Perú libera a casi la totalidad de las 200 personas detenidas en el campus universitario de Lima
Manifestantes peruanos queman un segundo puesto fronterizo con Bolivia. En Arequipa, en el sur del país, hubo enfrentamientos en una comisaría en La Joya.
La Fiscalía de Perú ha dispuesto la liberación de 192 personas que fueron detenidas este fin de semana durante el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.
"Culminadas las diligencias en las sedes policiales y recibido el informe policial correspondiente, el fiscal provincial penal ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una personas detenida por tener requesitoria", reza un comunicado.
El Ministerio Público ha indicado que se ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio --usurpación agravada y daños-- en agravio de la mencionada universidad.
Horas antes, la Defensoría del Pueblo había pedido "resolver oportunamente (el) habeas corpues de las personas detenidas en la UNMSM, en especial mujeres, personas adultas mayores y otras en situación de vulnerabilidad".
Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) había exigido a la Policía aclarar la situación jurídica de los detenidos en la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. "Nada justifica que las personas sigan detenidas en las instalaciones de la Policía", ha apuntado.
Organismos como Amnistía Internacional ha condenado el "uso desproporcionado de la fuerza" y respeto a los Derechos Humanos. "El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibicion de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos", ha recordado el organismo internacional.
Queman un puesto fronterizo en Bolivia
Manifestantes antigubernamentales peruanos quemaron este domingo un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes públicas, en el sureño departamento de Puno, el segundo incendiado en los últimos tres días, confirmó la Defensoría del Pueblo en su reporte diario.
La institución informó que manifestantes prendieron juego a una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y a un puesto de migraciones en Yunguyo, localidad situada a un par de kilómetros de Bolivia.
Además, protestantes incendiaron oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y de la Policía Nacional. Este viernes, también manifestantes antigubernamentales atacaron e incendiaron el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Desaguadero, un centro aduanero ubicado en el departamento de peruano de Puno, en la frontera con Bolivia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"El Gobierno peruano expresa su más firme rechazo y condena a los actos delincuenciales que produjeron el incendio del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Desaguadero, frontera con Bolivia. Estas acciones no se condicen con el derecho a la protesta pacífica", denunció la Cancillería en Twitter.
La cartera afirmó que la afectación del puesto aduanero "perjudica el comercio bilateral con Bolivia" y "atenta contra la economía de miles de familias puneñas".
Otros disturbios en el sur de Perú
En Arequipa, en el sur del país, este domingo hubo enfrentamientos en una comisaría en la localidad de La Joya, informó la Defensoría del Pueblo en el reporte.
Vídeos difundidos en medios locales y redes sociales mostraron como agentes usaron gases lacrimógenos para disuadir a manifestantes, tras el lanzamiento de piedras al interior de la sede policial por parte de estos.
Durante este domingo se han registrado, según la institución, 78 puntos de bloqueo en vías nacionales distribuidos en 23 provincias, la mayoría en el sur. También se han desarrollado concentraciones y movilizaciones en siete provincias: Andahuaylas, Chincheros, Acobamba, Huancavelica, Lima, Carabaya y Yunguyo.
Desde que comenzaron las protestas contra Dina Boluarte a principios de diciembre y que piden el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y adelanto de elecciones, 62 personas han fallecido en enfrentamientos y en sucesos ligados a las marchas.
