraude de cada país.

La otra gran pata de lo que ya han conquistado los manifestantes franceses tiene que ver con el control en la cadena de distribución. Medidas que podrían acarrear importantes sanciones si son incumplidas. Por ejemplo, se duplicarán los controles a los industriales y a los grupos de distribución para verificar que se cumple la ley que establece un precio mínimo y no tengan que acabar en situaciones en las que venden su producto sin llegar a cubrir el coste de producción. Incluidos los productos que se venden fuera de Francia, como en España. 

Se exponen a multas del 2% de su facturación -no concretó si afectaría fuera del territorio francés-. Sin embargo, en el caso de que se detecte que se ha vendido un producto de procedencia extranjera como si fuera francés, esa sanción podría irse hasta el 10%. En el plano de la fruta, se lanzarán exoneraciones fiscales para la contratación de trabajadores temporeros. Es decir, reducciones de impuestos que supongan un alivio económico en ese sector concreto.

Con todo, eso es solo el terremoto que ha causado en Francia. La Comisión Europea también ha tenido que reaccionar en los últimos días. La principal concesión ha sido la de derogar durante un año la cuestión del barbecho, esa obligación de no destinar el 4% del terreno agrícola no se destine al uso productivo. Los agricultores podrán sortearlo a cambio de plantar un 7% de los denominados cultivos reparadores.

El otro gran cambio al que ha accedido Bruselas tiene que ver con la citada prórroga de exención de aranceles a Ucrania y Moldavia. Se ha introducido un cambio en ese acuerdo, incorporando un mecanismo de salvaguarda en el caso de que se identifique que dichas importaciones estén distorsionando el mercado de uno o más socios de los Veintisiete.